El 30 de enero, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional de Colombia llevó a cabo operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, y bombardeó zonas cercanas al resguardo indígena wounaan de Chagpien Tordó. El bombardeó hirió a una niña de 16 años que fue trasladada al municipio de Buenaventura a causa de la gravedad de sus heridas. La información facilitada por la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Chocó sugiere que pudo haber más personas heridas o muertas, pero las cifras oficiales aún no se han determinado. Los pueblos indígenas de Santa María Pangala y Estrella Pangala se están desplazando en masa de sus territorios, aunque confinados en la zona delimitada por las carreteras cercanas, ante el temor de que continúen los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad.

 

Amnistía Internacional recibió información que indicaba que muchos miembros del resguardo indígena de Chagpien Tordó se habían visto obligados a desplazarse en dos ocasiones en 2017, también debido a los enfrentamientos entre el ejército, el ELN y los grupos paramilitares. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció ambos desplazamientos forzados. Hasta el momento, el Estado no ha tomado medidas para garantizar el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de esta comunidad.

 

Este reciente ataque contra civiles constituye una violación flagrante de las normas del derecho internacional humanitario, tales como el principio de que las partes del conflicto armado deben distinguir entre la población civil y los combatientes.

 

 

- Pidiendo a las autoridades que garanticen que se proporciona ayuda humanitaria urgente y atención integral a las comunidades desplazadas forzadamente y confinadas en el Chocó;

 

- Pidiéndoles que cumplan con su obligación internacional de impedir que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se vean obligados a desplazarse de sus territorios, y que garanticen los derechos de estos pueblos y comunidades como víctimas del conflicto armado;

 

-Recordándoles que la población civil, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros civiles que viven en la zona, tiene derecho a no verse arrastrada al conflicto armado; recordándoles asimismo que el Estado tiene la obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y que la violación de ese derecho podría dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado.

 

 

Señor Juan Manuel Santos

Presidente de la República

Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia

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Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos

 

Señora Yolanda Pinto de Gaviria

Directora de la unidad de víctimas

Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 4261111

Tratamiento: Señora Directora

 

Y copias a:

Carrera 54 Nº 26-25, CAN,

Bogotá

Fax: + 57 1 3150111 Ext. 40248

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Amnistía Internacional ha venido llamando la atención hacia la grave situación relativa a la seguridad y los derechos humanos en el departamento del Chocó, y ha pedido a Colombia que actúe y garantice la implementación efectiva del Acuerdo de Paz sobre el terreno y que cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

 

La ausencia de una respuesta integral y efectiva por parte de todas las instituciones del Estado en los territorios asolados por conflicto armado es una causa directa de las actuales violaciones de los derechos humanos de los habitantes indígenas y afrodescendientes del departamento. Persisten las violaciones del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de circulación, a la tierra y a la identidad cultural. Aún queda mucho camino por recorrer para garantizar la creación de una paz estable y duradera que respete los derechos humanos tanto individuales como colectivos.

 

El final, ocurrido a principios de enero, del alto el fuego bilateral entre el ELN y el gobierno colombiano, y la suspensión de las negociaciones de paz el 29 de enero, han desatado una nueva oleada de acciones violentas por parte de este grupo armado organizado al margen de la ley, oleada a la que el gobierno ha respondido con operaciones militares cada vez más intensas.

 

Resulta lamentable que, en esta etapa del proceso, las comunidades estén denunciando violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y vínculos entre estas fuerzas y los paramilitares. Las comunidades y las ONG nacionales han informado de que, desde noviembre de 2016, ha habido grupos paramilitares presentes en varias zonas del departamento, y que la débil respuesta del Estado a los movimientos de estos grupos ha provocado que las comunidades de las cercanías denuncien un aumento de la intimidación y las amenazas, que afectan a su libertad de circulación. 

 

AU: 22/18 Índice: AMR 23/7820/2018