En el último año, el Congreso ha promovido una agenda que amenaza los derechos humanos, incluidos el derecho a la protesta pacífica, el derecho de las comunidades indígenas y de afrodescendientes a la tierra, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El Congreso Nacional de Brasil ha hecho numerosos esfuerzos en 2017 para debilitar los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del próximo receso parlamentario.

A lo largo del año, durante la crisis política en curso, el Congreso ha acelerado el proceso de aprobación de gran número de leyes encaminadas a restringir los derechos humanos.

“Se están atacando los derechos humanos de la ciudadanía brasileña. En el último año, el Congreso ha promovido una agenda que amenaza los derechos humanos, incluidos el derecho a la protesta pacífica, el derecho de las comunidades indígenas y de afrodescendientes a la tierra, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, ha dicho Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“En el contexto de la crisis política en curso, el Congreso ha tratado de debilitar las garantías de derechos humanos del país”, añadió Werneck.

La aprobación de la ley 13.491/2017 fue un importante revés para los derechos humanos, pues trasladó a los tribunales militares la responsabilidad de juzgar los delitos —incluidos los homicidios— cometidos por personal militar contra civiles. Dado que los tribunales militares están formados por miembros del ejército, el respeto del derecho a ser juzgado por un tribunal que parezca y de hecho sea independiente e imparcial se ve amenazado, lo que podría fomentar una cultura de impunidad.

Ante esta represión de los derechos humanos, se han movilizado enérgicamente movimientos sociales, grupos juveniles, comunidades indígenas y de afrodescendientes, y mujeres. Estos grupos de la sociedad civil han gozado de varias victorias, pequeñas pero significativas, que han contribuido a proteger los derechos humanos durante el año.

Como resultado de la movilización popular, se ha aplazado hasta 2018 la votación de una enmienda constitucional que permite juzgar penalmente como adulto a menores de 18 años. Mientras tanto, el activismo de los grupos de mujeres, feministas y profesionales de la salud ha impedido la criminalización total del aborto. Mediante protestas en las vistas celebradas en el Congreso o en las sesiones de las comisiones parlamentarias, y a través de la movilización en las redes sociales, con acciones como el envío directo de correos electrónicos y vídeos con la participación de artistas e influencersclave, las mujeres hicieron de su voz una potente herramienta para proteger sus derechos.

“Este año nos ha enseñado el poder de la movilización. Sabemos que queda mucho por hacer en 2018. La agenda legislativa del Congreso para el próximo año está configurada para reanudar los ataques contra los derechos humanos. Debemos estar preparados y preparadas para resistir y proteger la vida y los derechos de toda la ciudadanía brasileña”, concluyó Jurema Werneck.

“Ahora que termina el año, hemos de transmitir al Congreso y al gobierno federal el enérgico mensaje de que nuestros derechos humanos no están en venta. Amnistía Internacional y las decenas de miles de personas que se han movilizado durante el año les piden que asuman su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Estaremos vigilando de cerca”.

Información complementaria

El 31 de julio Amnistía Internacional lanzó la campaña “Los derechos humanos no están en venta” para defender los derechos humanos en Brasil y combatir una serie de cambios, sometidos actualmente a debate en el Congreso, que podrían reducir la protección jurídica de grupos marginados, imponer una prohibición total del aborto, poner fin a la educación sexual y suavizar la legislación sobre licencia de armas de fuego. Esta agenda legislativa se estaba tramitando a toda prisa en el Congreso en un momento de crisis política y económica. Si se aprueban, estas leyes pondrán en peligro la vida y los derechos de millones de personas, en especial de las que ya sufren discriminación y marginación.

Hay hasta 200 proyectos de ley y propuestas de enmiendas constitucionales que abarcan diversos temas y afectan a varios derechos humanos. Los derechos de las personas menores de edad corren peligro, pues los cambios propuestos contienen legislación que eliminará algunos aspectos de la protección jurídica de las personas menores de 18 años, violando el derecho internacional de los derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Brasil es Estado Parte. En la actualidad, toda persona menor de 18 años en el momento del presunto delito debe ser tratada de acuerdo con las normas de la justicia de menores. La salud y los derechos de las mujeres y las niñas se verán gravemente afectados por las reformas propuestas, con las que se pretende imponer la prohibición total del aborto, incluso cuando el embarazo sea resultado de una violación o ponga en peligro la vida de la madre. Algunas de las medidas propuestas, en especial la derogación de la Ley de Desarme, podrían dar lugar a un gran aumento de la disponibilidad de armas de fuego. Según cifras oficiales, en 2015 se registraron en Brasil casi 60.000 homicidios, más del 70% de ellos cometidos con armas de fuego. Los pueblos indígenas y las quilombolas (comunidades afrodescendientes) de Brasil podrían ver restringido su derecho a la tierra, pues las propuestas de cambio que el Congreso planea aprobar sobre demarcación y derechos de propiedad de las tierras ponen los intereses económicos por encima de los derechos de los pueblos indígenas y tribales garantizados por la Constitución y el derecho internacional.

En los últimos dos años, Brasil vive en una montaña rusa política, en medio de la investigación en curso sobre presunta corrupción de ciertos altos cargos que provocó la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016 y que podría desencadenar un nuevo proceso de destitución para el actual presidente, Michel Temer. También son objeto de investigación varios miembros del Congreso. Es en el contexto de esta crisis política en el que se está tratando de implantar la actual agenda de restricción de derechos.

Foto: ShutterStock/Filipe Frazao