Las autoridades deben actuar con prontitud para garantizar la protección de la población civil en cualquier combate presente o futuro y para prevenir nuevos homicidios ilícitos y otras violaciones de derechos humanos

Ante las noticias de la muerte de cientos de civiles, en gran parte pertenecientes a la minoría alauí, en zonas costeras de Siria, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha afirmado:

“Las autoridades deben actuar con prontitud para garantizar la protección de la población civil en cualquier combate presente o futuro y para prevenir nuevos homicidios ilícitos y otras violaciones de derechos humanos. Si no se toman medidas firmes y se llevan a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas, y si no se garantiza que los autores de crímenes comparecen ante la justicia, se envalentonará a quienes creen que pueden matar con impunidad.

“Además de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, el gobierno de Siria tiene la obligación de hacer respetar los derechos humanos de todas las personas que viven en Siria. Las autoridades deben tomar medidas inequívocas para hacer respetar de forma estricta la igualdad de derechos de todas las personas sirias, lo que incluye garantizar que ninguna persona o grupo es atacado por su presunta afiliación política.

Las autoridades deben tomar medidas inequívocas para hacer respetar de forma estricta la igualdad de derechos de todas las personas sirias, lo que incluye garantizar que ninguna persona o grupo es atacado por su presunta afiliación política.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África 

“Las aterradoras imágenes que llegan de la costa de Siria, con cuerpos sin vida en las calles y familias desconsoladas llorando a sus seres queridos, son un cruel recordatorio de los ciclos de atrocidades que la población siria ha soportado en el pasado y que corren el riesgo de encender las tensiones sectarias y alimentar nuevos actos de violencia mortífera. La población siria merece un futuro basado en la justicia y la dignidad, pero las comunidades se ven obligadas una vez más a sufrir pérdidas inimaginables.

“Aunque el gobierno ha anunciado un comité independiente de determinación de los hechos y de investigación y ha prometido hacer comparecer a los responsables de esos crímenes ante la justicia, es fundamental que este proceso sea plenamente transparente y se lleve a cabo de acuerdo con las normas internacionales. El comité debe presentar un informe a la Presidencia en el plazo de 30 días, pero esas conclusiones deben hacerse públicas. Sin transparencia, las víctimas y la población en general no tendrán razón alguna para confiar en que las investigaciones se hayan llevado a cabo de forma creíble y diligente.

“El compromiso del presidente Ahmad al Sharaa de hacer rendir cuentas a los autores de crímenes ‘con toda la firmeza y sin indulgencia’ servirá de poco si no se hace justicia de una manera que dé prioridad a la participación de las víctimas, respete los derechos de las personas y se administra de forma imparcial, con independencia de quienes sean los responsables.

“Además de la investigación auspiciada por el gobierno, las autoridades deben permitir el acceso de personal investigador nacional e internacional independiente a Siria, incluidas las zonas costeras del país, para que pueda llevar a cabo su propia labor de determinación de los hechos.

“Estos hechos aterradores subrayan una vez más la necesidad de que las autoridades sirias tomen con urgencia medidas integrales para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos en Siria. En definitiva, la obtención de verdad, justicia y reparación tiene por objeto remediar los daños causados a las víctimas y garantizar que nunca más significa realmente nunca más.”

Información complementaria

La familia Asad, que gobernó Siria durante decenios, pertenece a la minoría alauí. En noviembre de 2024, Hayat Tahrir al Sham (HTS) y grupos armados de oposición aliados lanzaron una ofensiva militar que dio lugar a la captura de la gobernación de Alepo. El 8 de diciembre, los grupos armados de oposición capturaron Damasco y el presidente Bachar al Asad huyó del país.

El 29 de enero de 2025, el Mando Operativo Militar de Siria designó al exjefe del HTS, Ahmad al Sharaa, como jefe del Estado durante el periodo de transición. El mismo día, las autoridades de transición anunciaron que todas las facciones militares se disolverían y se integrarían en las instituciones del Estado.

El 6 de marzo de 2025, hombres armados leales al antiguo gobierno de Asad lanzaron un ataque contra fuerzas de seguridad del Estado sirias en Latakia. Como respuesta, las autoridades sirias contraatacaron, apoyadas por milicias progubernamentales.

Esto desembocó después en una serie de ataques en varias gobernaciones, según fuentes locales. El 10 de marzo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de la muerte de más de 973 civiles, en su mayoría alauíes.

El derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes beligerantes que intervienen en el conflictos de Siria. El gobierno de Siria, ahora encabezado por Ahmad al Sharaa, también tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos con todas las personas que viven en Siria.