“El ejecutivo de ningún país puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito o de estar por cometerlo” manifestó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela.

La reciente orden de liberación a favor de las 59 personas de nacionalidad colombiana detenidas desde agosto de 2016 en un galpón que funciona como cárcel improvisada por parte de la Policía Nacional Bolivariana, debe ser ejecutada de inmediato, exhortó Amnistía Internacional Venezuela.

Este dictamen de libertad emitido por un tribunal competente, y que está basado en el hecho de que no existe una acusación formal de delito alguno por parte del Ministerio Público, estaría siendo ignorado por los funcionarios encargados de la custodia alegando órdenes superiores del más alto nivel, según denuncian familiares y el abogado del grupo afectado, entre quienes se encuentra una mujer.

Estas detenciones masivas se llevaron a cabo en medio de un operativo de seguridad anunciado en cadena nacional por altas autoridades venezolanas al tiempo que esgrimían una retórica incendiaria de tipo xenófobo en la que se culpaba a los colombianos que viven en Venezuela de los graves problemas de escasez, inseguridad e inflación que afectan al país desde años recientes.

“No se puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito o de estar por cometerlo” manifestó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela.

“Las altas autoridades venezolanas deben abstenerse de discriminar a las personas migrantes y de sembrar el odio por motivos de raza u origen”.