Han sido asesinados dos líderes reclamantes de tierras de los territorios colectivos afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó, Piedeguita y Mancilla en el Chocó por grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Habitantes de estas zonas humanitarias y de biodiversidad se sienten bajo amenaza.

El 9 de diciembre la ONG de derechos humanos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) reportó el asesinato de Hernán Bedoya, líder reclamante de tierras del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, quien venía denunciado asociaciones ilegales, contratos fraudulentos y presencia de paramilitares en la región. Paramilitares de las AGC le dispararon 14 veces, asesinándolo hacia la 1:15 pm en el caserío de Playa Roja, en el punto conocido como El Acopio. El 26 de noviembre, fue asesinado Mario Castaño Bravo, reclamante de tierras de Curvaradó, en su propia finca, ubicada en la vereda Florida, territorio de La Larga Tumaradó. Desconocidos ingresaron hasta su casa y le dispararon en repetidas ocasiones. Mario Castaño Bravo lideraba la construcción de una propuesta de reparación colectiva que incluye el reconocimiento de las comunidades como legítimos propietarios de las tierras colectivas y limita las operaciones empresariales inconsultas y que atentan contra la vida, la tierra y la dignidad de los habitantes.

Los dos líderes tenían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que consistían en solo un chaleco antibalas y un teléfono celular. Esto evidencia la falta de efectividad de las medidas de protección otorgadas por el Gobierno de Colombia y la Unidad Nacional de Protección.

Según la Comisión de Justicia y Paz, quien viene acompañado procesos colectivos en esta área del Departamento del Chocó, estos asesinatos pretenden desestabilizar los procesos colectivos de reclamación de tierras de las 13 zonas humanitarias y de biodiversidad establecidas para defender los procesos de retorno y reparación de familias que ya habían sido desplazados en los años 1990s. Los habitantes de esta zona temen que este escenario se repita. Las zonas humanitarias y de biodiversidad cuentan con medidas de protección de la Corte Constitucional Colombiana y cinco de sus líderes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ellos y muchos otros siguen siendo amenazados por el accionar de las AGC en la zona.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- Solicitando la respuesta integral del Estado ante las denuncias de las zonas humanitarias y de biodiversidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asegurando el respeto de los límites de las zonas humanitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y pidiendo que se fortalezca la presencia de la fuerza pública;

- Pidiendo que se lleven a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre los asesinatos de los dos líderes, que se hagan públicos los resultados y lleven a los responsables ante la justicia;

- Instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por organismos internacionales.

Envíen llamamientos antes del 22 de enero del 2018 a:

Presidente

En los últimos años, muchas de las personas que huyeron de sus tierras tras ser expulsadas violentamente por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido víctimas de amenazas y homicidios. Pese a las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional, la tierra no se ha devuelto a las comunidades. 

En abril de 2006 se creó la primera de las diversas “Zonas Humanitarias”: zonas delimitadas cuyos habitantes piden que las partes del conflicto respeten su decisión de no participar en las hostilidades. Estas zonas son un medio de protección, y también transmiten a las partes enfrentadas el mensaje de que sus derechos como civiles deben respetarse, exigiendo el derecho de la población civil de no ser involucrada en la confrontación.

Desde el año 2015 se han denunciado incursiones de grupos paramilitares en las zonas humanitarias y de biodiversidad del municipio de Riosucio, generando temor en las poblaciones y amenazando a los líderes y lideresas de las comunidades. La Defensoría del Pueblo ha alertado en reiteradas oportunidades sobre la vulnerabilidad de las comunidades de esta zona y el riesgo de nuevos desplazamientos colectivos. A pesar de estas alertas, la respuesta estatal aún no ha sido integral ni oportuna y los pobladores se sienten atemorizados por los grupos paramilitares.  

AU: 268/17 Índice AI: AMR 23/7588/2017 Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2017