“El hecho de que, a pesar de haber abolido la esclavitud en la legislación hace casi 40 años, las autoridades mauritanas sigan no sólo tolerando su práctica, sino reprimiendo a quienes se manifiestan contra ella es un vergonzoso menosprecio de los derechos humanos”, afirmó Alioune Tine, director de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos mauritanos que denuncian la práctica persistente de la esclavitud y la discriminación en el país están expuestos a sufrir detención arbitraria, tortura, reclusión en prisiones remotas y la prohibición sistemática de sus reuniones”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha hecho público hoy.

“Una espada que pende sobre nuestras cabezas”. La represión de activistas que protestan contra la discriminación y la esclavitud en Mauritania documenta la creciente represión que sufren las personas y organizaciones que se atreven a denunciar la esclavitud y la discriminación, así como la negación del problema por parte del gobierno.

“El hecho de que, a pesar de haber abolido la esclavitud en la legislación hace casi 40 años, las autoridades mauritanas sigan no sólo tolerando su práctica, sino reprimiendo a quienes se manifiestan contra ella es un vergonzoso menosprecio de los derechos humanos”, afirmó Alioune Tine, director de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Con unas importantes elecciones en perspectiva este año y el próximo, el riesgo de disturbios sociales será elevado a menos que se respeten todas las voces, incluidas las críticas. Las autoridades deben detener este ataque contra las personas que defienden los derechos humanos y tomar medidas concretas y significativas para acabar con la esclavitud y la discriminación”.

El informe detalla las tácticas empleadas por las autoridades mauritanas para silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos y activistas, como la prohibición de manifestaciones pacíficas, el uso de fuerza excesiva contra manifestantes, la ilegalización de grupos de activistas y la injerencia en las actividades de estos.

Persistencia generalizada de la esclavitud y la discriminación

En 2016, los grupos internacionales contra la esclavitud calculaban que en Mauritania podía haber hasta 43.000 personas viviendo en situación de esclavitud: aproximadamente el uno por ciento de la población total del país.

Amnistía Internacional ha concluido que la policía, los fiscales y el poder judicial no respondieron adecuadamente a los casos de explotación denunciados para identificar a las víctimas o castigar a los presuntos perpetradores. En 2016, los tribunales contra la esclavitud del país sólo condenaron a dos personas, a pesar de haber recibido 47 casos para investigar en los que estaban implicadas 53 personas sospechosas.

El informe revela que las prácticas discriminatorias afectan especialmente a los miembros de las comunidades harratina y afromauritana. Estas prácticas incluyen una representación muy escasa en los puestos de liderazgo y obstáculos para su inscripción en los registros oficiales, lo cual, entre otras cosas, limita su acceso a servicios esenciales.

Restricciones a las reuniones pacíficas y las asociaciones

En Mauritania también se reprime el derecho a protestar, pues 20 grupos de derechos humanos informaron a Amnistía Internacional de que, en los últimos años, las autoridades habían prohibido o dispersado sus reuniones pacíficas, a veces usando fuerza excesiva que causó heridas graves que fueron desde fracturas en extremidades hasta traumatismos craneales.

Por ejemplo, en abril de 2017, una marcha de casi 100 jóvenes activistas que pedían que unas políticas educativas más inclusivas fue dispersada con violencia en la capital, Nuakchot, y fueron detenidas 26 personas.

El 28 de noviembre de 2017, las fuerzas de seguridad golpearon a miembros de la Asociación de Viudas y Huérfanos después de que 15 de ellos fueran detenidos durante una protesta pacífica. Uno de los huérfanos tuvo que ser atendido en un hospital tras recibir un puñetazo en la cabeza.

No sólo se prohíben las protestas: también lo son organizaciones enteras que luchan contra la esclavitud y la discriminación. El informe documenta los casos de más de 43 grupos que jamás han recibido autorización de las autoridades para operar a pesar de haberla solicitado reiteradamente. Entre ellas están la organización juvenil prodemocracia Kavana (Basta) y el movimiento contra la esclavitud IRA (Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista en Mauritania).

Yacoub Ahmed Lemrabet, presidente de Kavana, dijo a Amnistía Internacional:

“No estar reconocidos como ‘asociación autorizada’ es como tener una espada que pende sobre nuestras cabezas. Seguimos realizando nuestras actividades, pero sabemos que en cualquier momento las autoridades pueden clausurarnos y meternos en la cárcel”.

“Bienvenido a Guantánamo”

Desde 2014, Amnistía Internacional ha documentado 168 casos de defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos arbitrariamente, de los que al menos 17 fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.

Las autoridades han detenido a 23 miembros del grupo juvenil prodemocracia Movimiento 25 de Febrero desde 2014, periodo en el que también detuvieron a 63 miembros del grupo contra la esclavitud IRA.

Al menos 15 miembros de IRA han sido condenados a prisión en juicios injustos y algunos fueron sometidos a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”.

Amadou Tijane Diop, activista contra la esclavitud detenido en 2016, contó a Amnistía Internacional en junio de 2017:

“La policía me esposó y me vendó los ojos. No tenía ni idea de adónde me llevaban. Cuando llegamos, un agente dijo: ‘Bienvenido a Guantánamo’. [...] Antes de llevarme para ser interrogado, un guardia me dijo: ‘Diles lo que quieren oír. Sabes que tenemos lo que hace falta para hacerte hablar’”.

Campañas de desprestigio

Se llevan a cabo despiadadas campañas de desprestigio, agresiones y amenazas de muerte con total impunidad contra personas que defienden los derechos humanos, etiquetadas a menudo de traidores, delincuentes, agentes extranjeros, racistas, apóstatas o políticos. Esta intimidación viene de los niveles más altos del Estado y de grupos de creyentes y se ha producido asimismo durante reuniones internacionales en Europa.

Por ejemplo, la defensora de los derechos humanos Mekfoula Brahim ha sido sometida a una campaña de difamación permanente y coordinada en las redes sociales, y ha recibido amenazas de muerte por pedir la anulación de la condena a muerte del bloguero Mohamed Mkhaïtir.

“Las campañas que retratan a las personas que defienden los derechos humanos como amenazas para la seguridad nacional o los valores culturales ponen a los y las activistas en peligro y tienen un efecto destructor para la libertad de expresión”, concluyó Alioune Tine.

“Las autoridades mauritanas deben demostrar que se respeta a todas las voces críticas poniendo en libertad a todas las personas detenidas sólo por denunciar la discriminación y reconociendo el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos”.