Las víctimas de amputación son en su mayoría personas de entornos pobres y vulnerables. Al mutilarlas deliberadamente, las autoridades iraníes las despojan aún más de posibilidades de trabajar y sobrevivir, máxime en una sociedad donde las personas con discapacidad física sufren discriminación generalizada

Las autoridades iraníes se disponen a aplicar la pena cruel e irreversible de amputación de dedos a tres presos el inminente 11 de abril, tras sendas sentencias condenatorias empañadas por la tortura y dictadas en juicios sin garantías, ha advertido hoy Amnistía Internacional. La organización pide a la comunidad internacional que presione con urgencia a las autoridades iraníes para que pongan fin a este brutal espectáculo. Todos los funcionarios iraníes responsables de ordenar y/o llevar a cabo estos actos de tortura deben ser objeto de investigación criminal y enjuiciamiento.

Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand, recluidos en la Prisión Central de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental, fueron informados por las autoridades del ministerio público el 13 de marzo de 2025 de que la ejecución de sus condenas de amputación se llevaría a cabo el 11 de abril de 2025. Las autoridades amputaron los dedos de dos hermanos en la misma prisión en octubre de 2024 utilizando un dispositivo de guillotina, lo que generó la alarma de que están dispuestas a ejecutar otras condenas de amputación. 

La amputación constituye tortura, que es un crimen de derecho internacional y un flagrante y abominable atentado contra la dignidad humana. 

Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

“La amputación constituye tortura, que es un crimen de derecho internacional y un flagrante y abominable atentado contra la dignidad humana. Instamos a las autoridades iraníes a suspender de inmediato todos los planes de dar cumplimiento a estas condenas crueles e inhumanas y a eliminar todas las formas de castigo corporal en la ley y en la práctica”, ha afirmado Sara Hashash, directora general adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. 

“Durante años, estos hombres han vivido en una pesadilla constante, al saber que en cualquier momento las autoridades podían mutilar sus cuerpos y cometer tortura con la aprobación judicial. Las amputaciones previstas, basadas en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura e impuestas en juicios manifiestamente injustos, son un escalofriante recordatorio de la propensión de las autoridades iraníes a infligir sufrimientos irreversibles y de que el sistema judicial de Irán es una pieza esencial de la maquinaria de la tortura. 

“Las fiscalías y las autoridades judiciales responsables de ordenar y ejecutar tales delitos deben saber que, con arreglo al derecho internacional, pueden ser objeto de procesamiento penal por ello, y los Estados deben seguir vías legales para hacerles rendir cuentas a través de la jurisdicción universal.” 

En una carta de noviembre de 2024, Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand describían su angustia psicológica y la “constante pesadilla” que suponía esperar la aplicación de su condena, y afirmaban: “No hemos podido dormir ni comer, esperando con ansiedad la ejecución de nuestras condenas. […] Esta pesadilla debe acabar para que podamos encontrar un camino para volver a la vida.” 

Tras las últimas amenazas de marzo de 2025, Hadi Rostami escribió otra carta desde la prisión en la que suplicaba ayuda a la comunidad internacional: “Pido a las organizaciones de derechos humanos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para impedir la ejecución de esta pena inhumana.” 

“Confesiones” obtenidas mediante tortura y juicio manifiestamente injusto 

Hadi Rostami (de 38 años), Mehdi Sharfian (42) y Mehdi Shahivand (29) llevan años soportando tortura psicológica, con reiteradas amenazas de amputación por parte de las autoridades. 

Los tres fueron detenidos en agosto de 2017 y declarados culpables de robo en 2019 después de un juicio manifiestamente injusto. Según rezaba la sentencia, se los condenó a “la amputación total de los dedos de la mano derecha de manera que sólo les queden la palma y el pulgar”. 

A los tres se les negó el acceso a asistencia letrada durante la fase de investigación de sus causas, y los tribunales se basaron para condenarlos en “confesiones” forzadas que, según su testimonio, se consiguieron mediante tortura, a pesar de que se retractaron de ellas en el juicio. 

Según fuentes bien informadas, a los tres los torturaron propinándoles golpes y patadas, azotándolos con un cable y colgándolos de las muñecas y los pies durante los interrogatorios. A Hadi Rostami le rompieron la mano y que a Mehdi Shahivand los interrogadores le quitaron los pantalones y amenazaron con violarlo con un objeto de madera si no se incriminaba e incriminaba a los otros. 

Las autoridades iraníes, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, han incumplido su obligación de ordenar la apertura de investigaciones sobre las denuncias de tortura formuladas por estos hombres. 

Desde que se dictaron sus sentencias condenatorias, estos hombres han protagonizado múltiples huelgas de hambre en la prisión para protestar por las condiciones de reclusión inhumanas y las amenazas de ejecutar sus condenas de amputación. Hadi Rostami también ha intentado suicidarse en varias ocasiones. 

Además, en febrero de 2021 las autoridades torturaron a Hadi Rostami ejecutando una condena de flagelación de 60 latigazos impuesta por “alterar el orden de la prisión” en represalia por sus huelgas de hambre. 

Una constante de tortura mediante condenas de amputación

El 29 de octubre de 2024, las autoridades de la Prisión Central de Urmía ejecutaron las condenas de amputación impuestas a dos hermanos —Mehrdad Teimouri y Shahab Teimouri— pertenecientes a la minoría étnica kurda de Irán. Tras amputarles los dedos, trasladaron a los hermanos a un hospital fuera de la prisión para que recibieran atención médica pero los llevaron de nuevo a la prisión al cabo de unas horas. A continuación los tuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante varios días, sin permitirles el acceso a atención médica continua. 

Al menos otros dos hombres recluidos en la Prisión Central de Urmía —Kasra Karami y Morteza Esmaeilian— también están condenados a la amputación de dedos. 

Se teme que actualmente haya en el país decenas de personas presas condenadas a amputación. 

Irán es uno de los últimos países del mundo que mantiene los castigos corporales. 

Según la organización de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, radicada fuera de Irán, las autoridades iraníes han impuesto al menos 384 penas de amputación y han llevado a cabo 223 amputaciones desde 1979. Las autoridades no publican estadísticas oficiales sobre las condenas de amputación dictadas o ejecutadas, por lo que es probable que las verdaderas cifras sean muy superiores. 

Las víctimas de amputación son en su mayoría personas de entornos pobres y vulnerables. Al mutilarlas deliberadamente, las autoridades iraníes las despojan aún más de posibilidades de trabajar y sobrevivir, máxime en una sociedad donde las personas con discapacidad física sufren discriminación generalizada. 

La legislación iraní exige la presencia de un médico durante la ejecución de castigos corporales, lo que viola las directrices éticas y las normas internacionales, que prohíben expresamente la participación de profesionales de la salud en actos de tortura. Los profesionales médicos presentes durante la ejecución de condenas de amputación son cómplices del delito de tortura.