El 30 de junio, varias personas sin identificar atacaron a Berta Zúñiga Cáceres, Sotero Chavarría Fúnez y José Asunción Martínez, coordinadores del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mientras regresaban por carretera al municipio La Esperanza. La seguridad de los miembros del COPINH sigue en riesgo.

El 30 de junio, varias personas sin identificar atacaron a Berta Zúñiga Cáceres, Sotero Chavarría Fúnez y José Asunción Martínez, coordinadores del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mientras regresaban por carretera al municipio La Esperanza. La seguridad de los miembros del COPINH sigue en riesgo.

El 30 de junio, Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría Fúnez y José Asunción Martínez regresaban a La Esperanza procedentes de la comunidad de Cancire, situada en el municipio de Santiago Puringla. Habían estado debatiendo estrategias con el consejo indígena para defender el territorio y el medio ambiente de esa comunidad. Algunos miembros del COPINH explicaron a Amnistía Internacional que a las 14:36, cuando circulaban por una carretera rural, un vehículo les adelantó a gran velocidad. Unos metros más adelante, el mismo vehículo se detuvo en mitad de la carretera. Tres personas armadas con machetes y el conductor salieron del vehículo y se colocaron al lado, de manera intimidatoria, intentando golpear con los machetes el vehículo en el que viajaban los defensores y la defensora. El conductor del COPINH pudo sortearlos, pero uno de los hombres armados les lanzó una piedra que golpeó el parabrisas del vehículo. Unos minutos más tarde, el mismo vehículo de los agresores, en el que sólo viajaba el conductor, volvió a adelantar al automóvil del COPINH y trató de sacarlo de la carretera. El vehículo de los agresores siguió circulando delante del automóvil del COPINH a menos velocidad. Los miembros del COPINH lograron burlar a su agresor al llegar a una zona urbana.

Sotero Chavarría Fúnez informó a Amnistía Internacional de que, unos días antes, dos desconocidos habían preguntado sobre su paradero en su ciudad natal. En junio, unos desconocidos trataron de secuestrar a la madre de sus hijos en un vehículo. El 21 de junio, COPINH denunció que un desconocido había amenazado con una pistola a Francisco Javier Sánchez —otro coordinador— mientras éste trabajaba la tierra, y le había dicho que iba a matar a sus hijos.

Información complementaria

Los miembros del COPINH y los familiares de Berta Cáceres, incluida su hija Berta Zúñiga Cáceres, han estado sufriendo acoso y ataques desde que la líder y cofundadora del COPINH muriera por arma de fuego el 2 de marzo de 2016 en su casa de la ciudad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.

El 8 de marzo de 2016, en San Francisco de Lempira (suroeste del país), cuatro hombres armados vestidos de civil que viajaban en dos vehículos sin placas de matrícula aparcaron junto a las instalaciones de una emisora de radio comunitaria y fotografiaron a las personas que entraban y salían. Uno de los hombres armados amenazó a un trabajador de la radio, le quitó el teléfono y borró las fotografías que el trabajador había tomado para dejar constancia del incidente. Esa misma semana, varios miembros de la comunidad vieron a otros hombres que circulaban en automóviles sin placas de matrícula en torno a la casa de Aureliano Molina y trataron, sin éxito, de irrumpir en ella. El 11 de marzo, en La Esperanza, varios miembros del COPINH denunciaron haber visto a unos hombres no identificados vigilando la Casa de Sanación y Justicia (una casa refugio para mujeres) y el Centro Utopía (un centro comunitario). Un automóvil estuvo varios minutos delante de la entrada del Centro Utopía a altas horas de la noche. Ese mismo día, los agentes de policía fotografiaron a las personas que participaban en las manifestaciones públicas celebradas en varias ciudades del país para pedir justicia para Berta Cáceres. Un hombre armado vestido de civil siguió a una de las hijas de Berta Cáceres en un centro comercial de la capital del país, Tegucigalpa.

El 13 de julio de 2016, las oficinas de la organización hondureña Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) sufrieron un robo. La persona que lo cometió se llevó ordenadores con información delicada sobre casos destacados que la organización representa, incluido el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres (más información en https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/4453/2016/es/).

El 31 de enero de 2017, la organización internacional Global Witness presentó un nuevo informe sobre la situación de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. El fin de semana anterior había empezado a circular en las redes sociales un cartel en el que se acusaba a los miembros de las organizaciones hondureñas Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y COPINH, así como a Global Witness, de desacreditar al país, ser aliadas de grupos radicales y financiar campañas de difamación contra Honduras(más información en https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/5613/2017/es/).

COPINH lleva más de 20 años luchando por los derechos de los pueblos indígenas lencas. Desde 2011, los integrantes de la organización hacen campaña por su derecho al consentimiento libre, previo e informado respecto a la propuesta de una planta hidroeléctrica que podría obligar a las comunidades a abandonar sus tierras ancestrales. Los miembros del COPINH siguen sufriendo amenazas y acoso en relación con su trabajo. Pese a que Berta Cáceres sufrió durante años amenazas y acoso en relación con su trabajo de derechos humanos —a consecuencia de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor—, la investigación sobre su muerte prácticamente no ha avanzado hasta el momento. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que garantice que se pongan a disposición las pruebas para que las partes implicadas en el caso puedan ejercer sus derechos y para que pueda llevarse a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato (véase Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres, https://www.amnesty.org/es/documents/amr37/6335/2017/es/).