“El derecho a la libertad de expresión es esencial en una sociedad sólida y dinámica. Todas las personas han de poder expresar abiertamente, en Túnez, sus críticas a las instituciones del Estado y los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad, sin temor a sufrir persecución”, ha manifestado la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef

El gobierno tunecino debe detener el menoscabo de la libertad de expresión y reformar las leyes que ponen en riesgo el derecho de las personas a criticar al Estado, ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión de la manifestación de periodistas que va a celebrarse hoy, en una jornada que se ha descrito como “día de la ira”.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez ha convocado una manifestación contra las autoridades tunecinas, que han venido ejerciendo presión sobre los profesionales que informan de las operaciones de seguridad o que se muestran críticos con las instituciones del Estado.

“El derecho a la libertad de expresión es esencial en una sociedad sólida y dinámica. Todas las personas han de poder expresar abiertamente, en Túnez, sus críticas a las instituciones del Estado y los funcionarios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad, sin temor a sufrir persecución”, ha manifestado la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef.

La manifestación de hoy se ha convocado en respuesta a unas declaraciones que hizo el ministro del Interior, Lotfi Brahem, el 29 de enero en una sesión parlamentaria, donde admitió que se estaba haciendo seguimiento a periodistas y reveló que la policía había citado a uno a raíz de que el Ministerio del Interior le hubiera “intervenido el teléfono en una conversación” con un manifestante.

El ministro hizo esas declaraciones tras haber recibido las fuerzas de seguridad tunecinas fuertes críticas en el contexto de las manifestaciones que estallaron a principios de enero para protestar contra el alto coste de la vida y las subidas de impuestos. Los periodistas que informaban de las protestas denunciaron casos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades.

“Tales tácticas recuerdan prácticas del pasado que no tienen cabida en la sociedad tunecina actual. El seguimiento y el hostigamiento policiales de periodistas por su trabajo constituyen una violación flagrante de la libertad de prensa. El gobierno tunecino debe garantizar que todos los periodistas del país pueden realizar su trabajo sin sufrir intimidación, hostigamiento ni amenazas de detención”, ha afirmado Heba Morayef.

Durante la sesión parlamentaria del 29 de enero, Lotfi Brahem declaró también que su Ministerio procesaría a todos los blogueros que “pusieran en duda la integridad de las instituciones de seguridad y minaran la moral de las fuerzas de seguridad”.

El 15 de enero, la policía detuvo en la ciudad de Sidi Bouzid a Kais Bouazizi por una publicación de Facebook donde convocaba protestas contra las medidas de austeridad económica y financiera del gobierno. Un fiscal presentó cargos contra él en aplicación del artículo 121 del Código Penal, que penaliza la difusión de noticias que puedan causar “daño al orden público o la moral pública”. El tribunal absolvió y dejó en libertad a Bouazizi tras una semana de detención preventiva.

Las declaraciones del ministro del Interior ha recibido condenas y críticas generalizadas de periodistas y defensores de la libertad de expresión. Previamente había habido una oleada de amenazas e incitaciones al odio contra periodistas en las redes sociales, realizadas por sindicatos policiales que intentaban impedir toda crítica a la conducta de la policía y a las políticas del Ministerio del Interior.

‘’En vez de intentar restringir la libertad de expresión, las autoridades tunecinas deben esforzarse por reformar y anular las leyes y prácticas que ponen en riesgo este derecho, armonizando por fin el Código Penal tunecino con las normas internacionales y con la Constitución tunecina de 2014”, ha añadido Heba Morayef.

Información general

Desde 2011 se viene procesando a blogueros, artistas y periodistas por criticar pacíficamente a las fuerzas de seguridad.

En enero de este año, el bloguero y parlamentario Yassine Ayari fue juzgado ante un tribunal militar por “minar la moral del ejército” tras una publicación en Facebook en la que se  mofaba del nombramiento de un alto mando militar.

En julio, el cantante Ahmed Ben Ahmed fue agredido por un grupo de agentes de policía que le habían asignado para protegerlo. Los agentes se habían sentido ofendidos por su música y afirmaban que insultaba a la policía en sus canciones. Un sindicato policial presentó después una denuncia contra el artista ante el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Mahdia, en aplicación del delito, tipificado en el Código Penal, de “insultar a funcionarios del Estado”.

Los sindicatos de las fuerzas de seguridad de Túnez vienen pidiendo que se apruebe un proyecto de ley cuyas disposiciones podrían penalizar las críticas a las fuerzas de seguridad, incluso en casos de abusos contra los derechos humanos. El artículo 12 del proyecto de ley penaliza la “denigración” de la policía y otras fuerzas de seguridad con el fin de “perjudicar el orden público”, y la castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de hasta 10.000 dinares.