“Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online”, declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España

El aumento exponencial del número de personas que incumplen una ley draconiana que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de delitos de terrorismo” es parte de un ataque constante contra la libertad de expresión en España, concluye un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Tuitea... si te atreves: Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España revela que decenas de personas usuarias corrientes de las redes sociales, así como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros, han sido procesadas por motivos de seguridad nacional. Esto ha tenido un profundo efecto paralizante al crear un entorno en el que la ciudadanía teme de forma creciente expresar opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos.

“Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online”, declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley, de redacción general e imprecisa, está silenciando la libertad de expresión y aplastando la expresión artística”.

En virtud del artículo 578 del Código Penal español, las personas de quienes se considere que han incurrido en “enaltecimiento” del terrorismo o en “humillación de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares” —no importa lo imprecisas que sean estas expresiones— están expuestas a ser multadas, inhabilitadas para empleos públicos e incluso enviadas a prisión. El número de personas procesadas en aplicación de este artículo aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.

Desde 2014, cuatro operaciones policiales coordinadas —denominadas “Operaciones Araña”— desembocaron en la detención de decenas de personas por publicar mensajes en redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. El abogado Arkaitz Terrón dice que fue “tratado como un terrorista” por nueve tuits, incluido un chiste sobre el asesinato por ETA en 1973 de Luis Carrero Blanco, presidente de gobierno durante la dictadura de Franco. Fue procesado por “enaltecimiento” del terrorismo y posteriormente absuelto.

Otro hombre, J. C. V., que recibió un año de condena condicional por 13 tuits, dijo a Amnistía Internacional: “El objetivo es crear un clima de autocensura en la población. Conmigo lo han conseguido”.

Cassandra Vera, estudiante de 22 años, fue condenada a una pena condicional de un año de cárcel en 2017 por “humillar” a las víctimas del terrorismo también por bromear en Twitter sobre Luis Carrero Blanco, asesinado hace 44 años por una bomba de ETA que hizo volar su coche por los aires 20 metros. “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”, bromeó. La condena conllevó la pérdida de su beca universitaria y siete años de inhabilitación para empleos públicos.

Una de las personas que salieron en defensa de Cassandra fue una sobrina de Luis Carrero Blanco, que dijo: “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel”. Aunque su declaración fue presentada como parte de la defensa de Cassandra, no influyó en la causa porque la ley se aplica con independencia de la opinión de las víctimas del terrorismo o sus familiares. Una noticia positiva, a principios de este mes, es que el Tribunal Supremo español revocó la sentencia condenatoria de Cassandra.

Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y proteger la seguridad nacional puede, en ciertos casos, ser un motivo legítimo para restringir la libertad de expresión, la ley española, general e imprecisa, contra el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación” de sus víctimas está sofocando la expresión artística. En diciembre, doce raperos del colectivo “La Insurgencia” fueron multados, condenados a más de dos años de prisión cada uno e inhabilitados para empleos públicos por unas letras consideradas que “enaltecían” al grupo armado Grapo. Aunque han recurrido la sentencia, ellos son sólo algunos de los numerosos artistas enjuiciados en virtud de la ley.

Incluso periodistas que intentan documentar la represión causada por el artículo 578 han infringido sus disposiciones; un cineasta está procesado por una película en la que entrevistaba a varias personas que habían sido procesadas por “enaltecimiento” del terrorismo.

A pesar de que el artículo 578 se amplió en 2015 ante los atentados de París y la percepción de la amenaza del terrorismo internacional, la inmensa mayoría de las causas incoadas en virtud de esta disposición tienen relación con grupos armados internos disueltos o inactivos, a saber, ETA y los Grapo. La directiva de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo, que incluye problemáticamente la “apología” como ejemplo de expresión que podría penalizarse, se aplicará en toda Europa en septiembre de 2018. La lección que debemos aprender de España es que delitos definidos de forma imprecisa como el  “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación” de sus víctimas ponen en grave peligro la libertad de expresión.

“España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad de expresión so pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos so capa de defenderlos”, afirmó Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista de Amnistía.

“Rapear no es un delito, tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre. La draconiana ley española debe ser derogada y deben retirarse todos los cargos formulados solamente por expresarse pacíficamente”.