El 30 de diciembre de 2017, los activistas juveniles Grâce Tshiunza, Mino Bompomi, Cedric Kalonji y Carbone Beni fueron detenidos en Kinshasa. Desde entonces, no han sido llevados ante un tribunal ni informados de los cargos que se les imputan. Todo ello a pesar de que la legislación congoleña no permite mantener detenida a una persona durante más de 48 horas sin llevarla ante un tribunal. Su detención se produjo cuando se encontraban animando a la población a participar en una manifestación pacifica para reivindicar la plena aplicación del acuerdo alcanzado el 31 de diciembre de 2016, con el fin de garantizar elecciones “inclusivas, pacíficas y fiables”. La manifestación pacífica, organizada por el Comité de Coordinación Laico de la iglesia católica, se celebró al día siguiente de la detención.

Tras haber sido detenidos, los cuatro activistas fueron conducidos a la comisaría provincial de inspección policial conocida como IPKIN. Más tarde, tres de ellos fueron trasladados al centro de detención de la Agencia Nacional de Inteligencia en Kinshasa, mientras que Carbone Beni fue destinado a Camp Tshatshi, un centro de detención de los servicios de inteligencia militar, también en Kinshasa. Posteriormente, este último fue igualmente trasladado al centro de detención de la Agencia Nacional de Inteligencia donde se encontraban los tres primeros. El 12 de enero, todos ellos pasaron a otro centro de detención de la Agencia Nacional de Inteligencia conocido como 3 Zulu, en las proximidades de la oficina del primer ministro, en Kinshasa. Asimismo, Amnistía Internacional ha sabido que el 1 de enero llevaron de nuevo a Mino Bompomi y Cedric Kalonji al primer centro de la Agencia Nacional de Inteligencia, donde fueron recluidos tras su detención.

Durante más de dos meses, las autoridades congoleñas negaron a estos cuatro activistas juveniles acceso a sus familias y representantes legales. En la actualidad se les permiten dichas visitas, pero dependen de la buena voluntad de los guardias, que no siempre son complacientes.

Los cuatro son miembros de Filimbi, movimiento ciudadano que pide la dimisión del presidente Joseph Kabila, que en diciembre de 2016 cumplió los dos mandatos presidenciales permitidos por la Constitución.

Escriban inmediatamente en francés o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades a dejar en libertad a Grâce Tshiunza, Mino Bompomi, Cedric Kalonji y Carbone Beni, a menos que se los acuse, por razones legítimas, de delitos internacionalmente reconocibles;

- Instándolas a garantizar que estos cuatro activistas no sufren torturas ni otros malos tratos mientras se encuentren detenidos;

- Instándolas a garantizar que los guardias penitenciarios les permiten acceder sin trabas a sus familias y representantes legales.

Envíen llamamientos antes del 25 de abril de 2018 a:

El presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, lleva en el cargo desde 2001 y fue declarado vencedor en las elecciones de 2006 y 2011. La Constitución congoleña limita los mandatos presidenciales a dos consecutivos de cinco años cada uno. A pesar de que el segundo y último mandato del presidente Kabila finalizó el 19 de diciembre de 2016, éste sigue en el poder y no ha convocado elecciones.

La Conferencia Episcopal Católica (CENCO) lideró un diálogo nacional inclusivo que desembocó en la firma de un acuerdo el 31 de diciembre de 2016. Este acuerdo incluía disposiciones encaminadas a generar confianza y mejorar la situación política del país mediante la excarcelación de presos y el respeto a la libertad de prensa, permitiendo al mismo tiempo el retorno de los líderes de la oposición en el exilio para participar en unas “elecciones inclusivas, pacíficas y fiables”.

Muchas personas consideran que el incumplimiento por el presidente Kabila del acuerdo del 31 de diciembre denota su falta de voluntad para dejar el poder. Esto ha dado lugar a varias manifestaciones pacíficas encabezadas por el Comité de Coordinación Laico de la iglesia católica desde diciembre de 2017, convocadas para pedir al presidente Kabila que aplique en su integridad el acuerdo del 31 de diciembre. Las protestas, celebradas hasta ahora el 31 de diciembre del pasado año, y el 21 de enero y 25 de febrero del actual, han contado con el apoyo de los grupos de la oposición y de movimientos ciudadanos, como Filimbi. La brutal respuesta de las fuerzas de seguridad a estos actos ha provocado la muerte de al menos 13 personas, mientras que decenas de manifestantes han resultado heridos, y varios han sido detenidos y recluidos de manera arbitraria.

A lo largo de los últimos tres años, el gobierno de República Democrática del Congo ha recurrido a las detenciones ilegales para impedir a los activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos organizarse contra lo que consideraban tácticas concebidas para postergar las elecciones. El 15 de marzo de 2015, Fred Bauma y Yves Makwambala —activistas en favor de la democracia— fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación durante más de un mes en Kinshasa. En agosto de ese mismo año, su compañero Bienvenu Matumo permaneció tres días desaparecido, tras lo cual quedó en libertad, sin recibir ninguna explicación sobre las razones de su detención y reclusión. En diciembre de 2016, Gloria Senga y Musasa Tshibanda desaparecieron durante varios días, cuando preparaban una protesta contra lo que consideraban maniobras para retrasar las elecciones. Más tarde, se dio a conocer que habían sido detenidos por las autoridades.

Índice: AFR 62/7897/2018