Los 13 miembros de la secta Aum Shinrikyo declarados culpables y condenados a muerte en juicios independientes que se celebraron entre 2006 y 2011 por organizar y llevar a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 y otras actividades ilegales están ahora en peligro de ejecución. Si bien sus procesos concluyeron hace muchos años, hasta ahora ninguno ha sido ejecutado, como dispone el artículo 475 del Código de Procedimiento Penal, pues las causas de otros coacusados no habían concluido.

 

Los procesos judiciales de los 192 miembros de Aum Shinrikyo acusados de varios delitos ya han terminado. En 2012, los dos miembros de la secta restantes se entregaron tras permanecer prófugos 17 años. El 25 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la decisión del Tribunal Superior de absolver a Naoko Kikuchi por desconocer ésta el plan del atentado en el metro. Un mes después, el 25 de enero de 2018, el Tribunal Supremo confirmó además la condena a cadena perpetua de Katsuya Takahashi, y pocos días después rechazó su recurso de apelación.

 

Varios de los 13 condenados a muerte han solicitado volver a ser juzgados, pero es posible que sean ejecutados antes de que el tribunal termine de examinar sus solicitudes. La ejecución de personas que tienen apelaciones u otros procedimientos aún pendientes viola las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte de la ONU. Además, el artículo 457.2 del Código de Procedimiento Penal de Japón dispone que la persona que solicite el restablecimiento del derecho de apelación no será ejecutada en el plazo exigido por la ley. Entre 1999 y 2016, no se ejecutó a nadie que hubiera solicitado un nuevo juicio, pero en 2017 fueron ejecutados tres presos cuyas solicitudes estaban pendientes ante los tribunales. Katsutochi Kaneda y Yoko Kamikawa, ex ministro y ministra de justicia, respectivamente, que firmaron órdenes de ejecución en 2017, afirmaron que no creían que las personas que solicitaban un nuevo juicio debieran estar exentas de ser ejecutadas.

 

Escriban inmediatamente en japonés, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:

 

- Detener cualquier ejecución prevista y conmutar sin demora las penas de muerte de los 13 miembros de Aum Shinrikyo y del resto de los presos

- (Expliquen que consideran que todas las ejecuciones son una violación del derecho a la vida pero que no tratan de excusar los delitos violentos ni quitar importancia al sufrimiento causado);

- Establecer de inmediato la suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital y fomentar un debate nacional informado sobre el uso de este castigo;

- Hasta entonces, poner fin al secretismo que rodea el uso de la pena de muerte en Japón e informar a los presos, a sus familiares y abogados y a la opinión pública de cualquier ejecución programada.

 

Envíen llamamientos antes del 5 de abril de 2018 a:

 

Yoko Kamikawa

1-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku

Tokyo, Japón 100-8977

Ministry of Justice

Fax: +81 3 3592 7008 / +81 3 3592 7393

Twitter: @MOJ_HOUMU

Tratamiento: Señora Ministra / Dear Minister

 

Shinzo Abe

1-6-1 Nagata-cho Chiyoda-ku

Tokyo, Japón 100-8968

Fax: +81 3 3581 3883

Correo-e: (a través del sitio web) https://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html

Twitter: @abeshinzo

Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister

 

Los 13 miembros de la secta Aum Shinrikyo que han sido condenados por el papel que desempeñaron en la organización y la ejecución del atentado con gas sarín son: Seiichi Endo, Satoru Hashimoto, Kiyohide Hayakawa, Yasuo Hayashi, Kenichi Hirose, Yoshihiro Inoue, Chizuo Matsumoto (alias Shoko Asahara), Kazuaki Miyamae, Tomomasa Nakagawa, Tomomitsu Niimi, Toru Toyota, Masami Tsuchiya y Masato Yokoyama. Fueron acusados de delitos de asesinato, secuestro y daños físicos, así como experimentación con armas químicas y biológicas.

 

Japón ha estado llevando a cabo entre una y 15 ejecuciones anuales durante los últimos 30 años, excepto en 2011, año en que no se ejecutó a nadie. En Japón, la persona acusada tiene que decidir si recurrirá la sentencia en un plazo de 14 días. Si no lo hace, la condena comienza a cumplirse de inmediato. El artículo 475.2 del Código de Procedimiento Penal de Japón afirma: “Lo ordenado en los párrafos precedentes se cumplirá en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la sentencia se convierta en definitiva y vinculante, teniendo en cuenta, sin embargo, que si se solicita el restablecimiento del derecho de apelación o se solicita un nuevo juicio o un recurso extraordinario, o se presenta una solicitud o petición de indulto, el periodo transcurrido hasta que estos procedimientos hayan terminado no se incluirá en este plazo. Tampoco se incluirá el periodo anterior a que la sentencia se convierta en definitiva ni vinculante para los coacusados”.

 

Las ejecuciones secretas contravienen las leyes y normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Órganos y expertos de la ONU las han criticado reiteradamente, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas, como las apelaciones preceptivas, para quienes se enfrentan a la pena de muerte en Japón. Aunque los psiquiatras contratados por los abogados para el gurú Chizuo Matsumoto (alias Shoko Asahara) plantearon preocupación por el deterioro de su salud mental debido a la reclusión en 2005 y 2006, posteriormente, en 2007, se denegaron las recomendaciones de la Federación de Colegios de Abogados de Japón de que las autoridades penitenciarias le proporcionaran tratamiento. A los presos condenados a muerte no se les permite hablar entre sí, una restricción cuyo cumplimiento se consigue manteniéndolos estrictamente aislados. Japón no evalúa eficazmente el estado de salud mental de los presos para ser ejecutados. Según una de las hijas de Chizuo Matsumoto, durante los últimos diez años ninguna persona del exterior, ni siquiera sus familiares y abogados, ha podido entrevistarse con él, lo cual dificulta aún más conocer su estado mental. Japón sigue condenando a muerte y ejecutando a presos con discapacidad mental e intelectual, en clara violación de las leyes y normas internacionales.

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

 

 

Índice: ASA 22/7885/2018