El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la  defensa de los derechos humanos Máxima Acuña Atalaya  es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional. 

Tras casi cinco años de un proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar para continuar con el juicio por usurpación contra la defensa.

“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.” 

Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú. 

El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Información Complementaria

A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevó a cabo el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la  estigmatización  de Máxima Acción como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirió a sus actividades como "invasiones" durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.