Amnistía Internacional ha denunciado ante el mundo la falta de voluntad política del gobierno venezolano para lograr justicia por estos acontecimientos que se encuentran en total impunidad.

Hace tres años los ojos del mundo estaban puestos sobre Venezuela, las fuerzas del orden público del gobierno ganaron un lamentable protagonismo haciendo un uso excesivo de la fuerza. El saldo fue un sin número de personas detenidas arbitrariamente, torturadas y otras 43 que perdieron la vida a causa de diferentes incidentes violentos. Amnistía Internacional ha denunciado ante el mundo la falta de voluntad política del gobierno venezolano para lograr justicia por estos acontecimientos que se encuentran en total impunidad. “Mientras la inmensa mayoría de quienes cometieron violaciones de derechos humanos siguen sin rendir cuentas ante la justicia, decenas de personas todavía enfrentan cargos por delitos supuestamente relacionados con las protestas”.[1]

Para el Coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Rafael Uzcátegui, el 12 de febrero fue un momento álgido que se originó por una serie de manifestaciones que nacieron en el interior del país, principalmente, por la grave situación de inseguridad y escasez de alimentos y medicina que padecía y continúa padeciendo la ciudadanía venezolana.

“Debido a la incapacidad del gobierno de dar oportuna respuesta los altos índices de crímenes y delitos, las protestas comenzaron a expandirse por diferentes universidades importantes como las del Táchira, Mérida, Lara y Zulia. Todas ellas fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, lo que dio más fuerza para que el 12 de febrero se convocaran a diferentes manifestaciones a nivel nacional en rechazo a la fuerte represión y las políticas sociales erradas del gobierno”.

El representante de Provea destacó que ese día ocurrió algo nuevo en la forma de manifestar de los venezolanos que se visibilizó con la movilización importante en 12 ciudades diferentes, que terminó con el saldo lamentable de tres personas fallecidas en la manifestación de Caracas por la acción desproporcionada de organismos de seguridad del Estado y grupos civiles armados afectos al gobierno. “La responsabilidad de estas primeras muertes es totalmente adjudicable al Estado”.

En ese momento, las autoridades atribuyeron la responsabilidad de los fallecidos a los mismos manifestantes, situación que maximizó la indignación popular y propició un caldo de cultivo para que se generalizara la violencia en las siguientes semanas y se produjeran muchas más muertes.

Según Pedro Benítez, profesor de historia económica de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Fundación Rómulo Betancourt, la magnitud de las protestas del 12 de febrero de 2014 podrían compararse con otra gran manifestación ocurrida en el país la misma fecha, pero del año 1936.

“Guardando las distancias, a mediados de los años 30 en Venezuela había una gran intranquilidad social y presión para que el gobierno del presidente Eleazar López Contreras, sucesor del general Gómez, diera más libertadas políticas. Para esa época, Caracas tenía no más de 200 mil habitantes y algunos cronistas relatan que alrededor de 70 mil personas salieron a protestar. Para Manuel Caballero ese fue el inicio de la sociedad democrática en Venezuela porque en ese momento el venezolano empezó a tener más conciencia de los deberes de quienes los estaba gobernando”.

Evidentemente después de los sucesos de febrero de 2014 hubo una desvinculación y una ruptura emocional entre los ciudadanos y sus gobernantes, ya que las actuaciones de las autoridades convenció a un sector importante de la población que el gobierno usa mecanismos de represión para mantenerse en el poder, alejándose totalmente de las formas democráticas, afirmó Benítez.

El derecho a la protesta cada vez más debilitado

Luego de las manifestaciones del 12 de febrero, quedó en evidencia que el ejercicio del derecho a la protesta pacífica se encuentra vulnerado, ya que no existe respeto ni una respuesta por parte de las diferentes instituciones estatales que se apegue cabalmente al respeto de los derechos humanos.

Uzcateguí denuncia el posible uso de la impunidad como herramienta política por parte del Estado, ya que después de tres años la mayoría de los casos de las 43 personas fallecidas según el Ministerio Público, continúan sin ningún tipo de sentencia judicial, lo cual genera un clima de más desconfianza ante la efectividad de los entes gubernamentales. Igualmente, afirma que durante las manifestaciones de 2014 se terminaron de evidenciar patrones que han venido ocurriendo a través del tiempo, tal es el caso de la actuación parapolicial de grupos civiles participando en labores de control de manifestaciones. La violación al debido proceso fue otro factor transgresor en el marco de estas protestas. “Muchas de las personas que fueron detenidas no les permitían ver a sus abogados, ni recibir visitas; sus familiares no eran informados sobre el lugar de reclusión y los detenidos permanecían más de 48 horas privados de libertad sin ser presentados ante tribunales”. Este tipo de actuaciones de los cuerpos de seguridad pudo haber propiciado torturas.

El Ministerio Publico asegura que muchos de estos casos están resueltos desde el punto de vista científico judicial con la determinación de los presuntos responsables, pero los tribunales no terminan de emitir una sentencia.

Finalmente, Uzcateguí denuncia el uso de la memoria de las personas que perdieron la vida durante estas protestas como elementos para generar propaganda política a favor del gobierno actual y también para infundir temor en las personas que deseen protestar a futuro. “El despliegue y desproporcionado uso de la fuerza policial y militar se han convertido en una estrategia para las personas se cohíban a participar en manifestaciones públicas”.

Por su parte, Benítez afirmó que en las últimas dos décadas el gobierno ha aplicado una estrategia de control social compuesta por la represión, la contención, el infundir miedo y el discurso de odio. “Vemos como en la mayoría de los países democráticos se hacen marchas y concentraciones alrededor de los entes públicos, mientras que en Venezuela en los últimos años sus ciudadanos no se les permite manifestar cerca de los organismos del Estado ni mucho menos cumplir la ruta de movilización. Si lo intentan, las fuerzas del orden público los suprimen automáticamente”.

Lo que no deberían volver a ocurrir después del 12 de febrero

Para el coordinador general de Provea estos son los aspectos que no deben ocurrir en próximas manifestaciones:

1. La presencia de armas de fuego por parte de funcionarios policiales y militares en manifestaciones pacíficas.

2. Las autoridades no deberían determinar responsabilidades en casos sin que existan las averiguaciones pertinentes por parte de los organismos encargados para tal fin.

3. No debería ocurrir otra hegemonía comunicación que le impida a la ciudadanía informase de lo que realmente está ocurriendo.

4. Deben evitarse las violaciones al debido proceso que produjeron las desapariciones de muchas personas que fueron detenidas sin que sus abogados o familiares conocieran al menos el lugar donde la persona fue recluida.

5. Actuación arbitraria por parte de funcionarios de Estado en contra de personas detenidas, especialmente, aplicando torturas y malos tratos.

Reparación a las víctimas y libertad de protesta

La formación de una Comisión de la Verdad sin parcialidades políticas que propicie las investigaciones pertinentes para dar con los verdaderos responsables es uno de los elementos más importantes para poder otorgar reparación integral a las víctimas de estas protestas, indicó Uzcátegui.

“Las violaciones de derechos humanos no prescriben en el tiempo así que, tarde o temprano, será importante establecer un mecanismo de este tipo para poder obtener justicia”.

Por otro lado, ningún gobierno del mundo debe reprimir las voces que exigen el cumplimiento de algún derecho, más bien debe crear mecanismos para que esas exigencias sean escuchadas para aplicar una solución al problema de manera oportuna y eficaz, insistió el representante de Provea.

Es preciso que la Defensoría del Pueblo encamine sus acciones en velar porque los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados y más si el clamor se convierte en una necesidad masiva que decante en una protesta.

POR DANIELA DAMIANO @AMNISTIA

Foto: GMEVIPHOTO/ShutterStock

[1] Amnistía Internacional. VENEZUELA: DOS AÑOS DESPUÉS DE LAS PROTESTAS, LAS VICTIMAS AÚN ESPERAN JUSTICIA. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/3429/2016/es/