Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes trabajan sobre cuestiones relativas al derecho a la tierra, al territorio y al medio ambiente. Las organizaciones y los medios de comunicación independientes del país han estado vigilando y denunciando el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos cometidas tras las elecciones presidenciales

La violencia contra los defensorxs de los derechos humanos que vigilan y denuncian la violenta represión de las protestas tras las elecciones presidenciales se ha intensificado, así como un asesinato, campañas de difamación, amenazas e intimidación contra ellos.

Las ONG locales denunciaron que numerosos activistas sociales, defensorxs de los derechos humanos y personas que participan activamente en las protestas que tienen lugar en Honduras desde el 29 de noviembre de 2017 han sufrido palizas, intimidación, acoso y estigmatización. Además, algunos de sus nombres aparecen en listas que están en poder de las fuerzas de seguridad. La Coalición contra la Impunidad registró al menos 63 ataques contra defensorxs desde que comenzó la crisis postelectoral.

Entre esos ataques, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) precisó que las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente una protesta en La Masica, Atlántida, el 16 de diciembre. Las fuerzas de seguridad golpearon y luego dispararon con pistolas Taser a unas 10 personas, entre ellas el miembro de MADJ Diego Aguilar López y Wilmer Paredes, colaborador de MADJ. El 29 de diciembre, Wilmer Paredes pidió protección al Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos tras haber denunciado que lo seguían unos vehículos. Unos atacantes no identificados lo mataron a tiros el 1 de enero de 2018. El 14 de enero empezó a circular por las redes sociales un folleto que acusaba a los líderes de MADJ Martín y Víctor Fernández de ser responsables del asesinato de Wilmer Paredes.

El 30 de diciembre de 2017, el padre Ismael Moreno Coto, director de la emisora independiente Radio Progreso, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), denunciaron una campaña de difamación contra el sacerdote. El nombre de Ismael Moreno y su imagen se incluyeron, junto con los de las activistas sociales Karina Flores y Araminta Pereira y otros seis defensores y defensoras en un folleto titulado “Eje del mal” de El Progreso, en el que se los acusaba de violencia y de participación en delincuencia organizada. En diciembre, el Sistema Nacional de Protección negó medidas de protección al investigador de ERIC-SJ Joaquín Mejía.

El 12 de enero de 2018, las fuerzas de seguridad acosaron a varios periodistas que cubrían una protesta en que Tegucigalpa, la capital, y los obligaron violentamente a abandonar la zona. Posteriormente, dos periodistas de UNE TV resultaron heridos. Según la ONG C-Libre, otra periodista de UNE TV ha denunciado varios incidentes de seguridad desde diciembre: entre otras cosas, recibió amenazas y latas de gas lacrimógeno fueron arrojadas al interior de su casa por la noche.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- Pidiendo a las autoridades que inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Wilmer Paredes y sobre las lesiones, las amenazas y las campañas de difamación denunciadas por personas y organizaciones que defienden los derechos humanos, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

- Instándolas a tomar todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los defensorxs de los derechos humanos en peligro, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;

- Pidiéndoles que reconozcan públicamente el trabajo legítimo de derechos humanos que llevan a cabo las personas que defienden estos derechos en el país.

Fiscal general

Señor Óscar Fernando Chinchilla, Ministerio Público, Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: mprelacionespublicas@gmail.com (con copia a walleskaz@gmail.com)

Tratamiento: Estimado Señor Fiscal

Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización

Señor Héctor Leonel Ayala Alvarenga

Res. La Hacienda, Calle La Estancia, Bloque A-Lote 8 Edificio Z y M.

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e.: comunicacionsdhjgd@gmail.com

Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Y copias a:

Directora de la Unidad Nacional de Protección

Señora Nora Urbina

El Ocotal, Comayagüela M. D. C. antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO),

Tegucigalpa, Honduras

Correo-e: noraurbina2002@yahoo.com

Información complementaria 

Las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente las protestas multitudinarias que han tenido lugar desde el 29 de noviembre de 2017 en varios lugares de Honduras, para denunciar la falta de transparencia en torno a las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. El 17 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral declaró vencedor al actual presidente, Juan Orlando Hernández, y el 5 de enero de 2018 rechazó las apelaciones presentadas por otros partidos políticos. Está previsto que el presidente inicie su nuevo mandato el 27 de enero.

Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva contra estos manifestantes, incluidas armas letales. Según el defensor del Pueblo, al menos 31 personas han muerto; también se informó sobre múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas brutalmente por las fuerzas de seguridad, así como de casos que podrían constituir tortura y otro trato cruel, inhumano y degradante. Las autoridades detuvieron o recluyeron a cientos de personas durante las protestas y durante el toque de queda de 10 días impuesto en diciembre.

Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes de Honduras han estado vigilando y denunciando el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos cometidas tras las elecciones presidenciales.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes trabajan sobre cuestiones relativas al derecho a la tierra, al territorio y al medio ambiente.

En 2016, el MADJ denunció a las autoridades varios incidentes relativos a su seguridad, tales como vigilancia, amenazas y acoso, en particular contra su coordinador general Martín Fernández. El MADJ proporciona asistencia letrada sobre varios casos graves y emblemáticos de ataques contra quienes defienden el derecho al territorio, a la tierra y al medio ambiente en Honduras. Martín Fernández denunció nuevas amenazas y persecución contra él en diciembre de 2017 y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros ilegales en las oficinas de MADJ en La Masica, en los domicilios de miembros de MADJ en Esparta, Atlántida.

Radio Progreso ha estado informando de las elecciones y de la subsiguiente represión desde su sede, ubicada en El Progreso. Las transmisiones de Radio Progreso se interrumpieron durante casi dos semanas desde el 9 de diciembre, cuando una antena cercana a Tegucigalpa fue dañada deliberadamente. Varios miembros de Radio Progreso son beneficiarios de medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a consecuencia del acoso y las amenazas que sufrieron tras el golpe de Estado en 2009.

Nombre: Diego Aguilar López (h), Wilmer Paredes (h), Martín Fernández (h), Víctor Fernández (h) y otros miembros de MADJ; padre Ismael Moreno Coto (h), Joaquín Mejía (h) y otros miembros de ERIC-SJ; Karina Flores (m), Araminta Pereira (m) y otros activistas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos.

Sexo: Hombres y mujeres

Más información sobre AU: 271/17 Índice: AMR 37/7748/2018