Según información proporcionada a Amnistía Internacional, Husham Ali Mohammad Ali, ciudadano sudanés de 46 años, fue detenido en su apartamento, en Yidda, en el oeste de Arabia Saudí, por agentes de la Seguridad General del Ministerio del Interior el 18 de noviembre de 2017. Los agentes registraron su habitación y le confiscaron los aparatos electrónicos que tenía, incluidos un ordenador portátil, teléfonos, CD y dispositivos de memoria. No presentaron ninguna orden detención ni de registro.

Husham Ali permaneció recluido en régimen de incomunicación desde el momento de su detención hasta principios de enero, cuando lo trasladaron a una celda con otros detenidos. Durante ese tiempo fue interrogado múltiples veces a cerca de su activismo, y los funcionarios de la prisión le informaron de que había sido detenido por orden de las autoridades sudanesas. El 6 de marzo de 2018, lo trasladaron de la prisión de Dhaban al centro de detención de Al Shumaisi, centro de inmigración situado a las afueras de Yidda donde le tomaron las huellas dactilares, lo que hace temer que corra riesgo inminente de deportación.

Husham Ali trabajaba de contable por cuenta propia en Arabia Saudí, donde reside desde 2010. Activista de la oposición en Sudán durante muchos años, tras mudarse a Arabia Saudí continuó colaborando con varios foros de Internet y prestaba también a apoyo a varias organizaciones benéficas de Sudán. Tras la represión de la sociedad civil de Sudán ejercida por el gobierno sudanés en 2013, se volvió más activo en Internet, y ha publicado varios comentarios y artículos para denunciar la corrupción del gobierno. También ha publicado información sobre la tortura bajo custodia en Sudán, y en su página de Facebook expresó su apoyo a los actos de desobediencia civil de Sudán de noviembre y diciembre de 2016.

Si es deportado, existe un riesgo real de que sea sometido a tortura y otros malos tratos por las autoridades sudanesas. Amnistía Internacional ha documento anteriormente la tortura y los malos tratos a que son sometidos los activistas sudaneses deportados de Arabia Saudí a Sudán.

Escriban inmediatamente en árabe, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

- dejar a Husham Ali Mohammad en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión;

- garantizar que, de acuerdo con las obligaciones que les impone el derecho internacional, no van a deportarlo a Sudán, donde corre un riesgo real de ser sometido a un juicio injusto y a tortura y otros malos tratos.

Envíen llamamientos antes del 6 de mayo de 2018 a:

Amnistía Internacional documentó en 2016 y 2017 la detención de tres activistas sudaneses residentes en Arabia Saudí: Elgassim Mohammed Seed Ahmed, de 52 años, y Elwaleed Imam Hassan Taha, de 44, y Alaa Aldin al-Difana. Los tres habían sido detenidos en Arabia Saudí en diciembre de 2016 por su apoyo a la acción de desobediencia civil de Sudán de noviembre y diciembre de 2016. Deportados de Arabia Saudí el 11 de julio 2017, fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) de Sudán a su llegada allí. Estando recluidos en la jefatura del NISS en Jartum Norte, dijeron a Amnistía Internacional que habían sido sometidos a tortura y otros malos tratos bajo custodia. El NISS dejó a Elwaleed Imam Hassan Taha y Alaa Aldin al-Difana en libertad sin cargos el 22 de agosto de 2017. Elgassim Mohamed Seed Ahmed continuó detenido hasta el 3 de octubre de 2017, cuando fue puesto también en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional ha documentado también decenas de casos y recibido numerosos informes de represión ejercida por el NISS contra las actividades de activistas políticos contrarios al gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil. Entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, el NISS detuvo a decenas de miembros de partidos políticos de oposición y otros activistas partidarios de la acción de desobediencia civil llevada a cabo en noviembre y diciembre de 2016 para protestar por el aumento del precio del combustible, la electricidad, el transporte, los alimentos y las medicinas en Sudán. Las personas detenidas fueron sometidas a varios métodos de tortura y otros malos tratos, como aplicación de descargas eléctricas, golpes, azotes, reclusión en régimen de aislamiento y presión psicológica severa, incluidas amenazas de violación durante los interrogatorios. En muchos casos, los activistas detenidos estuvieron recluidos durante semanas o meses sin ser acusados formalmente de ningún delito.

El NISS conserva las amplias atribuciones de detención que le otorga la Ley de Seguridad Nacional de 2010, que le permiten mantener recluidas a personas sospechosas hasta cuatro meses y medio sin revisión judicial. En virtud de esa misma ley, los agentes del NISS tienen inmunidad judicial por cualquier acto cometido en el desempeño de su trabajo, lo que ha generado una cultura de impunidad generalizada.

En virtud del principio de no devolución (non-refoulement), Arabia Saudí tiene prohibido trasladar a personas a cualquier país o jurisdicción donde corran un riesgo real de sufrir abusos o violaciones graves de derechos humanos. Este principio tiene la condición de norma de derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, incluso si no han ratificado los tratados pertinentes. Como Estado Parte en la Convención contra la Tortura, Arabia Saudí tiene también prohibido devolver a personas a Estados donde haya razones fundadas para creer que estarán expuestas a sufrir tortura.

Índice: MDE 23/8078/2018