Hoy Brasil ha sido protagonista en Ginebra del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas que comprende el período 2012-1016, en el que se han realizado recomendaciones para mejorar la deteriorada situación de derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional denuncia que Brasil muestra una cara en Naciones Unidas apoyando muchas de las recomendaciones que ha recibido de otros Estados, y otra bien distinta en el propio país encabezando una ofensiva contra estos mismos derechos.

Hoy Brasil ha sido protagonista en Ginebra del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas que comprende el período 2012-1016, en el que se han realizado recomendaciones para mejorar la deteriorada situación de derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional reconoce la buena disposición mostrada por Brasil en el exterior mostrando una buena receptividad a las recomendaciones propuestas por Naciones Unidas, pero critica que en la aplicación de estas mismas políticas en el país no muestra la misma disposición. En los últimos meses, Brasil está llevando a cabo una ofensiva contra los derechos humanos que se aprecia más de 130 proyectos legislativos que actualmente están en el Congreso y que restringen derechos como el aborto, la libertad de expresión, reunión y manifestación, perpetúan la impunidad por crímenes cometidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad, flexibilizan la legislación sobre acceso a las armas, rebajan la edad penal hasta los 16 años y disminuyen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas a sus tierras.

“En Naciones Unidas, Brasil ha apoyado recomendaciones para investigar los homicidios cometidos por la policía y prevenir los abusos de los miembros de las fuerzas de seguridad, pero el número de personas muertas durante operaciones policiales -en su mayoría jóvenes negros que viven en las favelas- se ha visto incrementado en los últimos años. Los agentes de las fuerzas de seguridad esgrimen argumentos de defensa propia para justificar el número tan elevado de muertos, pero muchas de las víctimas han fallecido por un uso excesivo e innecesario de la fuerza o, directamente, por ejecuciones extrajudiciales”, asegura Renata Neder, coordinadora de investigación y políticas de Amnistía Internacional en Brasil, desplazada a Ginebra para seguir el Examen Periódico Universal al que se ha sometido el país. Amnistía Internacional pide urgentemente que se tomen las medidas necesarias para acabar con los homicidios cometidos por la policía en Brasil.

Por otra parte, mientras Brasil ha apoyado en Naciones Unidas recomendaciones para acabar con la violencia contra los pueblos indígenas y promover sus derechos así como los de las comunidades rurales afrodesciendentes (quilombolas), dentro del propio país está promoviendo cambios legislativos que acabarían con el derecho a la tierra de estos mismos colectivos. Amnistía Internacional exige nuevamente a Brasil que rechace estos cambios legislativos y que proteja los derechos de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas.

Por último, llama la atención que, mientras Brasil apoya en Naciones Unidas las recomendaciones para proteger los derechos de los niños y las niñas, el Congreso está actualmente a punto de aprobar un proyecto legislativo que rebajaría la edad penal de los 18 a los 16 años, algo que contraviene la legislación internacional y que pone en peligro a miles de jóvenes en Brasil. Amnistía Internacional se opone frontalmente a este cambio legislativo.

“En términos generales, Amnistía Internacional pide coherencia a Brasil y que aplique en sus políticas internas las recomendaciones que acepta en el exterior. Solo así podrá avanzarse en la protección y promoción de los derechos humanos”, concluye Renata Neder.

Amnistía Internacional dio la voz de alarma el pasado 31 de julio con el lanzamiento de la campaña “Los derechos no se liquidan” para exigir que no se produzcan retrocesos en derechos humanos en el país. Algunos de estos retrocesos ya están en marcha, como los que afectan al aborto, con la eliminación de los supuestos en los que ahora es legal esta práctica, o la derogación del estatuto de desarme, que provocará que haya más armas en la calle en un país con una tasa de violencia muy elevada. Sigue siendo necesaria la movilización de la opinión pública para detener estos retrocesos.