El activista de los derechos de las personas trabajadoras Wang Jianbing ha quedado hoy en libertad tras cumplir una condena de tres años y medio de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado"

Ante la liberación del activista de los derechos de las personas trabajadoras Wang Jianbing producida hoy, tras cumplir una condena de tres años y medio de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”, Sarah Brooks, directora del equipo de China de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Wang Jianbing fue condenado junto con Huang Xueqin —activista del movimiento #MeToo acusada conjuntamente con él— en un juicio injusto tras una prolongada detención previa. Su liberación hoy debería constituir el fin de un trato y una privación de libertad injustos.”

“Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación el hecho de que, pese a haber cumplido su condena de prisión, Wang pueda seguir enfrentándose a restricciones ilícitas de sus libertades y se arriesgue a volver a ser detenido. Tras su salida de prisión esta mañana, a Wang no se le ha permitido regresar a su residencia en Guangzhou, sino que la policía lo ha escoltado hasta un lugar situado a más de 2.000 km del hogar de sus padres, en la remota provincia noroccidental de Gansu.”

“Amnistía documenta desde hace años casos de activistas a quienes las autoridades chinas someten a vigilancia y hostigamiento, incluso después de haber sido condenados por los tribunales y haber cumplido su condena. Por ejemplo, en los meses posteriores a su salida de prisión en mayo de 2024, Zhang Zhan, especialista en periodismo ciudadano, sufrió el acoso de la policía local y terminó siendo detenida de nuevo por cargos falsos.”

“Las autoridades chinas deben garantizar que se levanten inmediatamente todas las restricciones arbitrarias que pesan sobre Wang Jianbing y garantizar el pleno disfrute de sus derechos humanos, incluida la libertad de expresión y asociación.”

Información complementaria

El activista de los derechos de las personas trabajadoras Wang Jianbing ha quedado hoy en libertad tras cumplir una condena de tres años y medio de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Entre las supuestas pruebas utilizadas para condenarlo figuraban su participación en la organización conjunta de reuniones semanales con activistas, así como su participación en un curso virtual sobre no violencia y publicaciones en Internet sobre temas considerados “delicados” por el gobierno chino.

Su amiga Sophia Huang Xueqin, periodista y defensora del movimiento #MeToo, detenida junto con él, sigue cumpliendo una condena de cinco años de prisión por los mismos cargos.

Ambos fueron arrestados en Guangzhou, en el sur de China, el 19 de septiembre de 2021 y sometidos a detención en régimen de incomunicación durante más de cinco meses. En las semanas siguientes a su detención, la policía citó a decenas de sus amistades, cuyos domicilios fueron registrados y a quienes se confiscaron dispositivos electrónicos.

El 14 de junio de 2024, el Tribunal Intermedio de Guangzhou condenó a Wang a tres años y seis meses de prisión y a Huang a cinco años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Ambos están sujetos a una “privación de libertades políticas” tras su liberación, por un periodo de tres y cuatro años respectivamente.

Las dos personas apelaron formalmente la sentencia ante el Tribunal Superior de Guangdong, que desestimó las apelaciones sin observar la debida notificación o documentación.

Según informes, tanto Huang como Wang han sido sometidos a malos tratos bajo custodia, que les han causado un grave deterioro de salud.

Amnistía Internacional tiene constancia de que los problemas de salud de Wang, que surgieron durante su primera reclusión en régimen de aislamiento y se agravaron debido a la fatiga de los interrogatorios, han empeorado recientemente. Sin embargo, el centro de reclusión no ha tomado ninguna medida para tratar su afección y ha negado a Wang el acceso a los medicamentos que sus familiares y amistades le han remitido.

Las autoridades chinas utilizan sistemáticamente las disposiciones ambiguas y muy imprecisas de su Código Penal, como “incitar a la subversión del poder del Estado” y, aún más grave, “subvertir el poder del Estado”, para procesar a activistas, intelectuales, periodistas, profesionales del derecho y personal de ONG, entre otras personas.

La legislación china también establece que las personas condenadas por “poner en peligro la seguridad nacional” “deberán” ser condenadas a la privación de derechos políticos como “castigo complementario”; según se define en el Código Penal de China, lo que incluye la privación de “los derechos de libertad de expresión o de prensa, de reunión, de asociación, de marcha y de manifestación” (art. 54.2). El año pasado, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados escribió a las autoridades chinas para expresar su preocupación, entre otras cosas, de que esta supuesta pena complementaria no se ajustara a las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional publicó una declaración conjunta con otras organizaciones en septiembre de 2023, segundo aniversario de la detención de Wang y Huang. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó en 2022 que Wang estaba detenido arbitrariamente, y ha pedido reiteradamente a China que derogue el delito de “incitación a la subversión” o lo adapte a las normas internacionales.