El asesinato de Javier Bernardo tuvo lugar justo nueve meses después del asesinato, en junio de 2017, de su padre, Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de las víctimas que forman la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Estos nuevos asesinatos se produjeron unas semanas después de las audiencias judiciales celebradas para presentar cargos contra los autores de aquel crimen, y hay indicios sobre los autores intelectuales de este nuevo delito

Amnistía Internacional condena el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortiz, hijo de Bernardo Cuero Bravo, cometido el 19 de marzo de 2018 en la ciudad de Tumaco, en el sur de Colombia. El hermano de Javier Bernardo, Silvio Dubán Ortiz, también murió en el mismo suceso.

Javier Bernardo y su familia estaban sentados ante el comercio de un pariente cuando dos individuos no identificados se les acercaron en una motocicleta y dispararon directamente contra ellos: mataron a los dos hermanos e hirieron a otra persona. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los asesinos apuntaron directamente a los familiares de Cuero, una señal de que se trataba de un ataque planificado y de que el resto de la familia podría seguir en peligro.

El asesinato de Javier Bernardo tuvo lugar justo nueve meses después del asesinato, en junio de 2017, de su padre, Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de las víctimas que forman la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Estos nuevos asesinatos se produjeron unas semanas después de las audiencias judiciales celebradas para presentar cargos contra los autores de aquel crimen, y hay indicios sobre los autores intelectuales de este nuevo delito.

Bernardo Cuero pidió en numerosas ocasiones al Estado colombiano medidas de protección para él y para su familia. Sin embargo, esas medidas se le negaron.

La vulnerabilidad y la falta de protección a las que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias en Colombia han alcanzado un punto crítico. En 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 441 ataques, entre ellos 121 asesinatos. A 19 de marzo de 2018, se han cometido más de 20 homicidios.

Es imperativo que el gobierno colombiano dé una respuesta clara y efectiva que garantice la protección integral de defensores, defensoras y líderes sociales en Colombia, una protección que vaya más allá de las medidas policiales que se han demostrado insuficientes para estas personas, sus familias y las comunidades a las que representan. En concreto, el gobierno colombiano debe establecer e implementar medidas urgentes para garantizar la protección de los miembros de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas, y esas medidas deben ser acordadas conjuntamente con esos pueblos y comunidades, mediante aportaciones primordiales procedentes de consultas mantenidas con líderes comunitarios y organizaciones representativas.

De igual modo, las investigaciones judiciales sobre los casos de homicidios y amenazas a defensores y defensoras y sus familias deben llevarse a cabo de forma efectiva e imparcial, para que todos los responsables, incluidos los autores tanto intelectuales como materiales, comparezcan ante la justicia. Si no se toman medidas urgentes sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, el espacio de la sociedad civil se reducirá aún más y las violaciones de derechos humanos contra estas personas continuarán, lo que obstaculizará la consecución de una paz estable y duradera en Colombia.