Lunes, 15 de enero, 2018
“Es inaceptable que, 25 años después, el homicidio de Edméia siga impune. Mientras tanto, en los dos decenios y medio transcurridos, las personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal en el asesinato han estado caminando libremente por la calle", declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck.
Veinticinco años después de la muerte de una de las defensoras de los derechos humanos más valientes del país, Brasil debe llevar ante la justicia a quienes la mataron por ser una medida decisiva para revertir el aumento de los homicidios policiales.
El 15 de enero de 1993, Edméia da Silva Euzébio, de 47 años, que había librado una lucha feroz por la justicia en nombre de su hijo desaparecido, fue asesinada en un aparcamiento en Río de Janeiro. Doce años después, siete personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal en el asesinato –seis de ellas agentes de la policía militar– no han sido procesadas aún.
El caso de Edméia es emblemático del fracaso del Estado a la hora de investigar debidamente todos los homicidios cometidos presuntamente por la policía. Amnistía Internacional dijo que llevar a los sospechosos ante la justicia sería una demostración esencial de la determinación del Estado de poner fin a los homicidios policiales ilegítimos, que han aumentado considerablemente en Río de Janeiro en los últimos años.
“Es inaceptable que, 25 años después, el homicidio de Edméia siga impune. Mientras tanto, en los dos decenios y medio transcurridos, las personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal en el asesinato han estado caminando libremente por la calle, e incluso han ascendido profesionalmente, en algunos casos a los rangos superiores de la policía militar”, ha explicado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil
“La impunidad que rodea los casos de homicidio policial fomenta la espiral de violencia en Río de Janeiro. Transmite el mensaje de que las autoridades toleran la conducta ilegal de la policía. Los agentes de policía implicados en ejecuciones extrajudiciales las comenten convencidos de que nunca tendrán que rendir cuentas. Como consecuencia del fracaso del Estado a la hora de garantizar justicia, el número de homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro sigue siendo sumamente alto y va en aumento”, ha añadido Jurema Werneck.
Tras el descenso que experimentó entre 2008 y 2013, el número de personas muertas a manos de la policía en el estado de Río de Janeiro casi se ha duplicado en los tres últimos años, según datos del Instituto de Seguridad Pública. En 2014, la policía mató a 580 personas. En 2017 hubo 1.048 homicidios policiales hasta noviembre. En los últimos 10 años (2008-2017), el número total de homicidios policiales ascendió a más de 7.500.
“El agente de policía no aprieta el gatillo solo. Hay una cadena de mando tras él, y está también el sistema de justicia penal, que, cuando menos, no cumple con su deber de investigar y enjuiciar los homicidios ilegítimos cometidos por la policía. El Estado y el sistema de justicia penal, en particular la Fiscalía, deben ejercer su mandato e implementar medidas urgentes y definitivas para poner fin a los homicidios policiales y garantizar justicia y reparación a las víctimas”, ha señalado Jurema Werneck.
El hijo de Edméia, Luiz Henrique, tenía 16 años cuando, junto con otras 10 personas, fue sometido a desaparición forzada el 26 de julio de 1990. El caso se conoció como la “masacre de Acari” (“Chacina de Acari”,) porque la mayoría de las víctimas vivían en esta favela de la ciudad de Río de Janeiro. El grupo de amigos, en su mayoría adolescentes, habían estado alojados en una casa de la ciudad vecina de Magé antes de que un grupo de hombres que se identificaron como agentes de policía los llevaran a un lugar desconocido. Tras la desaparición, sus familias comenzaron su lucha por la verdad y la justicia, y formaron el grupo de las “Madres de Acari”.
Edméia era una de las miembros más comprometidas y activas, dedicada sin temor a descubrir lo que les había ocurrido a su hijo y sus amigos. La mataron en el aparcamiento de la estación de metro de Praça Onze, a su regreso de visitar a una persona recluida en la prisión de Hélio Gomes, en el barrio de Estácio de Río de Janeiro. Las investigaciones oficiales indican que la mataron porque había obtenido nuevos datos que llevarían a localizar a los jóvenes desaparecidos.
Los procedimientos relacionados con el asesinato de Edméia se vienen arrastrando en el sistema de justicia penal desde 1998, sin que se hayan dado respuestas concluyentes. Los cargos contra sus presuntos asesinos –entre ellos un alto mando de la Policía Militar y un ex congresista del estado de Río de Janeiro– no se formularon hasta 2011. A finales de 2014, un juez falló durante una fase de la causa previa al juicio, que los siete hombres acusados del asesinato debían ser juzgados ante un jurado por homicidio doloso. Los acusados recurrieron contra la decisión del juez, pero todavía no se ha decidido si se admite el recurso. Veinticinco años después de la muerte de Edméia, nadie ha sido llevado a juicio.
En 1994, Amnistía Internacional informó en Brasil: Más allá de la desesperación. Un programa para los derechos humanos de que los servicios de inteligencia de la Policía Militar habían identificado a policías civiles y militares sospechosos de haber cometido la “masacre de Acari”. La investigación reveló que los policías habían estado implicados en actividades de extorsión a algunas de las victimas, cuyos restos jamás se han encontrado.
En un libro titulado “Madres de Acari, una historia de lucha contra la impunidad” se establece que los responsables de las desapariciones estaban vinculados a un escuadrón de la muerte conocido como “Caballos Corredores” (“Cavalos Corredores”), conexión que fue corroborada por testimonios reunidos por Amnistía Internacional en aquel momento. Amnistía Internacional también ha sabido que las autoridades podrían haber ocultado investigaciones durante su torpe búsqueda de los cuerpos en posibles vertederos. En 2010 se cerró el caso de la “masacre de Acari” sin que se hubieran presentado cargos.
Las once personas sometidas a desaparición forzada en la “masacre de Acari” fueron:
Rosana Souza Santos, 17 años.
Cristiane Souza Leite, 17 años.
Luiz Henrique da Silva Euzébio, 16 años.
Hudson de Oliveira Silva, 16 años.
Edson Souza Costa, 16 años.
Antônio Carlos da Silva, 17 años.
Viviane Rocha da Silva, 13 años.
Wallace Oliveira do Nascimento, 17 años.
Hédio Oliveira do Nascimento, 30 años.
Moisés Santos Cruz, 26 años.
Luiz Carlos Vasconcelos de Deus, 32 años.
Informes de Amnistía Internacional sobre homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro:
13 de septiembre de 1994, Índice: AMR 19/016/1994,
Brasil: Río de Janeiro 2003: Candelária y Vigário Geral diez años después
27 de agosto de 2003, Índice: AMR 19/015/2003,
Brasil: “Entran disparando”: La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas
2 de diciembre de 2005, Índice: AMR 19/025/2005,
Brazil: "We have come to take your souls": the caveirão and policing in Rio de Janeiro
13 de marzo de 2006, Índice: AMR 19/007/2006,
3 de agosto de 2015, Índice: AMR 19/2068/2015,