Desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, el presidente Trump ha desencadenado una serie de acciones que deshumanizan, criminalizan y causan sufrimiento real a personas que han huido de crisis de derechos humanos en busca de seguridad

El 27 de febrero de 2025, un juez de Texas firmó una denuncia penal contra el padre y la madre de una familia venezolana de 5 miembros, acusándoles de “entrada ilegal” desde que entraron en Estados Unidos en 2022 para solicitar asilo. Ambos fueron detenidos en dos ocasiones a pesar de tener un Estatus de Protección Temporal (TPS) activo y válido y solicitudes de asilo pendientes. Los dos (César y Norelia) fueron puestos en libertad tras su última detención el 28 de marzo. Ya han vuelto a casa, pero siguen enfrentándose a cargos penales en Texas, a pesar de que criminalizar a los solicitantes de asilo por su forma de entrada viola el derecho internacional. Pidan al gobierno de Trump que retire los cargos. 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Fiscal en funciones

Margaret Leachman

Acting U.S. Attorney, Western District of Texas

601 NW Loop 410, Suite 600 

San Antonio, Texas 78216, USA 

Correo-e: usatx-ecfepduty@usdoj.gov 

Sra. Leachman:

Le pido que retire los cargos previstos en la disposición 1325 por entrada ilegal contra César y Norelia (A#s 246149580 & 246149581) para que puedan seguir estando con sus tres hijos pequeños durante la adjudicación de su solicitud de asilo en Estados Unidos tras huir de Venezuela.

El 27 de febrero de 2025, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas acusó a estos padres de “entrada ilegal” (8 U.S.C. § 1325) por haber entrado en Estados Unidos para ejercer su derecho humano a solicitar asilo. Desde entonces, se les ha detenido ilegalmente y separado de su familia DOS VECES, a pesar de que su Estado de Protección Temporal (TPS) estaba activo y en vigor y de que tenían solicitudes de asilo pendientes. Su segunda detención se produjo después de que un juez federal de Washington, D.C. ordenara que se les pusiera en libertad con cargos de entrada “ilegal” en Estados Unidos, y ocurrió en presencia de su hijo de 4 años, sin orden judicial y bajo acusaciones imprecisas e infundadas de pertenencia a una banda delictiva.  

El 28 de marzo, un juez federal ordenó su liberación inmediata. Ya se han reunido con sus hijos, pero siguen enfrentándose a cargos penales en Texas.

Los cargos penales interpuestos contra César y Norelia, más de dos años después de que entraran en Estados Unidos para iniciar su proceso de asilo, son una subversión flagrante e indignante de la ley con el fin de usarla para perseguir a personas que buscan seguridad y separar a familias que ya han construido sus vidas en Estados Unidos. Todas las personas tienen derecho a solicitar asilo, independientemente de su forma de entrada. La gente debe tener acceso inmediato a unos procedimientos de asilo justos y eficientes y, en virtud del derecho internacional de refugiados, no puede ser penalizada por entrar irregularmente en un país en el que busca protección. 

La insto a que retire los cargos contra César y Norelia, y a que ponga fin a la práctica de criminalizar la migración.   

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025, el presidente Trump ha desencadenado una serie de acciones que deshumanizan, criminalizan y causan sufrimiento real a personas que han huido de crisis de derechos humanos en busca de seguridad. En todo el país, el gobierno de Trump sigue aplicando tácticas cada vez más crueles y escandalosas para sembrar el miedo en las comunidades, separar y detener a familias y atacar a activistas y a apreciados miembros de la comunidad.

El 27 de febrero de 2025, la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas acusó a César y Norelia de haber entrado “ilegalmente” en Estados Unidos, una acusación penal que dio lugar a su detención y separación de su familia. Se trata de una familia venezolana con Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitudes de asilo pendientes, y estos cargos se presentaron más de dos años después de su llegada a la frontera sur de Estados Unidos para ejercer su derecho humano a solicitar asilo.

César y Norelia, sus tres hijos, menores de 12 años, y otros miembros de su familia huyeron de Venezuela, donde sufrían persecución a causa de su apoyo al partido de oposición en el país. Entraron en Estados Unidos en 2022 a través de Texas. Toda la familia tiene solicitudes de asilo pendientes, y cuenta con un TPS válido y activo para Venezuela. El TPS permite a las personas de determinados países en los que corren peligro residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Una vez que se le concede el TPS, una persona no puede ser detenida por su situación migratoria en Estados Unidos. El 31 de marzo, un juez federal detuvo los planes del gobierno de Trump de poner fin al TPS para las personas venezolanas una semana antes de que expirara. Actualmente hay 350.000 personas venezolanas protegidas por el TPS en Estados Unidos. 

César y Norelia fueron detenidos por primera vez por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos el 10 de marzo de 2025. El 12 de marzo, un juez federal ordenó su liberación en espera de una vista judicial programada en Texas. El 13 de marzo, César y Norelia fueron llevados desde la cárcel hasta el tribunal federal en Washington DC, donde fueron puestos en libertad y detenidos inmediatamente por el ICE. El ICE los puso en libertad ese mismo día. Norelia y César cumplieron con sus requisitos para con el ICE hasta que fueron detenidos de nuevo el 21 de marzo. César fue recluido en el Centro de Detención de Farmville y Norelia en el Centro de Detención de Caroline, hasta que un juez ordenó su liberación el 28 de marzo. 

El gobierno de Trump ha empezado recientemente a utilizar la 8 U. S. C. 1325 —la disposición de la ley sobre inmigración en la que se basó la política de separación familiar del gobierno de Trump durante su primer mandato— para atacar a personas y familias que llevan años en Estados Unidos, en lugar de aplicarla a llegadas recientes a la frontera entre Estados Unidos y México. El caso de César y Norelia sienta un precedente, ya que podría afectar a miles de personas más que entraron irregularmente en Estados Unidos pero recibieron protección legal.

Todas las personas tienen el derecho humano universal de solicitar y recibir asilo en caso de persecución y de violaciones graves de los derechos humanos. Además, tienen derecho a no ser devueltas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro o donde estén en riesgo de sufrir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su situación migratoria. Este principio, conocido como no devolución (non-refoulement), es una protección consagrada en el derecho internacional consuetudinario, los derechos humanos, el derecho de refugiados y el derecho humanitario, y exige a los Estados que se abstengan de devolver, expulsar o trasladar por cualquier vía a cualquier persona a su país de origen o a cualquier otro lugar en el que existan razones fundadas para creer que correrá el riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país. Amnistía Internacional ha pedido una prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce que pedir asilo puede requerir que las personas refugiadas incumplan normas de inmigración y señala que las personas que buscan seguridad no deberían ser objeto de requisitos específicos ni sufrir sanciones por esa razón. Los Estados no pueden excluir a una persona del estatuto de refugiado hasta que no se haya evaluado su solicitud adecuadamente y no puede penalizarse ni excluirse a nadie del estatuto de refugiado basándose en su forma de entrada en el país en el que busca acceder a protección internacional. 

Además, la separación de familias provoca un trauma duradero, especialmente a los niños y niñas, y es una violación flagrante de sus derechos humanos. Amnistía Internacional ha determinado anteriormente que las políticas de inmigración que separan a familias pueden constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que causan un sufrimiento mental severo. El gobierno de Trump debe dar marcha atrás de inmediato y poner en libertad a César y a Norelia para que se reúnan con sus hijos, y debe poner fin a la práctica de la separación familiar, la detención familiar y la detención y deportación colectiva. 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 1 de junio de 2025. 

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: César (masculino), Norelia (femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/9175/2025/es/