Peace River Valley o el Valle del Río de la Paz es una localidad en la Columbia Británica de Canadá que alberga desde hace siglos a uno de los pueblos indígenas más conservadores de la provincia, los derechos de sus habitantes se encuentran amenazados por la construcción de una represa hidroeléctrica, lo que generaría inundaciones en todo el valle. Existen muchas opciones en cuanto a puntos para construir la represión, sin embargo, según un estudio del gobierno, construirla en el sitio C del valle, generar el presupuesto más económico, dejando atrás el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

Dos cosas deben ser dichas por adelantado sobre el lugar escogido en el Valle del Río de la Paz (llamado el "sitio C") para la construcción de la gran represa de la Columbia Británica.

La primera es que las inundaciones a más de 100 km del Valle del Río de la Paz y sus afluentes, serán profundamente perjudicial para la vida y el bienestar de los pueblos indígenas al noroeste de la Columbia Británica, es por esto que ha habido una fuerte oposición a la construcción de la represa por parte de la organización Treaty 8 First Nations 

El Valle del Río de la Paz es un ecosistema único de plantas y poblaciones de animales, cruciales para las organizaciones ambientalistas canadienses. También allí están ubicadas innumerables tumbas y lugares históricos. Además de eso, el valle es también una de las pocas áreas en el noreste que han sido protegidos en gran parte de los impactos del desarrollo de los recursos generalizados en la región. El panel independiente que lleva a cabo la evaluación ambiental del "sitio C" en nombre de los Gobiernos Federales y Provinciales llamó a estos impactos severos; "permanentes e irreversibles".

El segundo punto es que siempre ha habido alternativas. El gobierno de la Columbia Británica ha promovido el "sitio C" como fuente de electricidad y un creador directo de puestos de trabajo. Estos mismos objetivos también podrían ser satisfechos a través de una combinación de tecnologías a partir de la energía solar y o geotérmica, así como a través de nuevas inversiones en ahorro de energía. El "sitio C" no fue elegido porque era la única opción, pero sí debido a que la empresa de energía provincial de la Columbia Británica afirmó que era la opción menos costosa.

En otras palabras, los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los tratados, la Constitución y el derecho internacional; están siendo sacrificados en el nombre de ahorro de costos. Las afirmaciones de la provincia sobre la necesidad de generar electricidad en esta escala y la afirmación de que una presa hidroeléctrica masiva es la forma más eficaz de hacerlo, han sido puestas en duda.

Nuevo estudio cuestiona la 'justificación' económica del "sitio C"

Un estudio detallado por un grupo de expertos académicos independientes publicado la semana pasada, dice que las ventajas de costo de la represa se han exagerado y que la prisa por la construcción de la misma en realidad sólo busca disminuir la capacidad de los excedentes de producción que la Columbia Británica se verá obligada a vender a precio de pérdida de al menos una década.

El informe recomienda suspender de forma INMEDIATA la construcción de la represa, una medida que dice en última instancia, ahorrar el dinero de la provincia y capacitar a la longitud de los brazos de la Comisión de Servicios de la localidad para examinar los reclamos en disputa acerca de las necesidades de energía y la rentabilidad de un proyecto para una represa grande.

La autora principal del nuevo informe; la doctora Karen Bakker, Directora del Programa de Gobierno de las aguas de la Universidad de Columbia Británica lo expresó así: “Este es el proyecto de infraestructura más grande de esta generación, por lo que los riesgos si lo hacemos mal, son altos…. De hecho, tenemos una gran oportunidad de utilizar el sentido común, hacer un análisis sobrio, pensarlo dos veces, es realmente crítico para la provincia hacer eso en este momento“.

Esto por cierto, es la misma recomendación hecha por el panel federal y la opinión ciudadana de la provincia en general. Ese panel también había marcado preguntas sin resolver acerca de la necesidad de una represa y su eventual costo aún antes de que los Gobiernos Federales y Provinciales decidieran oficialmente que los impactos destructivos eran “justificados” por los futuros beneficios.

Los Gobiernos Federales y Provinciales ambos tienen el poder de poner el proyecto en espera mediante la retirada o suspensión de permisos. Críticamente, hacerlo ahora sería dar tiempo a los asuntos pendientes de violaciones del tratado, para que se resuelva de manera justa antes de que la represa realmente llegue al punto de no retorno en el que ya no se puedan proteger estos derechos.

Sin duda en el siglo 21, entre los que se han comprometido públicamente a la reconciliación, no hay etiqueta de precio que se puede poner en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.