La crisis de apatridia que afecta a la República Dominicana desde 2013 ha puesto de manifiesto el enorme impacto de las políticas discriminatorias en la vida y los derechos de las personas. El país que muchos consideraban antaño un paraíso tropical se ha convertido en hogar de la mayor población apátrida de América.

Hoy hace tres años que las autoridades de la República Dominicana aprobaron una ley para abordar una crisis de apatridia que ha despojado de hecho a miles de personas de la nacionalidad dominicana y, con ella, de toda una serie de derechos humanos.

La crisis estalló en 2013, tras una sentencia de la máxima instancia judicial de la República Dominicana que se aplicó con efectos retroactivos a todas las personas nacidas después de 1929 de padres sin documentación. En la práctica, esto afectó de forma desproporcionada a las personas dominicanas de origen haitiano en una isla que comparten dos países: Haití y la República Dominicana.

Esto provocó la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano, una crisis en la que cuatro generaciones de personas fueron borradas legalmente del mapa y convertidas en ciudadanos y ciudadanas fantasmas sin derechos ni futuro, sin poder matricularse en la escuela ni solicitar un empleo normal, y con dificultades para ver a un médico. Se desencadenó un clamor internacional.

En respuesta, el Congreso aprobó en 2014 la Ley 169-14, que dividía a las personas en varias categorías.

El grupo A abarcaba a unas 55.000 personas nacidas en la República Dominicana cuyo nacimiento se inscribió en el registro civil, a las que no obstante se les había privado de su nacionalidad en aplicación de la sentencia judicial.

Según los datos más recientes disponibles, hasta la fecha, 12.000 de ellas han podido recuperar sus documentos de identidad dominicanos. Sin embargo, algunos informes indican que se están cancelando los certificados de nacimiento originales de algunas de estas personas y que se están trasladando sus casos a otro registro civil, lo que está creando el caos y suscita el temor de posibles prácticas discriminatorias en el futuro.

El grupo B abarca a las personas nacidas en la República Dominicana cuyo nacimiento nunca se inscribió. Entre julio de 2014 y febrero de 2015 se puso en marcha un plan, conocido como Plan de Naturalización, para proporcionar a este grupo una vía a la naturalización.

El gobierno afirmó que sólo pudieron inscribirse 8.755 personas de un total, según cálculos oficiales, de 53.000 personas que podrían pertenecer a este grupo. En aplicación de la Ley de 2014, tenían que esperar dos años para que se iniciara el proceso de naturalización. El plazo expirará pronto y aún no sabemos cuántos expedientes se han aprobado ni si continuará el proceso. El proceso de naturalización ordinario vigente exige la presentación de un pasaporte y un certificado de nacimiento del país de origen, y no está claro si se les devolverá la nacionalidad ni de qué forma se hará. Huelga decir que las personas apátridas carecen de estos documentos y las autoridades no han ofrecido ninguna solución a esto.

Para el 84% de personas del grupo B que no pudieron inscribirse, la situación es dramática. Muchas de ellas continúan siendo apátridas, lo que significa que no pueden seguir adelante con su vida. Sus posibilidades de estudiar son limitadas, afrontan enormes obstáculos para acceder a los servicios de salud y no pueden trabajar legalmente ni viajar con libertad dentro y fuera de su país.

En la actualidad no disponen de ninguna vía para recuperar la nacionalidad dominicana.

En 2014, el presidente Medina mostró valentía y una gran voluntad política al presentar la Ley de Naturalización. Pero el plan no ha servido para resolver esta crisis urgente y no cumplía las obligaciones contraídas por la República Dominicana en virtud del derecho internacional. El año pasado, Medina fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años, lo que ofrece una nueva oportunidad de poner fin a la mayor crisis de apatridia de este continente.

Las autoridades de la República Dominicana deben actuar con urgencia y entregar documentos de identidad a todas las personas del grupo A, facilitar de inmediato la devolución de la nacionalidad a las 8.755 personas del grupo B mediante un proceso acelerado, y ofrecer una vía clara y sencilla para recuperar la nacionalidad a las personas que no pudieron beneficiarse del Plan de Naturalización y que fueron identificadas con anterioridad con la ayuda del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.

También deberían establecer un mecanismo independiente en el que participasen organizaciones dominicanas de derechos humanos encargado de supervisar estos procesos. Al finalizar este año, el mecanismo debería poder presentar una primera evaluación independiente de las iniciativas que se han puesto en marcha desde 2013 para abordar la crisis de apatridia, incluida la formulación de recomendaciones concretas a las autoridades para devolver la nacionalidad a las personas afectadas y prevenir restricciones arbitrarias del derecho a la nacionalidad en el futuro.

La crisis de apatridia que afecta a la República Dominicana desde 2013 ha puesto de manifiesto el enorme impacto de las políticas discriminatorias en la vida y los derechos de las personas. El país que muchos consideraban antaño un paraíso tropical se ha convertido en hogar de la mayor población apátrida de América.

¿Por qué insisten las autoridades dominicanas en impedir que la juventud del país vaya a la universidad y se integre en la sociedad, y en negar el derecho a recibir la atención médica debida a quienes la necesitan? ¿Por qué insisten en atrapar en una pobreza interminable a personas que ya están excluidas y marginadas, y en impedir que todas las personas apátridas puedan realizarse como personas y contribuir a que su país avance hacia el progreso?

Tres años después de la aprobación de la Ley 169, hacen falta muchas más medidas para resolver la crisis de apatridia que sigue afectando a miles de personas en la República Dominicana. Los líderes políticos y todos los sectores de la sociedad de este país deben estar dispuestos a actuar ya. La hoja de ruta mencionada puede ser el primer paso para poner fin a esta crisis y garantizar los derechos de todas las personas en el país.

Este artículo se publicó originalmente en IPS.

Por Robin Guittard, Caribbean campaigner at Amnesty International