El proceso electoral en Honduras coincide con el 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras, en el cual Estados miembros de la ONU analizarán, en noviembre, el desempeño de Honduras en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional alienta a las personas candidatas a la Presidencia a asegurar que sus programas políticos de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre incluyan un enfoque de derechos humanos.

Este año, el proceso electoral en Honduras coincide con el 4º ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras, en el cual Estados miembros de la ONU analizarán, en noviembre, el desempeño de Honduras en materia de derechos humanos.

En este sentido, la campaña electoral representa una oportunidad única para que las y los candidatos, recientemente confirmados por el Consejo Nacional Electoral el 8 de abril, se posicionen respecto de las principales e históricas deudas del país en materia de derechos humanos, y las incorporen a sus respectivos programas.

“Los avances en derechos humanos en Honduras en los últimos cuatro años han sido muy tímidos. De hecho, el gobierno hondureño ha roto muchos de sus compromisos con la población del país en materia de derechos humanos. Algunos ejemplos son las deudas en la lucha contra la impunidad, la garantía de seguridad, la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y los derechos sexuales y reproductivos. El cuarto ciclo del EPU de Honduras puede ser un momento crucial para iniciar un cambio en el rumbo del país, si las personas candidatas a presidir el gobierno de Honduras lo aprovechan como una oportunidad,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Los avances en derechos humanos en Honduras en los últimos cuatro años han sido muy tímidos. De hecho, el gobierno hondureño ha roto muchos de sus compromisos con la población del país en materia de derechos humanos. Algunos ejemplos son las deudas en la lucha contra la impunidad, la garantía de seguridad, la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, y los derechos sexuales y reproductivos. El cuarto ciclo del EPU de Honduras puede ser un momento crucial para iniciar un cambio en el rumbo del país, si las personas candidatas a presidir el gobierno de Honduras lo aprovechan como una oportunidad

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional presentó un informe a la ONU previo al EPU. El documento evalúa la implementación hasta ahora de las recomendaciones formuladas por otros Estados a Honduras en su anterior EPU, en 2021, y plantea motivos de preocupación sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y otros temas de derechos humanos relacionados con el medioambiente, los derechos de las mujeres, discriminación y salud, así como unas propuestas de recomendaciones. A continuación, destacamos algunos de ellos.

Uso de la fuerza

En 2022, el gobierno de Honduras decretó el estado de excepción, vigente hasta la fecha, y lo justificó como necesario para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada. Esta medida ha permitido, por ejemplo, que la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) lleven a cabo registros y detenciones sin autorización judicial en 226 de los 298 municipios del país.

Amnistía Internacional comparte la preocupación de organizaciones locales y medios de comunicación que han documentado múltiples violaciones de derechos humanos en el contexto de la implementación del estado de excepción presuntamente perpetradas por la Policía Nacional, la Policía de Antipandillas (DIPAMPCO) y la PMOP, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura, desapariciones forzadas y violaciones del derecho a un juicio justo. Para octubre de 2024, el CONADEH había recibido más de 700 quejas contra la policía y las fuerzas de seguridad desde el inicio del estado de excepción y, desde entonces, ha pedido que se ponga fin a dicha medida.

Urgimos a que las personas candidatas a la Presidencia se comprometan a poner fin al estado de excepción prolongado, diseñar una política de seguridad integral y sostenible, y a garantizar investigaciones rápidas, imparciales, independientes y efectivas de todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza a cargo de organismos independientes distintos de los presuntos responsables.

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Honduras tiene el mayor número de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinados per cápita del mundo, según el último informe de Global Witness. La gran mayoría de las agresiones, que se producen principalmente en el contexto de litigios relacionados con proyectos mineros, inseguridad en la tenencia de la tierra y violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas, quedan impunes. Preocupan, además, los altos niveles de criminalización que enfrentan las personas defensoras, por ejemplo, mediante el uso de la figura legal de usurpación, que resultó del decreto 93-2021que modificó el código penal.

A ello se suma la debilidad e ineficacia del mecanismo nacional de protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, sobre la cual las organizaciones internacionales y nacionales han alertado en múltiples ocasiones.

Por ello, exigimos que las personas candidatas se comprometan seriamente con la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que juegan un papel esencial para la defensa del Estado de Derecho. Para ello les instamos a asegurar recursos suficientes para la protección efectiva de las personas defensoras y periodistas y garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas, imparciales e independientes de todas las agresiones en su contra. También les pedimos que se abstengan de utilizar indebidamente el sistema de justicia para intimidar, hostigar y desacreditar a personas defensoras, y promuevan la adhesión de Honduras al Acuerdo Regional de Escazú, el primer tratado de América Latina y el Caribe que incluye disposiciones relativas a la protección de personas defensoras ambientales.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto sigue estando prohibido en cualquier circunstancia en el país. En 2023, el gobierno permitió el uso y la venta de la píldora anticonceptiva de emergencia. Sin embargo, el acceso a la píldora se ve obstaculizado por la limitada disponibilidad en los centros de salud públicos. Por otro lado, a pesar de los altos niveles de embarazos infantiles y adolescentes, en 2023, la presidenta vetó la Ley de Prevención del Embarazo, destinada a proporcionar educación sexual integral. 

Urgimos a las personas candidatas a que se comprometan a despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso al aborto en la ley y en la práctica a las mujeres, las niñas y todas las personas que puedan quedar embarazadas.

“Amnistía Internacional hace un llamado a que las personas candidatas a la presidencia para las próximas elecciones generales en Honduras demuestren su compromiso expreso, claro y contundente de defensa de los derechos humanos. Asimismo, les instamos a tomar todas las medidas necesarias para que no se cometan violaciones de los derechos humanos durante el proceso electoral,” agregó Ana Piquer.

Amnistía Internacional hace un llamado a que las personas candidatas a la presidencia para las próximas elecciones generales en Honduras demuestren su compromiso expreso, claro y contundente de defensa de los derechos humanos. Asimismo, les instamos a tomar todas las medidas necesarias para que no se cometan violaciones de los derechos humanos durante el proceso electoral

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional