El 15 de marzo Estados Unidos deportó a más de 230 personas, la mayoría de ellas venezolanas, a El Salvador, las cuales fueron ingresadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). De ellas 137 fueron trasladadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar que un juez federal había ordenado paralizar durante 14 días cualquier deportación amparada en dicha normativa

La Casa Blanca está cumpliendo su promesa de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de América”. No obstante, esta política de deportación masiva y acelerada se realiza ignorando protocolos internos y el debido proceso, desobedeciendo órdenes de tribunales y desoyendo las críticas de organizaciones promotoras de derechos civiles dentro de Estados Unidos, generando una oleada de violaciones de derechos humanos a personas necesitadas de protección internacional, como la comunidad migrante venezolana.

La migración había sido el centro de la campaña electoral de Donald Trump. Durante sus discursos responsabilizó a los inmigrantes de muchos problemas internos, como la delincuencia y el aumento del coste de la vivienda, prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva de la historia del país. Esta oferta ha comenzado a materializarse, recordando una operación similar realizada en el año 1954, cuando el entonces presidente Dwight Eisenhower deportó a un millón de jóvenes mexicanos, en lo que se denominó “Operación Espalda Mojada”. Las autoridades han nombrado al actual esfuerzo de deportación masiva “Operación Aurora”, generando fricciones diplomáticas con los gobiernos de Colombia, México y Brasil.

Diferentes organizaciones defensoras de derechos civiles, dentro de Estados Unidos, han cuestionado esta política. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda a finales de enero para intentar que el sistema de justicia impida que los funcionarios de inmigración pudieran realizar deportaciones aceleradas.En su demanda la organización aseveró: “El proceso de deportación acelerada, incluso cuando se utiliza en la frontera para los recién llegados, está plagado de errores y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos legales de las personas”. La demanda asegura que la decisión viola la ley federal de inmigración y los derechos constitucionales al debido proceso de las personas sujetas a los procedimientos acelerados. “Todos en este país tienen derecho al debido proceso; es uno de los principios básicos de nuestro gobierno”, expresó una de las voceras de la organización. Por su parte la American Immigration Council indicó que el proceso estimula las deportaciones erróneas: “Las personas que de otro modo serían elegibles para solicitar una exención de la deportación ante un tribunal de inmigración podrían verse injustamente privadas de la oportunidad para solicitarla”. Asimismo, opinaron que estos procedimientos generan una protección inadecuada de los solicitantes de asilo y la falta de revisión judicial de las decisiones, pues las personas sometidas a deportación acelerada no tendrían derecho a impugnar su deportación ante un tribunal federal.

Según expresó el Real Instituto Elcano una deportación masiva, como la anticipada en la “Operación Aurora”, es temida por su carácter divisivo, al conducir a la separación de las familias, y anticipar efectos devastadores en las comunidades. Se estima que en todo Estados Unidos existen más de 16,7 millones de personas que tienen al menos un miembro de la familia en situación irregular viviendo con ellos. Por otra parte hay 5,9 millones de niños, ciudadanos de EEUU, que estarían en riesgo si sus familiares en situación irregular son objeto de estas medidas.

En el caso de la comunidad venezolana hay otras vulneraciones adicionales. El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido utilizada desde 1798, que lo faculta para deportar a cualquier no ciudadano en tiempos de guerra. En esa oportunidad aseveró que el país había sido “invadido” por el Tren de Aragua, un grupo delincuencial transnacional que tuvo origen en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua en Venezuela.  La orden ejecutiva acusó a la pandilla de trabajar en estrecha colaboración con altos funcionarios del gobierno venezolano para infiltrarse entre los inmigrantes, inundar a Estados Unidos con cocaína y perjudicar al país.

En octubre del 2024 se divulgó que el Departamento de Seguridad Nacional había identificado a 600 personas en Estados Unidos que podrían tener vínculos con el Tren de Aragua, de los cuales 100 serían integrantes confirmados, un 0.1% de la comunidad venezolana en ese país. Sin embargo, luego de una intensa campaña de estigmatización, en la que se sugiere que toda persona venezolana dentro de Estados Unidos es un potencial miembro de esta organización criminal, todos los venezolanos que habían obtenido el estatus de protección temporal (TPS), pudieran ser víctimas de una deportación acelerada, luego que la nueva administración decidiera cancelarlo el pasado 1 de febrero. Esto representa una amenaza para 504.000 venezolanos que habían sido beneficiarios del TPS.

Actualmente los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se encuentran en un proceso de negociación luego que Donald Trump anunciara, el 27 de febrero, que revocaría las concesiones otorgadas a Chevron para sus operaciones en nuestro país. Aunque en su mensaje el presidente de EEUU se refirió al incumplimiento de las condiciones electorales, también señaló que la decisión era consecuencia de no transportar “criminales violentos” al ritmo que Miraflores se había comprometido. Estados Unidos dio plazo a Chevron hasta el 3 de abril para la finalización de sus operaciones en Venezuela, tiempos en que previsiblemente habrá negociaciones entre ambos países.

El 15 de marzo Estados Unidos deportó a más de 230 personas, la mayoría de ellas venezolanas, a El Salvador, las cuales fueron ingresadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). De ellas 137 fueron trasladadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar que un juez federal había ordenado paralizar durante 14 días cualquier deportación amparada en dicha normativa. Por recibir a este contingente El Salvador habría recibido 6 millones de dólares.

Human Rights Watch ha cuestionado esta medida, opinando que el presidente Nayib Bukele estaría ofreciendo servicios similares a los de la Cárcel de Guantánamo, permitiendo evadir cualquier escrutinio judicial. La ONG recordó que las personas detenidas en El Salvador carecen de cualquier comunicación con el mundo exterior, no tienen acceso a recursos legales genuinos y, en muchos casos, son sometidas a torturas, desapariciones forzadas y malos tratos. Ya han comenzado a aparecer las denuncias de familiares, de personas venezolanas deportadas a El Salvador, que niegan su vinculación con organizaciones delictivas. Voceros del departamento de Estado reconocieron que 101 de los venezolanos deportados no tenían relación con el Tren de Aragua, sino que estaban bajo un estatus migratorio irregular.

Como organizaciones de derechos humanos venezolanas nos preocupa que diferentes gobiernos de la región utilicen la narrativa del Tren de Aragua para obviar sus responsabilidades con los migrantes venezolanos como sujetos de protección internacional. En su informe “Situación de derechos humanos de las personas en movilidad provenientes de Venezuela” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las personas provenientes de Venezuela deben ser reconocidas, prima facie, como personas refugiadas bajo la declaración de Cartagena: “En efecto, la gran mayoría de personas que salen de Venezuela se desplaza por inminentes amenazas a su vida, integridad y libertad como consecuencia de la violación masiva de derechos humanos”, aseveró el máximo organismo regional protector de los derechos humanos.

En virtud de todo lo anterior señalamos:

• 1) Rechazamos la política de deportaciones masivas aceleradas contra migrantes de diferentes nacionalidades en Estados Unidos, debido a las violaciones de derechos humanos resultantes de ignorar el debido proceso.
• 2) Instamos a la administración de los Estados Unidos a reconsiderar estas medidas y a alinear su política migratoria con su compromiso histórico con la protección internacional de personas que han salido de países bajo gobiernos autoritarios y los derechos humanos.
• 3) Como organizaciones de derechos humanos críticas de la impunidad, exigimos que cualquier persona migrante vinculada a cualquier delito dentro de Estados Unidos sea investigada y sancionada, con respeto al debido proceso, por las autoridades judiciales de ese país. Debido a las graves irregularidades existentes en el sistema de justicia venezolano, nada garantiza que una persona que haya cometido un delito en otro país vaya a ser sometida a un juicio justo en el país en caso de ser retornada.
• 4) Reiteramos nuestra preocupación por la caracterización injusta y estigmatizante de los migrantes venezolanos, vinculándolos con organizaciones criminales de manera generalizada y sin fundamento. Esto no solo es una distorsión de la realidad, sino que expone a la comunidad venezolana, tanto en Estados Unidos como en otros países de la región, a la discriminación, criminalización y xenofobia. Exigimos a los diferentes voceros políticos, así como a medios de comunicación, un uso responsable del tema de seguridad ciudadana y de las organizaciones delictivas transfronterizas.
• 5) Pedimos al Secretario General de la OEA que convoque a una reunión urgente del organismo sobre las políticas migratorias en la región.
• 6) Alentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite información detallada sobre las deportaciones masivas y aceleradas realizadas dentro de Estados Unidos, así como la lista de las personas deportadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, incluyendo los presuntos delitos o faltas de cada uno.
• 7) Exhortamos a la comunidad de países democráticos de la región a tomar decisiones sobre los flujos migratorios atendiendo a los estándares internacionales de protección a la población migrante y personas necesitadas de protección internacional, incluyendo la Declaración de Cartagena.
• 8) Rechazamos cualquier proceso de deportación contra personas necesitadas de protección internacional. En el caso de la comunidad venezolana, personas que han huido de la emergencia humanitaria compleja, la persecución política y la violación sistemática de derechos humanos.
• 9) Las autoridades migratorias de Estados Unidos, y del resto de los países de la región, deben respetar escrupulosamente el debido proceso, el principio de no devolución en caso de asilo, mantener el principio de unidad familiar, realizar consideración sobre las necesidades específicas de grupos vulnerables y evitar la discriminación.

Puedes descargar el informe aquí