Amnistía Internacional ha documentado cómo el Estado venezolano desde hace décadas ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en operaciones del mantenimiento del orden.¹⁶ Actualmente, puede observarse que el Estado continúa sin modificar su respuesta en cuanto al mantenimiento del orden y del uso de la fuerza.

De acuerdo con el análisis de Amnistía Internacional, los planes de seguridad aplicados entre el año 2002 y el 2017:

• Que contemplaban un enfoque integral, preventivo y potencialmente efectivo fueron desplazados por medidas altamente represivas y excesivas. Los ministros encargados de ejecutar los planes duraron en promedio un año y cinco meses en el cargo, lo que puede ser un factor en la falta de continuidad de las medidas diseñadas.
• Han sido guiados por una lógica de mano dura, que considera la delincuencia como “el enemigo interno”.
• Priorizaron la aplicación de elementos de represión con operativos reactivos policiales para combatir el delito, en los cuales se ha reportado la comisión de allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
• Han sido influenciados por una racionalidad militar, en cuyo marco se ha empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada.
• Renuevan medidas problemáticas que emplean los mismos mecanismos y procedimientos, los cuales además de generar violaciones de derechos humanos son ineficaces en la reducción de homicidios. Independientemente de cómo se llame el plan, en esencia son las mismas medidas excesivas que generan abusos y no dan resultado.

¿Cuál es el resultado de un delincuente? O la cárcel o bajo tierra. Porque ése es el destino final de un delincuente.¹⁷ Jefe del Comando Regional número 5 desplegado en el marco del Dibise, 2010

La “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) es uno de los ejemplos más recientes de operativos represivos que han sido implementados por las autoridades, la cuales tenía el objetivo de “liberar” a comunidades de la violencia por parte de bandas delictivas. Este plan contaba con la participación de cuerpos militares y tuvo como resultado miles de casos de graves violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, afectaciones a los derechos a la vida privada, a la integridad personal y al debido proceso. Preocupa además, que altos funcionarios gubernamentales hayan comunicado como un “éxito” que se hayan “abatido delincuentes” en el marco de algunos de estos operativos.

“De los 12 estados del país donde ha sido desplegada la OLP¹⁸ , el parte es el siguiente: funcionarios desplegados, 16.799; detenidos por la comisión de distintos delitos, 931, de los cuales 113 son extranjeros; bandas desarticuladas junto con sus cabecillas, 27; delincuentes abatidos durante enfrentamientos (…) 52.”¹⁹. Ministro de Relaciones Interiores, 12 de agosto de 2015

En el marco de las OLP, la mayoría de las muertes ocurrió en los estados del eje norte-costero del país y en el estado Bolívar, donde se concentran asimismo las tasas de homicidios más altas. Puede inferirse que el mayor número de operaciones o las operaciones más letales se llevaron a cabo en las zonas que reportan los índices de violencia más altos: se respondió a la violencia con más violencia.

Según la Fiscalía General de la República,²⁰ entre 2015 y junio de 2017, se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales: en 2015 hubo 1.777 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa el 10% de los homicidios totales que se produjeron ese año,²¹ en 2016 se informó que 4.667 personas habían muerto a manos de funcionarios de seguridad, lo que corresponde al 22% de los homicidios totales,²² y entre enero y junio de 2017, se reveló que se habían producido 1.848.²³

Por otra parte, la organización no gubernamental venezolana, Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), ha documentado 6.385 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2012 y 2017, las cuales han ido en aumento. En 2016 se registraron 2.379 casos, un 70% más que en el año anterior. Nuevamente, se ha podido constatar que la gran mayoría de estas víctimas fueron hombres, menores a 25 años de edad y provenientes de barriadas pobres. En el primer trimestre de año 2017, ya se había dado un incremento del 11% de ejecuciones extrajudiciales en comparación con el mismo período de 2016.²⁴

El Estado venezolano, además de fallar en su obligación de garantizar y proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, cuando durante décadas ha implementado políticas ineficaces en la reducción de violencia, viola los derechos humanos cuando reacciona a la violencia con más violencia.

¿Quiénes son las víctimas de ejecuciones extrajudiciales?

Amnistía Internacional documentó ocho casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2012 y 2017 que visibilizan los impactos de la violencia institucional de una forma que las estadísticas no logran hacerlo. Éstos presentaron las siguientes características:

• Eran jóvenes entre 16 y 29 años de edad.
• Eran padres de niños pequeños.
• Colaboraban con la manutención del hogar.
• Vivían en zonas populares y barriadas.
• La mayoría había completado la educación secundaria.
• Eran obreros: taxistas, mesoneros, cocineros, mecánicos.
• La mayoría fueron asesinados en sus hogares en presencia de sus familias.
• Sus muertes ocurrieron en el marco de operativos de seguridad.
• Murieron por disparos al tórax, cabeza y cuello.

LUEGO DE ALLANAMIENTOS, AMENAZAS Y EXTORSIONES, EJECUTARON A DARWILSON FRENTE A SU FAMILIA

'¿QUÉ LE HIZO MI HIJO A ELLOS PARA QUE ME LO MATARAN? '

'TANTO CUIDARLOS PARA QUE LOS MATEN EN MI CASA'.

'NO HAY RAZÓN PARA QUE ELLOS DESENFUNDAN EL ARMA, ÉSA DEBERÍA SER LA ÚLTIMA MEDIDA Y AQUÍ NO HAY PENA DE MUERTE'.

Esperanza de justicia: lucha contra la impunidad y reparación

Además de sufrir la muerte de sus familiares, las víctimas sobrevivientes deben enfrentarse a un sistema de justicia penal con altos niveles de impunidad, lleno de irregularidades y obstáculos, que conlleva a la ausencia de investigación, enjuiciamiento y condena de las personas responsables de la violencia armada y de los homicidios. Según cifras de COFAVIC, la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela alcanza el 98%.²⁵

En los casos incluidos en este informe, se han podido identificar ciertos patrones de denegación de justicia, que van desde las fallas en las etapas iniciales de investigación hasta los hostigamientos, amenazas y maltratos por parte del personal de la Fiscalía y de los tribunales a los familiares:

• En muchos casos, funcionarios encargados de la investigación criminal, concretamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), son los que perpetran las muertes.
• Los funcionarios investigados continúan siempre en funciones.
• Se produce un retardo importante en la distribución de documentación clave para proseguir las investigaciones por parte del (CICPC) sin que se dé una respuesta efectiva de las Fiscalías.
• Algunos familiares manifestaron que han sido exhortados por los fiscales a buscar testigos y pruebas por su cuenta.
• En los casos donde se han realizado imputaciones, la investigación se estanca y pocas veces llegan a juicio. La identificación de las personas no se traduce en obtención de justicia.
• El sucesivo cambio se ha vuelto una práctica que incide en el retardo de los procesos.
• No hay acceso a los expedientes o a parte de la documentación clave por parte de familiares y abogados, ya sea porque las Fiscalías no expiden las copias de forma oportuna, o porque los familiares no cuentan con los recursos para poder obtenerlas (los familiares deben pagar las copias las cuales hasta mayo de 2018 salían en casi lo correspondiente a un salario mínimo integral).
• Es común que los familiares reciban amenazas y maltratos, inclusive de los fiscales, para que desistan en su búsqueda de justicia.
• En casos de hostigamiento y amenazas, las medidas de protección solicitadas por las familias no son otorgadas.

En los casos documentados, ninguna de las víctimas ha recibido una reparación integral que incluya compensación económica y atención psicológica. Tal como pudo observarse, los familiares sufren los efectos económicos a largo plazo por el homicidio de un miembro de la familia. En el caso de las madres, muchas de ellas son amas de casa, no poseen un empleo formal, se encuentran desempleadas, dada la crisis económica, trabajan en el sector informal (negocios caseros, vendedoras ambulantes o trabajos domésticos), o ganan salario mínimo y no logran obtener beneficios suficientes para sustentar a sus familias. En los casos documentados por Amnistía Internacional, la mayoría de las víctimas colaboraban con la manutención del hogar. La pérdida de un familiar cobra mayor importancia en el contexto actual de grave crisis económica, en el cual la hiperinflación acompañada de escasez de alimentos y medicinas afecta especialmente a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social.

La ausencia de una atención integral que incluya no sólo el acceso a la justicia, sino también reparación económica y asistencia psicosocial, perpetúan la impunidad, profundizan la situación de exclusión social de las familias de las víctimas y producen ciclos de revictimización de las miles de familias cuyos derechos han sido violados en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

ARACELIS SÁNCHEZ | © 2018 Amnistía Internacional | Laura Rangel

Conclusiones y recomendaciones

La situación de violencia y uso abusivo de la fuerza ha sido uno de los grandes retos en materia de derechos humanos que Venezuela no ha podido resolver. La violencia armada y criminalidad culminan cada año con altas tasas de homicidios, y miles de víctimas en el país, preponderantemente hombres jóvenes en situación de pobreza. Estos homicidios, aunque cometidos por particulares, son en definitiva responsabilidad del Estado venezolano al actuar con la debida diligencia para impedirlos adecuadamente, a través de la investigación y sanción de los responsables por esas muertes. El Estado venezolano ha ocultado también las cifras en materia de seguridad y no ha sabido atender de forma efectiva la disponibilidad de armas por parte de la población civil, lo que repercute de forma directa en la violencia armada.

Por otro lado, al analizar la respuesta estatal para resolver la crisis de violencia en Venezuela, Amnistía Internacional, además de identificar distintas fallas en las políticas gubernamentales, considera de suma gravedad el respaldo de las autoridades del uso intencionalmente letal de la fuerza y a la práctica de ejecuciones extrajudiciales, cuyas víctimas en su mayoría son hombres jóvenes en situación de pobreza. Tales actuaciones son dictadas por una lógica en la que estos hombres jóvenes, en virtud de su perfil, son considerados delincuentes, por lo que han sido convertidos en “enemigos internos” que deben ser erradicados. En el marco de las labores de mantenimiento de orden público y cumplimiento de la ley, las autoridades tienen la obligación de garantizar el respeto de la integridad y vida de todas las personas, y cuando corresponda, proceder a la detención de las personas sospechosas de la comisión de delitos de acuerdo con la ley.

Así, es imperioso que las autoridades a cargo de la seguridad modifiquen radicalmente el enfoque de la política pública de seguridad. Es necesaria una política que ponga los derechos humanos de la ciudadanía en el centro, con claros enfoques preventivos, con mecanismos de contraloría efectivos, y de atención a la población en situación de exclusión social, que es la más vulnerable ante esta problemática. Asimismo, la política estatal debe contener un sistema de control de armas efectivo, transparente y sujeto a contraloría social que realmente evite el desvío de armas y la corrupción en torno a la tenencia de las mismas.

Amnistía Internacional, de acuerdo a las obligaciones internacionales recomienda al Estado venezolano –entre otras acciones- que:

• Desarticule los mensajes que avalan la política de represión, que incluye el uso abusivo e intencionalmente letal de la fuerza en contra de los jóvenes en situación de pobreza;
• Implemente una política de transparencia y publicidad de la información que permita tomar medidas de política pública adecuada (tanto preventivas de cara a la violencia, como de reforma policial y desarme) sobre las que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer un rol de contraloría social;
• Investigue de manera inmediata y urgente los casos tratados en el presente informe, y además cree un mecanismo de priorización de investigación y sanción de los casos de ejecuciones extrajudiciales;
• Adecúe las actuaciones policiales a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
• Retomar la implementación de las medidas de desarme aconsejadas por la Comisión Presidencial de Desarme, y fortalecer la política de control y regulación de armas.
• Acepte las visitas de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos mandatos son relevantes para la presente temática.