Viernes, 08 de septiembre, 2017
La falta de identidad legal de las personas trans les condena a la marginalidad y les imposibilita acceder a servicios de salud, educación, trabajo, vivienda y prestaciones básicas en condiciones de igualdad y no discriminación además de ser causa de empobrecimiento de la sociedad y un impedimento para lograr una economía más productiva. Sin embargo existe un marco jurídico que podría aliviar este problema y que el Registro Civil venezolano debe poner en práctica
Activistas de Amnistía Internacional Venezuela hicieron entrega formal a la Comisión del Registro Civil de las 4300 firmas de personas y organizaciones en diferentes partes del Venezuela y el mundo para solicitar que se garantice de inmediato el cambio de nombre a las personas trans que así lo soliciten sin mayores requisitos que los establecidos en la ley.
En el año 2010 la Asamblea Nacional modificó el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el cual permite desde entonces a las personas cambiar su nombre a través de un procedimiento simple tal como lo establecen los estándares internacionales de acuerdo a varios Comités de las Naciones Unidas. No obstante, en la práctica, a pesar de que cientos de personas han logrado el cambio legal de su nombre en Venezuela, no se conocen casos de personas trans que hayan conseguido modificar su nombre legal a uno acorde con su identidad de género autopercibida. Ni el Registro Civil ni el Estado Venezolano pueden asegurar que cumplen con sus compromisos de inclusión, no discriminación y respeto de los derechos humanos si las funcionarias y los funcionarias del Registro Civil persisten en impedir este trámite a las personas trans.
La falta de identidad legal de las personas trans les condena a la marginalidad y les imposibilita acceder a servicios de salud, educación, trabajo, vivienda y prestaciones básicas en condiciones de igualdad y no discriminación además de ser causa de empobrecimiento de la sociedad y un impedimento para lograr una economía más productiva.
El capítulo dedicado a Venezuela del último informe de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo resalta que las organizaciones de defensa de las personas LGBTI manifestaron su preocupación por la arraigada discriminación que padece el país. En Venezuela se reciben informes constantes de casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, sin embargo los responsables rara vez comparecen ante la justicia, ya que las denuncias no se investigan ni enjuician.