Miércoles, 19 de abril, 2017
Pobladores de Puerto Lleras del territorio colectivo de Jiguamiandó, Departamento Chocó, denuncian amenazas e incursión paramilitar cerca de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, poniendo en riesgo a todos sus habitantes.
El 15 de abril la ONG de derechos humanos Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) reportó el ingreso de un número indeterminado de paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), al caserío de Puerto Lleras, territorio colectivo de Jiguamiandó, Departamento Chocó, noroeste de Colombia. De acuerdo con la ONG, estas personas reunieron a la comunidad y les informaron que van a ejercer control en las zonas que antiguamente ocupaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que no dejarán que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) haga presencia en este territorio.
La CIJP informó que los paramilitares ofrecen la suma de COP 800,000 (aproximadamente $280 USD) a aquellos que quieran unirse al grupo y ordenaron a la comunidad la siembra de coca en su territorio. Anunciaron además, que están esperando el ingreso de 100 hombres adicionales provenientes de Pavarandó, quienes se dirigirían hacia el caserío de Pueblo Nuevo que es una Zona Humanitaria. De acuerdo a la CIJP no se reportan acciones concretas por parte de las Fuerzas Militares presentes alrededor de estas zonas, sino que por el contrario, los grupos paramilitares han podido transitar sin ningún problema por el territorio.
Las Zonas Humanitarias del resguardo Uradá Jiguamiandó, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza cuentan con medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional colombiana, a pesar de esto, ellos reportan que incursiones de grupos paramilitares persisten y se han agravado desde inicios del mes de marzo de 2017. Adicionalmente, líderes comunitarios de Jiguamiandó han denunciado amenazas en marzo de este año, entre ellos Manuel Denis Blandón, Melkin Romaña, Romualdo Salcedo, Félix Álvarado, Erasmo y Benjamín Sierra y el líder indígena Argemiro Bailarín.
Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:
1.- Solicitando la respuesta integral del Estado ante las denuncias de las comunidades del territorio colectivo de Jiguamiandó, asegurando el respeto de los límites de las Zonas Humanitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y pidiendo que se fortalezca la presencia de autoridades;
2.- Reiterando que se deben respetar las Zonas Humanitarias y brindar las garantías de seguridad para sus líderes y lideresas, en cumplimiento de lo acordado en el punto de víctimas del Acuerdo de Paz con las FARC, garantizando la no repetición de hechos violentos en sus comunidades y respetando sus derechos humanos;
3.- Instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por organismos internacionales.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE MAYO DE 2017 A:
Presidente
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia
Correo: contacto@presidencia.gov.co
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Director Unidad Nacional de Protección
Diego Fernando Mora
Calle 63 N. 14-97
Bogotá D. C., Colombia
Correo-e: correspondencia@unp.gov.co
Tratamiento: Sr. Director UNP
Defensor del Pueblo
Señor Carlos Alfonso Negret
Carrera 9 Núm.16 – 21
Bogotá D. C., Colombia
Correo-e: asuntosdefensor@defensoria.gov.co
Tratamiento: Sr. Defensor del Pueblo
Información complementaria
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) viene trabajando con las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven en la zona de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el proceso de reclamación de sus territorios. En esas zonas, los paramilitares vienen ocupando las tierras de algunas comunidades afrodescendientes e indígenas desde el año 2005.
En los últimos años, muchas de las personas que huyeron de sus tierras tras ser expulsadas violentamente por los paramilitares y las fuerzas de seguridad a finales de la década de 1990 han regresado a las comunidades de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han tratado de defender su derecho a la tierra y de impedir la expansión de plantaciones ilegales de palma africana y otras actividades económicas en su territorio. A consecuencia de ello, muchos de sus miembros han sido víctimas de amenazas y homicidios. Pese a las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional, la tierra no se ha devuelto a las comunidades.
En abril de 2006 se creó la primera de las diversas “Zonas Humanitarias”: zonas delimitadas cuyos habitantes piden que las partes del conflicto respeten su decisión de no participar en las hostilidades. Estas zonas son un medio de protección, y también transmiten a las partes enfrentadas el mensaje de que sus derechos como civiles deben respetarse. En la cuenca del río Jiguamiandó se ubican las Zonas Humanitarias del resguardo Urada Jiguamiandó, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, que han exigido el derecho de la población civil de no ser involucrada en la confrontación.
Desde el año 2015 se han denunciado incursiones de grupos paramilitares en la zona, generando temor en las poblaciones y amenazando a los líderes y lideresas de las comunidades. La Defensoría del Pueblo en su último informe de riesgo identifica en especial situación de líderes étnico-territoriales, autoridades indígenas, procesos organizativos reivindicatorios de derechos sociales, principalmente en las zonas rurales de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Nuquí y Juradó. Desde el 5 de marzo de 2017, se han registrado dos homicidios contra líderes sociales, una dinámica de expansión y fortalecimiento del ELN hacia zonas que en el pasado fueron controladas por las FARC, como también un incremento del pie de fuerza de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En entrevista a un medio local el 17 de abril, la Defensoría advierte que el conflicto en el Chocó se ha incrementado en los últimos veces dejando a su paso más de 2000 afectados, un secuestro diario y que 20 de los 30 municipios del departamento se encuentra en situación de riesgo por cuenta la lucha territorial de los actores armados.
Ilustración de Shutterstock.com