La patologización de las identidades trans y la creencia asociada de que ser transgénero es en cierto modo un trastorno continúan muy arraigadas. El número de países en que las personas transgénero deben someterse a tratamiento médico o psicológico para cambiar legalmente su identidad de género es aún muy elevado.

El 31 de marzo, activistas de todo el mundo celebraron el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, jornada en que todo el mundo está llamado a mostrar su apoyo a las personas y activistas trans. Bajo el liderazgo de grupos de activistas como el estadounidense Recursos Educativos para Estudiantes Trans (Trans Student Education Resources, TSER), este año la jornada gira en torno al mensaje de que las personas trans no sólo están logrando sobrevivir en un clima de transfobia, sino que también están consiguiendo cambiar las cosas.

Si bien a lo largo del año hay cientos de días de conmemoración de cuestiones importantes que compiten por nuestra atención, nunca se hará suficiente hincapié en la importancia del Día de la Visibilidad Transgénero. Sabemos que las personas transgénero sufren intimidación, violencia y discriminación de forma desproporcionada. Sólo en Reino Unido, más de un tercio de las personas trans han denunciado haber sido objeto de crímenes de odio en 2017.

Por eso la visibilidad de las personas transgénero y sus historias son tan importantes y, afortunadamente, están empezando a importar. Como la actriz Laverne Cox contó a la revista TIME, “en este momento cada vez son más las personas trans que desean dar un paso adelante y decir: ‘Esto es lo que soy’”.

Este cambio se está produciendo gracias al incansable trabajo de campaña de activistas transgénero que se niegan a que se les margine y a que se silencien sus voces. Así, en los últimos años, países de toda Europa han comenzado a comprender que su enfoque en materia de género es problemático y está basado en estereotipos.

Puede que una persona no se identifique necesariamente con el género que le asignaron al nacer —o con el modelo binario de género de hombre o mujer—, lo que de ninguna manera significa que deba someterse a ningún tipo de tratamiento médico o psiquiátrico para validar su identidad. El enfoque actual está teniendo consecuencias extremadamente dañinas para la salud y el bienestar de las personas transgénero.

En varios países de Europa, uno de los cambios clave en el que los y las activistas han volcado sus esfuerzos es el reconocimiento legal de la identidad de género, es decir, que el Estado reconozca la identidad de género real de las personas trans y la refleje en sus documentos de identidad. En muchos países en los que sí existe un procedimiento de reconocimiento legal de la identidad de género, éste suele ser degradante y exige que quien lo solicita se someta a una evaluación psiquiátrica en la que afirme tener un “trastorno mental” y a una esterilización irreversible. Esto es sencillamente escandaloso; el Estado no tiene derecho a controlar el cuerpo y la identidad de las personas.

Durante la mayor parte de su vida, Jeanette Solstad Remø, mujer transgénero noruega, no logró obtener el reconocimiento legal de su identidad de género porque se negó a cumplir estos requisitos deshumanizadores. Como consecuencia, no fue reconocida como mujer en sus documentos oficiales, experiencia humillante que la obligaba a dar explicaciones sobre su identidad de género de forma habitual.

Remø y muchas otras personas que hacen campaña en favor de los derechos de las personas trans trabajaron durante años para lograr cambiar esta ley. En 2016 lo lograron. El gobierno noruego adoptó legislación histórica que permite a las personas determinar ellas mismas su género sin tener que someterse a ningún requisito obligatorio como la esterilización.

“Estoy viviendo los mejores años de mi vida”, dice Jeanette. “Es maravilloso tener la posibilidad de vivir mi vida siendo la persona que soy.” Y dice que no es la única. Desde que se adoptó la ley, más de 800 personas han ejercido su derecho a la autodeterminación de la identidad de género.

En Irlanda, donde no existía ningún procedimiento que permitiese a una persona cambiar legalmente su género, en 2015 se adoptaron cambios similares. Aunque la nueva ley aún requiere mejoras para incluir a las personas menores de edad y las no binarias, Sara R. Phillips, presidenta de la Red Irlandesa por la Igualdad de las Personas Transgénero (Transgender Equality Network Ireland, TENI), afirma que no se debe subestimar su importancia: “Fomenta la dignidad y el respeto. La aprobación de la ley envía un mensaje claro al reconocer que somos ciudadanxs iguales y apreciadxs”.

En Dinamacar, Malta y Grecia también se han logrado avances jurídicos de gran trascendencia.  y Portugal podría ser el próximo país en eliminar el diagnóstico de salud mental como criterio de obligado cumplimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género.

Pero estos cambios jurídicos continúan siendo la excepción y no la norma. La patologización de las identidades trans y la creencia asociada de que ser transgénero es en cierto modo un trastorno continúan muy arraigadas. El número de países en que las personas transgénero deben someterse a tratamiento médico o psicológico para cambiar legalmente su identidad de género es aún muy elevado.

“Obligar a alguien a tomar esta decisión es atribuirle una categoría inferior a la de ser humano”, afirma Sakris Kupila, estudiante de medicina de 21 años y activista de derechos humanos que lucha por la reforma de la arcaica legislación finlandesa sobre el género. Para quienes no quieren someterse a este procedimiento, la “alternativa es vivir su vida en un limbo”, escribe Sakris. Sin reforma, las personas trans se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica y no son reconocidas por nuestras instituciones como quienes realmente son.

Pero el movimiento por los derechos de las personas trans no está dispuesto a seguir esperando. Cada vez son más las personas que comprenden que la visión del género de los Estados está desfasada, y lo mismo deberían hacer quienes legislan.

Créditos: Lesly Lila, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre género, sexualidad e identidad.