Viernes, 01 de septiembre, 2017
Los enfrentamientos entre los grupos paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional y las fuerzas de seguridad del Estado continúan violando los derechos de las comunidades indígenas wounaan y embera del Chocó, en el oeste de Colombia, y con ello están generando una crisis humanitaria y de seguridad inminente.
Según informes, el 20 de agosto, a las dos menos cuarto de la tarde, tuvo lugar un enfrentamiento armado entre las fuerzas armadas colombianas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a 700 metros del territorio de la comunidad indígena wounaan en Puerto Olave, en el río San Juan. Las fuerzas de seguridad también han informado recientemente a la comunidad indígena de la presencia de minas terrestres en territorios circundantes. Según contaron organizaciones indígenas a Amnistía Internacional, este último enfrentamiento armado y la presunta presencia de minas terrestres les ha hecho temer por su seguridad.
Hacia las diez de la mañana del 22 de agosto, según informes, hubo otro enfrentamiento armado entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el interior de las comunidades de JUUN DUR (reserva indígena wounaan) y QUIPARALITO (reserva indígena embera), a orillas del río Truandó, en Riosucio, en el norte del Chocó. Ana María Mepaquito, indígena de 22 años y madre de tres hijos de corta edad, murió en el fuego cruzado. Los miembros de estas comunidades indígenas afirman que no pueden abandonar su tierra por miedo a ser detenidos en los puestos de control instalados en el río tanto por los grupos paramilitares como por el Ejército Nacional colombiano, aparte de las minas antipersonal esparcidas alrededor de sus territorios.
Además de estar confinadas en sus territorios, las poblaciones de JUUN DUR y QUIPARALITO no pueden ir a cazar, que es su principal fuente de alimentación, y el trasporte de alimentos hasta las comunidades está restringido, lo que ha generado una grave situación humanitaria. El consejo indígena del Chocó ha señalado también que las comunidades vecinas de Peñas Blancas, Jagual, Marcial y Pichindé corren peligro inminente de desplazamiento forzado debido a los enfrentamientos entre grupos armados. Por último, Amnistía Internacional continúa recibiendo informes sobre la práctica creciente del reclutamiento forzoso de jóvenes indígenas de ambos sexos en la zona.
Hasta la fecha, el gobierno colombiano no ha tomado las medidas necesarias para posibilitar la llegada de ayuda humanitaria, y sigue sin haber una presencia integral del Estado en el territorio. Más de un centenar de indígenas emberas del municipio de Riosucio, en el Chocó, se han movilizado en solidaridad y han marchado hasta Bogotá para protestar ante el palacio presidencial y exigir que el gobierno tome medidas urgentes para garantizar su vida, su dignidad y su protección.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen la llegada urgente de ayuda humanitaria a las comunidades confinadas de JUUN DUR y QUIPARALITO y que protejan a las comunidades vecinas de Peñas Blancas, Jagual, Marcial y Pichindé;
- reclamando una presencia integral del Estado en las cuencas de los ríos Truandó y San Juan que garantice protección, seguridad y libertad de circulación a las poblaciones indígenas de la zona.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 12 de octubre de 2017 A:
Presidente
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia
Correo-e: contacto@presidencia.gov.co
Tratamiento: Estimado Señor Presidente
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Yolanda Pinto
Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 4261111
Tratamiento: Estimada Señora Directora
Y copias a:
Gobernador del Chocó
Cra. 7 No. 24-76 Piso 3
Quibdo, Chocó, Colombia
Fax:+57 (4) 6738900 Ext 1
Email: gobernacion@choco.gov.co
Tratamiento: Estimado Señor Gobernador
El 16 de agosto, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la situación en el Chocó en la que expresaba su preocupación por la grave situación humanitaria en el departamento. En la primera mitad de 2017, las comunidades indígenas del Chocó denunciaron al menos dos incursiones paramilitares en sus territorios. La primera tuvo lugar el 6 de marzo y causó el desplazamiento masivo de familias y el confinamiento de comunidades cercanas en Peña Azul. La segunda tuvo lugar el 18 de abril en el territorio colectivo de Jiguamiandó, próximo a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.
En el departamento del Chocó persisten los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos selectivos de miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas, desplazamientos colectivos forzados, confinamiento de comunidades y reclutamiento forzoso de jóvenes de ambos sexos.
Los pueblos indígenas del Chocó viven expuestos a continuas amenazas y actos de violencia por parte de los grupos armados paramilitares; por ello, en 2009, la Corte Constitucional de Colombia dictó el Auto 004, en el que exhortaba al gobierno colombiano a tomar medidas, con una perspectiva étnica, para concebir y desarrollar una política pública sobre el desplazamiento forzado, con miras a proteger la vida, la libertad y la diversidad cultural, entre otros derechos.
Amnistía Internacional ya ha denunciado públicamente el aumento del número de asesinatos de dirigentes indígenas en Colombia y ha señalado las deficiencias en la aplicación del proceso de paz. “La situación de extremo peligro que afrontan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes ponen de manifiesto uno de los principales obstáculos para la aplicación del proceso de paz: la protección de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la necesidad de garantizar que estos actos deplorables no quedan sin castigo”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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