Colombia sigue sumida en dinámicas de conflicto y que actores armados legales e ilegales continúan en combate en regiones rurales y apartadas el país.

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC en noviembre de 2016 ha marcado un hito en la historia del país y de la región. En diversas oportunidades Amnistía Internacional ha reiterado que su efectiva implementación en territorios históricamente golpeados por la violencia, podría constituir una garantía para la no repetición de los crímenes, así como una forma de asegurar que no surjan generaciones futuras de víctimas.

No son pocos los desafíos para implementar lo convenido en el Acuerdo Final. Especialmente, teniendo en cuenta que Colombia sigue sumida en dinámicas de conflicto y que actores armados legales e ilegales continúan en combate en regiones rurales y apartadas el país. Si bien las cifras oficiales apuntan a una disminución de los casos de civiles muertos producto de acciones militares entre las FARC y la Fuerza Pública colombiana desde que iniciaron los diálogos hasta la firma, el panorama del conflicto en general aún está latente y, en regiones como el Pacífico, se ha recrudecido. Amnistía Internacional denuncia con preocupación la grave situación humanitaria que vive el Departamento del Chocó.

En el primer semestre del año en curso, se han denunciado al menos dos incursiones paramilitares en el territorio. La primera de ellas el 6 de marzo, que provocó un desplazamiento masivo de familias y el confinamiento de las comunidades cercanas en Peña Azul (AMR2358262017SPANISH.pdf); la segunda el 18 de abril, en que la comunidad denunció una incursión paramilitar en el territorio colectivo de Jiguamiandó, cerca de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.

En el Departamento del Chocó persisten aún los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, como asesinatos selectivos de miembros de comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamiento de comunidades y reclutamiento forzado de niños y niñas. El panorama actual es crítico. Por otra parte, con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se ha agudizado la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares en la región, poniendo en entredicho la implementación territorial del mismo.

De acuerdo a cifras de organizaciones de base y organismos internacionales con presencia en el territorio, se han presentado 21 desplazamientos colectivos recientes. Sumado a lo anterior, Amnistía Internacional advierte además el grave riesgo que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas por la instalación de minas antipersonales en sus territorios, siendo esa una seria violación del Derecho Internacional Humanitario. Tal es el caso de las lesiones sufridas por el joven indígena Wounaan Sebastián Carpio Maheche por la explosión de una mina antipersonal el día 11 de julio de 2017 en Ia comunidad de Juuin Duur, resguardo Embera Wounaan Katio de Quiparadó en el Municipio de Riosucio, Chocó.

En igual sentido, en su reciente visita al litoral de San Juan el 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó preocupación por los efectos latentes del conflicto en los derechos fundamentales de comunidades del departamento del Chocó y lamentó que aún se sientan los efectos de la violencia en este territorio sin que las autoridades respondan de manera eficiente. De adoptarse efectivamente el cese del fuego entre las fuerzas estatales y el ELN, el mismo debería contemplar garantías de protección para comunidades históricamente afectadas por el conflicto. A la vez, es perentorio que el Gobierno colombiano avance en el desmantelamiento de grupos paramilitares en la región, de forma decidida y sin dilaciones, de acuerdo a lo pactado en La Habana.

Las afectaciones por la violencia en el Departamento son dramáticas y es apremiante que las autoridades colombianas tomen medidas de prevención y protección integrales que garanticen los derechos humanos, como condición ineludible para poder construir una paz territorial, acorde con los estándares internacionales en materia de reparación y garantías de no repetición. Estas medidas individuales y colectivas, deben ser formuladas con la participación de las personas y comunidades afectadas, en reconocimiento de la centralidad de las víctimas para la implementación del Acuerdo de Paz.