Durante el último año, la Ley del Artículo 23 se ha usado para afianzar una ‘nueva normalidad’ de represión sistemática de la disidencia y criminalizar actos pacíficos de formas cada vez más absurdas

Cuando sólo ha pasado un año de su adopción, la Ley del Artículo 23 de Hong Kong ha contraído aún más las libertades de la población y ha permitido a las autoridades intensificar su represión del activismo pacífico en la ciudad y fuera de ella, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Durante el último año, la Ley del Artículo 23 se ha usado para afianzar una ‘nueva normalidad’ de represión sistemática de la disidencia y criminalizar actos pacíficos de formas cada vez más absurdas”, ha afirmado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.

“Se ha atacado y castigado severamente a personas por la ropa que visten, por lo que dicen y escribe, o por actos de protesta menores, lo que supone una intensificación del clima de miedo que ya impregnaba Hong Kong. La libertad de expresión nunca se ha visto tan atacada.”

Personas condenadas y encarceladas por expresión pacífica

La Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional (conocida como “Artículo 23”) entró en vigor el 23 de marzo de 2024. El análisis de Amnistía Internacional indica que 16 personas han sido detenidas desde esa fecha por sedición en virtud del Artículo 23. Cinco de ellas fueron acusadas oficialmente en virtud de la ley, y las otras 11 quedaron en libertad sin cargos. Ninguna de las personas detenidas ha sido acusada de cometer actos de violencia, en tanto que las autoridades han acusado a dos de ellas de incitar a la violencia pero sin revelar detalles.

Tres de las personas acusadas formalmente —después de pasar unos tres meses detenidas en espera de juicio— fueron declaradas culpables de llevar una camiseta y una máscara con consignas de protesta impresas; criticar al gobierno en Internet, y escribir consignas de protesta en asientos de autobuses, respectivamente. Fueron condenadas a entre 10 y 14 meses de prisión.

Las otras dos fueron personas acusadas formalmente están detenidas en espera de juicio desde noviembre de 2024 y enero de 2025, respectivamente. Se las acusa de hacer publicaciones “sediciosas” en plataformas de redes sociales.

El Artículo 23 consolida la negación de la libertad bajo fianza

La presunción contraria a la libertad bajo fianza en casos de seguridad nacional, impuesta originalmente por la Ley de Seguridad Nacional promulgada por Pekín, se ha extendido ahora a los delitos previstos en el Artículo 23. De las cinco personas acusadas formalmente en virtud del Artículo 23, a las dos que solicitaron la libertad bajo fianza se les denegó porque el magistrado consideró que podían “seguir cometiendo actos que ponga en peligro la seguridad nacional”, que es el mismo razonamiento que se emplea para denegar las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por otras personas procesadas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, como el fundador de un periódico Jimmy Lai y políticos de la oposición.

Las otras 11 personas detenidas en virtud del Artículo 23 han sido acusadas de hacer publicaciones “sediciosas”, conmemorar la represión de Tiananmen de 1989 y difundir “desinformación”. A pesar de haber sido puestas en libertad sin cargos oficiales por la policía, sigue pesando sobre ellas el riesgo de ser enjuiciadas en cualquier momento porque la Ley del Artículo 23 no impone un plazo límite para presentar cargos.

“El gobierno de Hong Kong ha esgrimido el Artículo 23 como herramienta para reprimir las voces críticas con el objetivo final de erradicarlas. Junto con la Ley de Seguridad Nacional, ha puesto en manos de las autoridades la facultad prácticamente ilimitada de detener y encarcelar a cualquier persona que critique al gobierno. El resultado es un Hong Kong donde la gente se ve obligada a pensarse dos veces lo que dice y escribe, e incluso la ropa que viste”, ha declarado Sarah Brooks.

“El uso ahora por defecto de la detención en espera de juicio y la negación de la libertad condicional son ejemplos alarmantes de cómo se ha usado el Artículo 23 para reforzar las herramientas represivas introducidas previamente por la Ley de Seguridad Nacional.”

La “seguridad nacional”, una baza que invalida leyes establecidas

La Ley del Artículo 23 también se ha utilizado para imponer medidas punitivas adicionales contra disidentes que ya cumplen condenas. Según el Reglamento Penitenciario en vigor, modificado por última vez en 2014, las personas reclusas que tengan buena conducta pueden ser puestas en libertad de forma anticipada una vez cumplidos dos tercios de la pena. Sin embargo, según las nuevas reglas establecidas por el Artículo 23, las autoridades penitenciarias pueden no aplicar esta práctica si la liberación es “contraria a los intereses de la seguridad nacional”.

Cabe señalar que se ha negado la liberación anticipada al menos a dos activistas encarcelados, aunque no fueron condenados en virtud del Artículo 23 y habían comenzado ya a cumplir sus condenas antes de la promulgación de la esta ley.

A uno de los activistas —que fue declarado culpable de incitación a causar lesiones, cargo sin relación con ninguna legislación sobre seguridad nacional— se le impidió acceder a la liberación anticipada aunque el Artículo 23 establece con claridad que las nuevas reglas sólo son aplicables a las personas reclusas condenadas por delitos que pongan en peligro la seguridad nacional.

“Negar la liberación anticipada con efectos retroactivos aduciendo justificaciones imprecisas de seguridad nacional menoscaba los principios de seguridad jurídica y debido proceso. El incumplimiento por el gobierno del texto que él mismo ha redactado plantea graves motivos de preocupación adicionales respecto a la aplicación arbitraria del Artículo 23”, ha manifestado Sarah Brooks.

Aplicación extraterritorial contra activistas en otros países

Los preocupantes efectos del Artículo 23 sobre los derechos humanos no se limitan a Hong Kong. Las autoridades han invocado el alcance extraterritorial del Artículo 23 para criminalizar a un total de 13 activistas de Hong Kong que residen en otros países, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Estas sanciones han incluido la cancelación de pasaportes, la suspensión de licencias para ejercer la abogacía, la destitución de la dirección de empresas y la prohibición de transacciones financieras, la restricción de una serie de derechos humanos como su libertad de circulación, el derecho a la privacidad y el derecho al trabajo.

Estas medidas se han impuesto junto a órdenes de arresto dictadas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, cada una de las cuales incluye una recompensa de un millón de dólares de Hong Kong (128.700 dólares estadounidenses), para estas 13 personas y otros seis activistas residentes en otros países.

“Con las sanciones a activistas en otros países, el gobierno de Hong Kong intenta extender sus leyes draconianas más allá de sus fronteras para actuar potencialmente contra cualquier persona, en cualquier lugar. La situación ha dado lugar a un efecto intimidatorio sobre las personas que persisten en ejercer su libertad de expresión, incluso después de salir de la ciudad. La comunidad internacional no puede permitirse ignorar el alcance extraterritorial que se pretende con el Artículo 23”, ha afirmado Sarah.

“Instamos a los gobiernos de Hong Kong y China a derogar con carácter inmediato la Ley del Artículo 23, la Ley de Seguridad Nacional y cualquier otra disposición legal que viole el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. También pedimos que otros gobiernos protejan dentro de sus jurisdicciones los derechos y libertades fundamentales de las personas de Hong Kong, especialmente las que defienden activamente los derechos humanos.”

“El aumento del riesgo de represión transnacional, que Amnistía ha documentado y que está ligado explícitamente a la legislación de seguridad nacional de Hong Kong, exige una respuesta de los gobiernos de todo el mundo. Para empezar, esto significa denunciar los incidentes de represión transnacional y exigir que se rindan cuentas por los actos delictivos contra activistas y otras personas en el país de residencia.”

Información complementaria

El 19 de marzo de 2024, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad la Ley de Protección de la Seguridad Nacional basada en el artículo 23 de la Ley Fundamental, la “miniconstitución” de Hong Kong.

La ley, que entró en vigor el 23 de marzo de 2024, introdujo la definición de “seguridad” nacional y de “secretos de Estado” de China, junto con otros delitos definidos de forma amplia que restringían aún más la libertad de expresión y el derecho a la protesta. También sustituyó una ley sobre sedición de la época colonial, ampliamente utilizada, por sus propias disposiciones sobre sedición, que ahora abarcan de forma explícita actos o expresiones que no incitan a la violencia. La máxima pena de prisión por sedición se aumentó de dos a siete años, o hasta 10 años si implica “connivencia con una fuerza externa”.

Durante el periodo de consulta, Amnistía International presentó un análisis al gobierno sobre las propuestas que éste había formulado, en el que llegaba a la conclusión de que los delitos y los cambios en las facultades de investigación son contrarios a las obligaciones de Hong Kong en materia de derechos humanos. Una vez aprobada la ley, Amnistía Internacional publicó un documento informativo en el que analizaba en profundidad los efectos tanto para las personas chinas como para las de otras nacionalidades, especialmente a través de su pretendida aplicación extraterritorial.