Alrededor de 1.200 hombres, mujeres, niños y niñas que buscaban refugio en Australia y fueron trasladados por la fuerza a la remota isla nación de Nauru, en el Pacífico, sufren abusos graves, trato inhumano y negligencia, han afirmado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Alrededor de 1.200 hombres, mujeres, niños y niñas que buscaban refugio en Australia y fueron trasladados por la fuerza a la remota isla nación de Nauru, en el Pacífico, sufren abusos graves, trato inhumano y negligencia, han afirmado hoy Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

La inacción del gobierno de Australia a la hora de abordar abusos graves parece una política deliberada para disuadir de la llegada al país en barco a nuevos solicitantes de asilo. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que están en Nauru, la mayoría de las cuales lleva recluida en la isla tres años, sufren habitualmente la negligencia de los profesionales sanitarios y de otros proveedores de servicios contratados por el gobierno australiano, así como agresiones a manos de los lugareños.

Soportan demoras innecesarias en el acceso a la atención médica, y en ocasiones se les niega, incluso para afecciones potencialmente mortales. Muchas tienen problemas graves de salud mental y sentimientos abrumadores de desesperación; las autolesiones y los intentos de suicidio son frecuentes. Todas afrontan una prolongada incertidumbre sobre su futuro.

“La política de Australia de exiliar a los solicitantes de asilo que llegan en barco es de una crueldad extrema”, afirmó Anna Neistat, directora general de investigación en Amnistía Internacional, que llevó a cabo la investigación en la isla para la organización.

“Pocos países han ido tan lejos para infligir sufrimiento deliberadamente a personas que buscan seguridad y libertad.”

Las autoridades australianas conocen perfectamente los abusos que se cometen en Nauru. La Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un Comité Selecto del Senado y un experto independiente nombrado por el gobierno han puesto de relieve muchas de estas prácticas y han pedido al gobierno que las modifique.

Una medida política

La persistente inacción del gobierno de Australia a la hora de abordar los abusos que se cometen bajo su autoridad en Nauru indica claramente que estos abusos son adoptados o tolerados como medida política.

Al trasladar por la fuerza a Nauru a personas refugiadas y solicitantes de asilo, detenerlas durante periodos prolongados en condiciones inhumanas, negarles la atención médica adecuada y estructurar sus actuaciones de forma que muchas sufran un deterioro grave de su salud mental, el gobierno australiano viola el derecho a no ser sometido a tortura y otros malos tratos ni a detención arbitraria, así como otras garantías fundamentales, han declarado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

“El trato atroz que está infligiendo Australia a los refugiados en Nauru desde hace tres años tiene un enorme impacto en su bienestar”, dijo Michael Bochenek, asesor principal sobre Derechos de la Infancia de Human Rights Watch, que realizó la investigación en la isla para la organización.

“Parece que uno de los objetivos de Australia en Nauru es llevar al límite a los refugiados adultos, e incluso a los menores, con abusos constantes.”

Australia y Nauru imponen un estricto secreto al trato que se da a los solicitantes de asilo en Nauru y rechazan la mayoría de las peticiones de visita de periodistas e investigadores. Sin embargo, una investigadora de Amnistía Internacional y un investigador de Human Rights Watch pudieron entrar legalmente en Nauru y permanecer allí un total de 12 días en julio de 2016. Cuando cumplimentaron los trámites de entrada no se les preguntó por su pertenencia a organizaciones.

Los investigadores entrevistaron a 84 personas refugiadas y solicitantes de asilo de Irán, Irak, Pakistán, Somalia, Bangladesh, Kuwait y Afganistán, entre las cuales había también kurdos apátridas que vivían en Irán o Irak. Veintinueve de ellas eran mujeres. Cinco eran niñas y cuatro, niños. También entrevistaron a varios proveedores de servicios, que accedieron a facilitar información pese a que podrían ser enjuiciados por hacerlo.

Nauru, una isla diminuta y empobrecida de 21 kilómetros cuadrados (ocho millas cuadradas) es más pequeña que el aeropuerto de Melbourne. Tiene una población de 10.000 habitantes. El interior de la isla, devastado por 40 años de extracciones de fosfato, es en su mayor parte inhabitable e incultivable. Las oportunidades de empleo son escasas, y los servicios básicos, como los relativos a la salud y la educación, en gran medida insuficientes.

Australia lleva trasladando por la fuerza a familias con hijos, menores no acompañados y hombres y mujeres solteros a Nauru desde septiembre de 2012 en virtud de memorandos de entendimientosuscritos entre los dos países. Australia acordó hacerse cargo de todos los costes asociados a la detención fuera de su territorio y a la tramitación extraterritorial de las solicitudes de protección internacional de solicitantes de asilo y refugiados.

El gobierno australiano dedicó 415 millones de dólares australianos (314 millones de dólares estadounidenses) a sus operaciones en Nauru en el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de abril de 2015, casi 350.000 dólares estadounidenses por cada persona recluida en la isla solamente ese año.

Condiciones deplorables

Las personas trasladadas a Nauru pasaban inicialmente un año o más en pequeñas tiendas de vinilo en un centro de detención llamado Centro de Regional de Tramitación (RPC), con temperaturas en el interior que llegaban habitualmente a los 45°C o 50°C (113°F a 122°F), lluvias torrenciales e inundaciones.

Los refugiados y solicitantes de asilo calificaron las condiciones de estos campos de detención de “carcelarias”, con registros periódicos de sus tiendas a manos de los guardias, la confiscación de artículos “prohibidos” —como comida y agujas de coser—, duchas de dos minutos y letrinas inmundas.

El RPC está gestionado por una empresa privada contratada por el gobierno australiano, que tiene el control efectivo del centro y es responsable de garantizar la salud y el bienestar de los solicitantes de asilo detenidos.

Australia comparte con Nauru la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos cometidas contra refugiados, refugiadas y solicitantes de asilo. Las personas a las que ambos gobiernos reconocen como refugiadas suelen ser alojadas en campos abiertos u otros lugares de la isla.

A las familias se les asignan generalmente unidades prefabricadas o contenedores convertidos, y los hombres solteros son alojados en habitaciones donde sólo hay espacio para una cama y una pequeña balda. Alrededor de un tercio de los 1.200 refugiados y solicitantes de asilo de Nauru siguen viviendo en las tiendas, dijeron las personas entrevistadas.

Desde octubre de 2015, Nauru permite a los solicitantes de asilo una mayor libertad de circulación en la isla, medida que se interpreta como respuesta a las demandas judiciales presentadas en Australia contra la legalidad de la detención de solicitantes de asilo. Pero quienes siguen viviendo en las tiendas continúan sometidos a toques de queda, no pueden introducir teléfonos inteligentes en el centro, están vigilados por guardias y sufren otras restricciones a su libertad.

La detención prolongada en condiciones deplorables ha exacerbado el trauma que muchos sufrieron debido a la persecución en sus países de origen y a los abusos y otros peligros que afrontaron en su viaje a Australia, como han concluido, entre otros, la Comisión Australiana de Derechos Humanos y elACNUR.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo entrevistadas dijeron que habían empezado a padecer ansiedad severa, insomnio, cambios de humor, depresión prolongada y pérdidas de memoria a corto plazo en la isla. Los menores habían empezado a mojar la cama, tenían pesadillas y mostraban conductas problemáticas y preocupantes. Tanto adultos como menores dijeron abiertamente que habían deseado poner fin a su vida. Sin embargo, los refugiados de Nauru no reciben apoyo adecuado ni tratamiento de salud mental.

El nivel de la atención médica para las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru es también deficiente. Los equipos médicos son rudimentarios y no se dispone normalmente de atención médica especializada. Los servicios dentales se limitan en gran medida a la extracción de dientes.

Los refugiados y solicitantes de asilo dijeron que había largas demoras para ver a especialistas por enfermedades graves o para ser trasladados a centros médicos fuera de Nauru a fin de recibir una atención no disponible en la isla. Según las nuevas políticas, las personas que son trasladadas a Australia para ser atendidas deben viajar sin su familia en la mayoría de los casos, en un intento evidente de obligarlas a regresar a Nauru.

Cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch expusieron estos motivos de preocupación sobre la atención médica a International Health and Medical Services (IHMS), la empresa contratada por el gobierno australiano para prestar servicios médicos en Nauru, su personal directivo negó que la atención fuera deficiente.

La seguridad física de los detenidos en Nauru suscita gran preocupación, han declarado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Muchos solicitantes de asilo han sido víctimas de palizas y robos. Todas las mujeres entrevistadas dijeron que no podían salir solas. Según los entrevistados, la policía local hacía poco o nada para investigar los ataques que sufrían.

Los menores que iban a las escuelas locales afirmaron que sufrían con frecuencia acoso y hostigamiento a manos de los alumnos nauruanos, que les dicen que se vuelvan a sus países de origen. Muchos han dejado de ir a clase por completo. Algunos refugiados y solicitantes de asilo dijeron que los abusos que soportaban apenas les dejaban otra opción que aceptar o pedir el regreso a países donde corren un riesgo real de persecución o de sufrir otros daños graves.

El gobierno australiano debe reubicar inmediatamente a los refugiados en Australia y cerrar el centro de tramitación de ultramar de Nauru. Mientras los refugiados y solicitantes de asilo permanezcan en Nauru, Australia debe garantizar que reciben una atención médica y de salud mental de calidad. Nauru debe permitir el acceso a la isla de observadores independientes de derechos humanos y periodistas, y Australia debe hacer lo mismo respecto de sus “centros de tramitación” para solicitantes de asilo.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y TESTIMONIOS

Un muro de secreto

La operación en ultramar del gobierno australiano en Nauru está rodeada de un muro de secreto y tanto Australia como Nauru hacen todo lo posible para impedir que salga información de la isla. Los proveedores de servicios y otras personas que trabajan en la isla pueden ser acusados de cargos penales y condenados a sanciones civiles en aplicación de la legislación australiana si revelan información sobre las condiciones en que están recluidos solicitantes de asilo y refugiados en ultramar. Nauru ha prohibido Facebook en la isla y ha promulgado leyes ambiguas contra las amenazas para el orden público que los expertos en leyes temen que podrían usarse para criminalizar las protestas de refugiados y solicitantes de asilo.

Los periodistas, en concreto, tienen severas restricciones para entrar, pues deben abonar una tasa de visado no reembolsable de 8.000 dólares y unos trámites prolongados para su concesión. Desde enero de 2014, Nauru ha concedido el visado a sólo dos medios de comunicación. Otras peticiones han sidorechazadas o no han recibido respuesta. Se ha negado la entrada a funcionarios de la ONU o, en algunos casos, éstos han concluido que, dadas las graves limitaciones a su acceso, la visita sería poco práctica.

Ataques, violencia sexual e impunidad

Todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo entrevistadas denunciaron intimidación, acoso o violencia contra ellas o sus familias a manos de nauruanos que actuaban solos o en grupos. Según sus testimonios, los agresores les insultaban y escupían, les arrojaban botellas y piedras, giraban bruscamente sus vehículos en su dirección cuando caminaban o iban en motocicleta, les rompían las ventanas o destruían sus bienes.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron casos en los que nauruanos, solos o en grupos, atacaron y robaron a refugiados y solicitantes de asilo, a veces a punta de cuchillo, a plena luz del día o por la noche. En total, más de 20 personas entrevistadas dijeron que habían sido atacadas por nauruanos.

Un refugiado de Bangladesh sufrió un grave traumatismo craneal en mayo cuando un nauruano le lanzó una gran piedra, le sacó a patadas de su motocicleta y, una vez en el suelo, le pegó. Una mujer somalí denunció que varios hombres nauruanos atacaron a su esposo en marzo, golpeándole en la cabeza con un machete. La noche siguiente, un grupo de nauruanos intentó entrar en la vivienda de la familia. Un hombre somalí dijo que un nauruano le había robado cuando intentaba hacer autostop para ir a un comercio. 

Muchos otros dijeron que los habían atacado hombres nauruanos que les habían robado dinero, teléfonos móviles y motocicletas cuando iban a trabajar o a comprar comida. Un proveedor de servicios confirmó que estas agresiones ocurren “varias veces a la semana, especialmente durante el fin de semana.”

Como consecuencia, refugiados y solicitantes de asilo decían que tenían miedo de salir de su alojamiento, sobre todo por la noche. Las mujeres dijeron que no salían casi nunca de los campos y que, si lo hacían, era solamente en grupo o con acompañantes varones. 

Seis mujeres denunciaron actos de agresión o acoso sexual que incluían manoseos, toqueteos, amenazas explícitas, peticiones de sexo e intentos de violación. Una mujer contó que, en dos ocasiones, unos hombres nauruanos trataron de llevarla a la jungla cuando iba con ellos en su vehículo, con la clara intención de violarla. También dijo que había conseguido trabajo en un comercio de la isla, pero que tuvo que dejarlo después del primer día porque otros empleados la tocaban todo el tiempo.

Una joven contó que se había casado para tener protección cuando la liberaron del campo.

“Cuando me marché del campo, me sentí muy poco segura, no podía salir. Decidí casarme con un hombre 15 años mayor, sólo para tener protección. Si estás sola, todo es muy difícil. Por lo menos él podía ir a la compra o acompañarme. Ahora está en el hospital y dependo de mi trabajador social si necesito salir de la casa.”

Otra mujer dijo: 

“Siempre tenemos miedo, todo el tiempo. Siempre estoy comprobando la puerta para ver si está cerrada con llave. No podemos salir solas. Muchas veces, los nauruanos se emborrachan y se acercan a la entrada junto a la carretera y nos gritan.”

Refugiados y solicitantes de asilo dijeron que la policía de Nauru no atendía sus quejas y a veces les disuadían de presentar denuncias. La policía ha rechazado algunas quejas porque “se hicieron sólo para aparecer en los medios de comunicación”, según una noticia. Varios refugiados facilitaron a Human Rights Watch y Amnistía Internacional copias de las denuncias que hicieron a la policía local tras los ataques, afirmando que la policía no había hecho nada para investigar o detener a los agresores, ni siquiera cuando las víctimas podían identificarlos. Los proveedores de servicios, que dijeron que a menudo tienen que acompañar a los refugiados a presentar denuncias ante la policía, confirmaron estas afirmaciones. 

El ex presidente del Tribunal Supremo de Nauru, Geoffrey Ames, QC, declaró ante un Comité Selecto del Senado australiano en julio de 2015 que “hay un problema grave con la independencia [de la policía] y su voluntad de investigar las denuncias contra nauruanos acusados de agresiones a no nauruanos”. Ames, ciudadano australiano, fue cesado en su cargo cuando las autoridades de Nauru revocaron su visado en enero de 2014.

Atención médica

International Health and Medical Services (IHMS), empresa contratada por el gobierno australiano, es el principal proveedor de servicios de salud para personas refugiadas y solicitantes de asilo. Parte de su personal ha condenado públicamente el terrible trato que reciben los refugiados en Nauru, lo que ha suscitado preocupación por las actividades de la empresa en la isla. En Nauru no hay equipos ni personal médico especializados; los nauruanos que necesitan algo más que una atención médica básica son enviados a Australia o a Fiyi. Los refugiados y solicitantes de asilo denunciaron que el hospital carece incluso de suministros básicos, como vendas o guantes estériles. 

Según las personas refugiadas y solicitantes de asilo, normalmente ni el personal médico de IHMS ni el del hospital de Nauru se toman en serio sus quejas, y en la mayoría de los casos denunciados a Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sólo prescriben analgésicos. Algunas de las personas entrevistadas dijeron que habían empezado a tener problemas de salud graves en Nauru y que no habían recibido prácticamente ninguna atención médica especializada. Entre otras afecciones, padecían enfermedades cardiacas y renales, diabetes acompañada de pérdida de peso y deterioro rápido de la visión, y problemas de espalda que reducían la movilidad. Cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch expusieron estos motivos de preocupación a directivos de IHMS en Australia, estos “negaron enérgicamente” las acusaciones de que la atención médica era de mala calidad.

Los padres y madres se mostraron especialmente críticos con los servicios disponibles para las mujeres durante el embarazo y el parto, y dijeron que los recién nacidos sufrían infecciones persistentes y otros problemas médicos. 

Un solicitante de asilo contó las condiciones en que estuvo su esposa durante el parto: 

“Vi a mi esposa tendida debajo de la cama. La cama no tenía colchón [...] Vi a la enfermera, una enfermera australiana, jugando con su tableta. Mi esposa estaba llorando. Dije: ‘Por favor, haga algo por mi esposa. Esto es como una cárcel, no una sala de partos’. El cuarto de baño no tenía papel ni jabón líquido. Salí a comprar jabón líquido y rollos de papel higiénico.”

Dado que nadie puede salir de la isla sin autorización, las personas refugiadas dependen totalmente de que las autoridades australianas y los proveedores de servicios les gestionen el traslado a un centro médico fuera de Nauru. Las personas entrevistadas dijeron que habían sufrido largas demoras a pesar de que padecían enfermedades graves, sin recibir ninguna información, hasta que fueron trasladadas finalmente a hospitales de Papúa Nueva Guinea o Australia para ser sometidas a pruebas o a cirugía.

Un padre dijo: 

“Mi hijo tiene problemas de riñón. Vamos a IHMS desde hace ya dos años y siguen prometiendo que le va a ver un médico [no perteneciente a IHMS], pero no ha sido así. Sólo le hacen pruebas, pero no le prescriben ningún tratamiento. Mi hija tiene tantos problemas de visión que no ve la pizarra en la escuela y tiene que pedir ayuda a sus compañeros... pero aquí no hay forma de conseguir unas gafas, ni siquiera de que le examinen la vista como es debido.”

Un joven con diabetes dijo que después de perder 27 kilos (60 libras) acudió al administrador de IHMS, que le dijo que esa pérdida de peso era “normal” y que sólo estaría “moderadamente preocupado” si continuaba. La familia grabó la conversación en un teléfono móvil y dio una copia a los investigadores.

Una joven a la que habían sometido a mutilación genital forzosa en su país de origen dijo que, como consecuencia, sufría muchos dolores y no podía tener relaciones sexuales. No recibió ningún tratamiento para su estado durante el tiempo que estuvo en Nauru. Dijo:

“Durante cinco meses se limitaron a mandarme a un especialista de salud mental. Yo no tenía ni idea de lo que me pasaba y me culpaba a mí misma de todo. He podido ver a un ginecólogo varias veces desde entonces, pero aquí no pueden hacer nada para solucionar mi problema, y ya hace año y medio que me dicen que necesito que me trasladen para recibir tratamiento, pero hasta ahora no lo han hecho.”

Refugiados y solicitantes de asilo denunciaron múltiples situaciones en las que intentaron pedir una ambulancia cuando amigos o familiares necesitaban ayuda urgente, pero el hospital se negó a enviarla. Un proveedor de servicios confirmó estos relatos:

“Cuando la gente pide una ambulancia o incluso cuando la pedimos nosotros, a veces vienen y a veces no, a veces tardan 20 minutos y a veces 3 horas. Pero a nosotros tampoco nos dejan pedir ambulancias para nuestros clientes o llevarlos al hospital en nuestros vehículos, porque se considera ‘apoyo’ y se supone que ayudamos a nuestros clientes a ser ‘independientes’. A menudo dan el alta a personas que todavía están enfermas, a veces semiinconscientes; una vez un paciente aún tenía agujas en las manos. No nos permiten preguntar al hospital por qué se les da el alta o qué medicación se les ha prescrito, ni por sus historiales médicos.”

Incluso conseguir unas gafas puede ser una pesadilla: una mujer dijo que había esperado nueve meses para que le hicieran la receta desde Australia.

Denegación de acceso a historiales médicos

Al menos cinco refugiados y solicitantes de asilo informaron de que les habían denegado la solicitud personal de su historial médico o que les habían dado un historial incompleto, en el que faltaba información sobre intervenciones quirúrgicas realizadas, por ejemplo. En algunos casos, recibieron unas páginas en blanco donde sólo figuraban su nombre, su edad y las iniciales del médico.

En varios de los casos que examinaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los facultativos pidieron, por escrito y en informes médicos, tratamiento en ultramar para refugiados o solicitantes de asilo porque el hospital carecía de la especialización o del equipo necesarios. Las personas a quienes remitían para recibir tratamiento en ultramar podían esperar el traslado durante meses.

Traslados médicos a Australia y Papúa Nueva Guinea

Los traslados médicos suelen notificarse con muy poca antelación, y a menudo se hacen separando familias. En un caso, le dijeron a un hombre que su esposa necesitaba tratamiento especializado prolongado para su problema de salud mental, y le pidieron que lo autorizase sin darle ninguna información sobre cuándo iban a trasladarla:

“Lo siguiente que oí fue: ‘Oh, hemos enviado a su esposa a Australia en un vuelo de emergencia’. Eso fue al día siguiente. Mi hijo se lo tomó muy mal. Estaba conmocionado. No pudo despedirse de su madre. [Al llegar a Australia] mi esposa se despertó y no tenía ninguna información; ni siquiera sabía que estaba en Australia [...]”

“Estoy realmente preocupado por mi hijo. No ha salido de su habitación en 40 días. Tenía una relación especial con su madre. Ahora no habla. Está muy enfadado y no habla. No puedo controlar su comportamiento. Ha cambiado totalmente.”

Su hijo de 13 años tenía pesadillas, había empezado a mojar la cama y se mostraba hostil y se negaba a interactuar con nadie salvo con su padre, dijo el hombre.

Los retornos a Nauru tras recibir atención médica en Australia son aún más abruptos y a veces se llevan a cabo de un modo profundamente humillante y traumático. Un hombre que había estado en Brisbane con su esposa mientras ésta daba a luz dijo:

“Nos esposaron a mi esposa y a mí y dijeron que teníamos que volver a Nauru. Mi esposa no estaba preparada. No estaba vestida. Estaba durmiendo. Eso no estuvo bien. ¿Qué necesidad tenían de hacerlo así? Si tenemos que volver a Nauru, no es para tanto. ¿Por qué de madrugada y con esposas? Nos sacaron de la habitación a las 7 de la mañana y nos quitaron al bebé. No vimos al bebé hasta después de las 7 de la tarde.”

En otro caso, una mujer contó:

“Estaba profundamente dormida y la puerta estaba cerrada con llave. De pronto tenía a un agente delante de mi cara, con una cámara. Dijo: ‘¡Despierta!’ Me quedé paralizada. No sabía dónde estaba. Había un agente a cada lado sujetándome los brazos, y más agentes detrás de mí. Me temblaban las piernas. El corazón me latía con fuerza. Perdí el equilibrio, pero me metieron a rastras en una habitación. No me dejaron ni siquiera ponerme las gafas. No les importaba lo que dijera el médico. Me metieron en el avión. Todavía estoy asustada. Cuando intento dormir, sigo recordando aquello.”

Algunas personas contaron que las devolvieron a Nauru a pesar de que los médicos habían advertido a las autoridades de inmigración de que no debían viajar en su estado.

Otras dijeron que tenían enfermedades crónicas graves que exigían traslados para recibir tratamiento y que a veces éste se redujo debido a su devolución forzosa a Nauru. En uno de estos casos, una joven que tenía bultos en los pechos, la garganta y el útero, y a la que también le diagnosticaron úlceras, dijo que la enviaron para recibir tratamiento primero a Australia y más tarde a Papúa Nueva Guinea:

“Cuando estaba en Australia, mi médico dijo a inmigración que tenían que operarme los pechos, pero aun así me devolvieron. Mis problemas empeoraron y un año después me enviaron a Papúa Nueva Guinea para que me hicieran una endoscopia y una colonoscopia, pero luego me devolvieron otra vez. Me dieron algunas pastillas, pero no funcionan, y tengo dolores todo el tiempo y no puedo comer nada.”

En otro caso, un hombre que sufrió un ataque al corazón después de un año en la isla fue enviado finalmente a Australia, donde estuvo cuatro meses:

“Cuando vinieron para llevarme de regreso a Nauru, estaba la gente de IHMS y traté de implorarles a ellos y a los de seguridad, pero nos llevaron a mí y a mi familia sin más. Yo estaba asustado porque los médicos me habían encontrado un coágulo en el corazón y arterias obstruidas, y habían dicho que era muy peligroso. Cuando llegué, un médico de IHMS vio mi historial y dijo: ‘no puedo hacerme responsable de usted, no deberían haberle enviado de vuelta’. He tenido otro ataque al corazón después y los médicos dicen que no pueden hacer nada aquí, que necesito tratamiento profesional y un hospital adecuado.”

Cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch preguntaron a IHMS si tenían algún motivo de preocupación médico sobre la elección del momento y la forma en que se hacían los traslados, personal médico directivo respondió que las organizaciones deberían preguntar al Departamento de Inmigración australiano al respecto.

Desde febrero de 2016, las autoridades de inmigración australianas insisten en hacer los traslados médicos a Papúa Nueva Guinea en lugar de a Australia, según dijeron proveedores de servicios. En los casos en los que aun así se considera necesario el traslado a Australia, los funcionarios de inmigración de este país suelen autorizar únicamente el traslado del paciente. Los proveedores de servicios dijeron que esta nueva práctica se introdujo después de que un grupo de abogados de Australia lograse impedir el retorno de algunos de los refugiados a Nauru tras recibir tratamiento médico. “Ahora que sus familias se quedan en la isla, no tienen más remedio que regresar”, dijo uno.

Salud mental

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que sufren traumas psicológicos y trastornos mentales graves no reciben apoyo ni tratamiento adecuados. Sólo existen dos tipos de servicios de salud mental. Al parecer, International Health and Medical Services (IHMS), la empresa privada contratada por el gobierno australiano que es el principal proveedor de servicios de salud para los refugiados y solicitantes de asilo, recurre en muchas ocasiones a medicamentos sedantes y antipsicóticos potentes —para menores, además de para personas adultas— para tratar problemas de salud mental. Los refugiados y solicitantes de asilo dijeron que estos medicamentos tienen graves efectos secundarios y proporcionan poco alivio. Cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablaron con directivos de IHMS en Australia antes de publicar este informe, éstos “negaron enérgicamente” las acusaciones de que la atención prestada era de mala calidad, incluida la de que las prescripciones eran inadecuadas.

Otra agencia, Offshore Service for Survivors of Torture and Trauma (OSSTT), se ocupa oficialmente sólo de los traumas sufridos con anterioridad.

Las familias esperan a veces meses para que un especialista visitante vea a sus hijos. 

Casi todas las personas entrevistadas refirieron algún problema de salud mental —los más citados fueron niveles altos de ansiedad, problemas para dormir, cambios de humor y sentimientos de apatía y abatimiento— que, según dijeron, empezó cuando las trasladaron a Nauru. En muchos casos, las consecuencias parecían graves: se autolesionaban repetidamente haciéndose cortes en las manos o golpeándose la cabeza contra la pared, no hablaban con nadie durante meses, no reconocían a sus familiares y pasaban semanas sin levantarse de la cama, negándose a salir o a ducharse. Una mujer contó a los investigadores que en el tiempo que lleva en Nauru había empezado a lavarse las manos compulsivamente, cientos de veces al día. 

Algunas personas dijeron que los niños habían empezado a mojar la cama, tener pesadillas, portarse mal y, en algunos casos, habían dejado de relacionarse e incluso de hablar con la gente, aparte de su familia inmediata.

Aun así, los refugiados y solicitantes de asilo recibían a veces diagnósticos que no se basaban en evaluaciones psiquiátricas completas y que aparentemente no tenían en cuenta sus experiencias de trauma en su país de origen, su detención prolongada en Nauru y la incertidumbre que sentían sobre su futuro. 

Muchas de las personas entrevistadas dijeron que, cuando informaron de sus problemas mentales o de los que sufrían familiares suyos a IHMS, la empresa ignoró a menudo sus quejas y, en algunos casos, las acusó de fingir e “imitar” los trastornos que habían visto en otros solicitantes de asilo y refugiados que habían sido trasladados a Australia para recibir tratamiento de salud mental. 

Por otra parte, pacientes cuyos problemas de salud mental eran aparentemente lo bastante graves como para justificar su traslado a Australia fueron devueltos varios meses después a las mismas condiciones que según los médicos habían contribuido a su trauma.

Un proveedor de servicios dijo que conocía más de 20 casos de este tipo, algunos de los cuales habían terminado de manera trágica. Por ejemplo, Hodan Yasin, una mujer somalí considerada en riesgo de suicidio, estuvo ingresada varios meses en un hospital de Australia y luego fue devuelta forzosamente a Nauru. Se la seguía considerando en alto riesgo de suicidio y fue enviada a un sector especial de uno de los campos que supuestamente estaba bajo observación 24 horas al día. Sin embargo, la mujer logró fugarse, comprar gasolina y prenderse fuego, causándose quemaduras en el 86 por ciento del cuerpo. 
Más de una decena de las personas adultas entrevistadas dijeron que habían intentado suicidarse con sobredosis de medicamentos, ingiriendo lejía u otros productos de limpieza o tragando cuchillas, ahorcándose, estrangulándose o prendiéndose fuego, y muchas más dijeron que habían pensado seriamente en acabar con su vida. Algunos menores se habían autolesionado con encendedores, cuchillas de afeitar o por otros medios.

Casi todos mencionaron a Omid Masoulmali, un iraní de 23 años que murió en mayo tras prenderse fuego, y a Yasin, que se prendió fuego la semana siguiente. “Tengo el petróleo preparado”, dijo un hombre con naturalidad. “Estoy cansada de mi vida”, dijo una joven de 15 años que contó que había intentado suicidarse dos veces.

Una mujer cuyo esposo había sido trasladado a Australia para recibir tratamiento médico urgente dijo que su hijo de nueve años había hablado en varias ocasiones de suicidio después de que separasen a la familia: “Hace dos semanas, mi hijo agarró el encendedor. Dijo: ‘quiero quemarme. ¿Por qué debería vivir? Quiero a mi papá. Extraño a mi papá’. Le miré a los ojos y vi tristeza”.

Condiciones en el centro de tramitación

Durante meses y a veces años tras su llegada a Nauru, los solicitantes de asilo son recluidos en campos de tipo carcelario del Centro Regional de Tramitación de Nauru (RPC), rodeados de vallas y custodiados por servicios de seguridad. Viven hacinados en tiendas donde el calor es insoportable, incluso después de la instalación de algunos ventiladores básicos. Con una humedad de entre el 75 y el 90 por ciento, el moho crece rápidamente en las paredes y los techos de las tiendas, y las erupciones cutáneas y otras infecciones se extienden con rapidez. Lluvias torrenciales repentinas inundan las carreteras y el piso de las tiendas. En varias ocasiones, las lluvias también han dejado al descubierto artefactos explosivos no detonados de la II Guerra Mundial en los terrenos del centro de detención.

La comida se reparte a horas fijas y no se permite que nadie lleve comida a las tiendas, ni siquiera para los niños de corta edad. Las condiciones de vida en el RPC mejoraron después de octubre de 2015, cuando Nauru permitió que la mayoría de las personas alojadas allí tuvieran mayor libertad de circulación.

Hasta principios de 2015, los solicitantes de asilo sólo podían tomar una ducha de dos minutos al día. Varias de las mujeres entrevistadas lloraron recordando cómo los guardias las obligaban a salir de la ducha al cabo de dos minutos, con el pelo todavía lleno de champú. Había largas colas para usar unas letrinas que enseguida estuvieron tan sucias que los limpiadores se negaban a limpiarlas. Podían usar Internet una vez a la semana como máximo y no podían salir del campo.

La mayoría de las aproximadamente 400 personas refugiadas y solicitantes de asilo que quedan en el RPC pueden salir durante el día, aunque deben respetar los toques de queda y están sometidas a la vigilancia de los guardias y a otras restricciones de su libertad. Dentro del campo están prohibidos los teléfonos inteligentes.

Un solicitante de asilo contó:

“Cuando llegamos a este lugar, encontramos unas tiendas en una jungla. Pusieron a ocho familias juntas, con seis niños, niños pequeños, en una sola tienda. No teníamos descanso, ni por el día ni por la noche. No podíamos dormir. Todos los días los niños se peleaban porque estaban demasiado cerca. La mayor parte del día tenían el agua bajo llave. Sólo nos daban una pequeña cantidad. No era suficiente, con el fuerte sol. A veces no podíamos ducharnos durante dos o tres días. Los niños empezaron a tener problemas en la piel. Sufrimos estos problemas durante dos años.”

Una mujer recordó:

“Las tiendas eran terribles. Hacía demasiado calor, tanto que no podías respirar. Los niños siempre estaban enfermos porque hacía demasiado calor para ellos. No había suficiente agua para beber. Para la ducha teníamos una hora establecida. Si los niños necesitaban ducharse a otra hora, no podían. Seguridad no les dejaba ducharse salvo a la hora establecida. Después de tres años, los niños que viven esa mala situación tienen problemas mentales. Mojan la cama. Tienen pesadillas.”

A finales de mayo, según el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras de Australia, había en el RPC 466 personas, 50 de ellas menores. La mayoría, cuando no todas, seguían alojadas en tiendas, dijeron los solicitantes de asilo.

Según los registros del Departamento de Inmigración, la agencia había completado la determinación de la condición de refugiado de 1.194 personas recluidas en la isla, de las que 915 fueron reconocidas como refugiados. Las 279 restantes recibieron determinaciones negativas. La mayoría de los refugiados reconocidos están alojados actualmente en otros campos o en casas en la comunidad, según informaron a Human Rights Watch refugiados y solicitantes de asilo, pero algunos siguen estando en el campo a la espera de que se les asigne alojamiento. La mayor parte de las personas a quienes se ha denegado la condición de refugiado sigue en la isla y en las tiendas, aunque refugiados y solicitantes de asilo informaron de que algunas habían aceptado ser devueltas a su país de origen.

Acoso y hostigamiento escolar

Padres, madres, niños y niñas denunciaron que los alumnos procedentes de familias de refugiados y solicitantes de asilo suelen sufrir acoso por parte de los estudiantes nauruanos. Una joven de 15 años dijo que había dejado de ir a la escuela porque los niños nauruanos siempre intentaban quitarle el pañuelo que llevaba en la cabeza y se burlaban de ella todo el tiempo.

Una madre dijo:

“Cuando van a la escuela, los niños nauruanos llaman a nuestros hijos ‘refugiado,’ no por su nombre. La gente tiene nombre. Dicen: ‘¿por qué estás aquí? Éste es nuestro país. Tienes que irte. No nos gusta que estés aquí.’”

Una niña de 10 años contó algo parecido:

“Todos los niños de la escuela dicen: ‘Refugiada, refugiada, refugiada’. No dicen nuestros nombres. Nos pegan. Y cuando intentamos hablar con los maestros, éstos no dicen: ‘¿por qué ustedes los nauruanos pegan a los demás niños?’. Nos dicen a nosotros: ‘¿Por qué se pelean con los niños nauruanos?’. Intentamos explicarlo, pero no nos escuchan.”

Dos hermanos, de 13 y 14 años, contaron que habían ido a la escuela un mes, pero que luego dejaron de asistir y llevaban casi tres años sin ir. El mayor de los hermanos dijo:

“Los niños de aquí nos atacaban sin parar e incluso nos tiraban piedras. Cuando nos quejábamos al director, obligaban a los niños a pedirnos perdón. Pero cuando salíamos del despacho del director, estaban aún más enfadados con nosotros.” 

Save the Children Australia calcula que el 85 por ciento de los menores solicitantes de asilo y refugiados de Nauru no asisten a las escuelas locales, en parte por la prevalencia del acoso y el hostigamiento.

La responsabilidad de las empresas en los abusos

Las operaciones de Australia en Nauru se hacen a través de empresas privadas y proveedores de servicios. Estos proveedores de servicios pueden ser penalizados si hablan, y algunos miembros del personal han corrido un riesgo considerable para denunciar las condiciones en la isla. Las empresas que prestan servicios en Nauru conocen la situación y su impacto en las personas refugiadas y solicitantes de asilo. La intervención de las empresas facilita la continuación de la situación de abusos. Los gobiernos de Australia y Nauru tendrían muchas dificultades para mantener su memorándum de entendimiento y el centro de tramitación de ultramar sin sus servicios. La mayoría trabaja directamente para el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras de Australia.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch recabaron los comentarios de las dos empresas clave contratadas por el gobierno de Australia para prestar servicios para su operación en Nauru: Broadspectrum, la empresa que gestiona el RPC, e IHMS, el principal proveedor de servicios médicos. Broadspectrum respondió al resumen de las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que “rechazaba firmemente” cualquier insinuación de que la empresa no respetaba los derechos humanos. IHMS, por su parte, manifestó que su papel era prestar servicios y no intervenir en la política del gobierno australiano, y “negó enérgicamente” las acusaciones que le expusieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

El doctor Peter Young, psiquiatra que fue director de salud mental de IHMS hasta julio de 2014, comentó:

“Es un requisito ético básico que los médicos y otros profesionales de la salud defiendan el interés superior de la salud de sus pacientes y denuncien políticas y prácticas perjudiciales para la salud. El gobierno australiano ha seguido una política deliberada para causar sufrimiento a los solicitantes de asilo que llegan a Australia en barco. Ser sometidos a abusos, a la falta de servicios de salud, a retrasos en el tratamiento y a trámites inhumanos son elementos necesarios para coaccionar retornos y disuadir a otros.”

“Los proveedores de salud que aceptan esto y no lo denuncian actúan en connivencia con el secreto y con prácticas nocivas que causan daños a la salud. Están atrapados en un conflicto de intereses irresoluble, incumplen sus obligaciones éticas y no prestan un nivel de atención satisfactorio. La independencia clínica completa, el acceso público a datos sobre salud y una supervisión independiente adecuada son normas mínimas necesarias para prestar unos servicios seguros y éticos.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que su implicación continuada en el centro de Nauru equivale a complicidad en violaciones de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Estas empresas se están beneficiando de un contexto de abusos y, basándose en las investigaciones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch en la isla, algunas son directamente responsables de abusos graves y de no prestar atención médica adecuada.

Un futuro incierto

Todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo entrevistadas denunciaron que, cuando las enviaron a Nauru, las autoridades de inmigración les dijeron que se las trasladaba para la “tramitación” y que posteriormente se las reubicaría en un tercer país. Dijeron que el periodo que según las autoridades de inmigración australianas iban a estar detenidas en Nauru ha cambiado con frecuencia desde agosto de 2013, y que cada nueva versión iba acompañada de la negación de que los funcionarios australianos hubieran anunciado otra fecha.

En este momento, ni siquiera las personas que han recibido determinaciones positivas de la condición de refugiado saben a qué atenerse y no reciben respuestas claras de las autoridades de Nauru o de Australia. No tienen modo de salir de la isla, ni siquiera si contasen con los medios económicos para hacerlo, y ni siquiera cuando se les han dado “documentos de viaje”. Los investigadores vieron los documentos de viaje emitidos por el gobierno de Nauru a algunos refugiados. En ellos, figura “refugiado” como nacionalidad del titular, y quienes han intentado solicitar un visado para ir a otro país han sido rechazados.

Un hombre dijo:

“No dijeron cuánto tiempo tenemos la condición de refugiado. Cuando llegamos a Nauru, dijeron que serían cinco años como máximo. Dijeron que en ese plazo iríamos a otro país. No a Australia. Después de dos años, dijeron: ‘Vais a estar en Nauru 10 años o ir a Camboya’.”

Otro hombre dijo:

“Aunque me hubieran dicho cuando llegué a Nauru que serían 10 años, no habría tenido problema. Pero dijeron que serían como máximo cinco años y que luego iríamos a otro país. A qué país, no lo sé. Pero después de dos años en Nauru, el gobierno dijo que 10 años aquí, o Camboya, o volver a casa.”

Otro hombre dijo:

“La condición de refugiado en Nauru no es permanente. El gobierno sólo nos ha ofrecido reasentamiento temporal. Nos dan un documento de viaje que no sirve de nada porque no podemos salir de aquí. Seguimos en prisión. No podemos salir de esta isla.”

Y una mujer dijo:

“Aquí la gente no tiene una vida de verdad. Sólo sobrevivimos. Somos almas muertas en cuerpos vivientes. Sólo somos cáscaras. No tenemos ninguna esperanza ni motivación.”

¡ACTÚA!

Pide al gobierno australiano que ponga fin a los abusos cometidos en secreto en Nauru