“Desde que comenzó el conflicto en junio, nuestro temor de que pudiera romper familias se ha hecho realidad de manera contundente y cruel, pues las medidas impuestas por Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han violado los derechos de gente corriente de toda la región”, ha señalado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

La vida de miles de personas residentes en el Golfo sigue viéndose perturbada por el conflicto político que afecta a la región, ha manifestado Amnistía Internacional, más de seis meses después de que comenzara la crisis.

Durante una visita que realizó a Qatar el mes pasado, la organización entrevistó a 44 personas afectadas por el conflicto y se reunió con autoridades de los ministerios qataríes de Interior, Asuntos Exteriores, y Awqaf y Asuntos Islámicos, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evaluar el impacto de la crisis política en los derechos humanos.

“Desde que comenzó el conflicto en junio, nuestro temor de que pudiera romper familias se ha hecho realidad de manera contundente y cruel, pues las medidas impuestas por Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han violado los derechos de gente corriente de toda la región”, ha señalado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“En este tiempo, las autoridades de estos países apenas se han esforzado en realidad por aliviar el sufrimiento de las personas afectadas, incluidas las numerosas familias mixtas que están sufriendo separaciones traumáticas. Lo más preocupante de todo quizá sea que no hay solución a la vista.”

En una declaración que ha publicado para explicar las conclusiones de su visita a Qatar, Amnistía Internacional detalla algunos de los efectos de la crisis para los derechos humanos:

•    Restricción de la libertad de circulación de personas y familias con miembros de distintas nacionalidades

Centenares de miembros de familias afectadas llevan meses separados de sus cónyuges, hijos e hijas, padres y demás seres queridos, lo que constituye una violación del derecho a la vida familiar.

Las personas de nacionalidad qatarí sólo pueden viajar a otros países para ir a visitar a sus familiares si presentan un “salvoconducto” donde se especifique el motivo “humanitario” de la visita. Es un documento difícil de conseguir, y de ningún modo atenúa el impacto en los derechos humanos de las medidas impuestas de manera general y arbitraria a los ciudadanos y ciudadanas de la región desde el 5 de junio.

•    Libertad de expresión

Muchas personas de Bahréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han sido amenazadas por sus gobiernos con severas sanciones si se atreven a criticar estas medidas, lo que constituye un ataque flagrante a la libertad de expresión. Diversas personas han explicado a Amnistía Internacional que no se atreven a hablar por teléfono de la crisis con sus familiares por temor a sufrir represalias.

•    Los precios de los alimentos afectan a los trabajadores y trabajadoras migrantes

Se ha incrementado el precio de los alimentos a causa de la crisis política, con la consiguiente presión para los trabajadores y trabajadoras migrantes que tienen comprar comida con su salario mensual. Se ven afectados desproporcionadamente por la subida de los precios en comparación con el resto de la población, porque sus salarios son mucho más bajos. Tienen que decidir entre enviar menos dinero a casa o comer peor en Qatar.

Foto: ShutterStock/ Ymphotos