La ejecución de Rosman bin Abdullah se ha fijado para el viernes 22 de noviembre. Rosman bin Abdullah fue declarado culpable el 14 de septiembre de 2010 de traficar con 57,43 gr de diamorfina (heroína), y fue condenado a pena de muerte prescriptiva

En vísperas de la ejecución programada de un hombre por delitos de drogas, prevista en Singapur para el viernes 22 de noviembre en contra del derecho y las normas internacionales, Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre pena de muerte, ha declarado: 

“La ejecución inminente de Rosman bin Abdullah pone de manifiesto la escalofriante determinación de las autoridades de Singapur de seguir aplicando la pena de muerte. Singapur forma parte de un puñado de países que aún ejecutan a personas por delitos de drogas, en contra de lo dispuesto por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Esta situación debe cesar de inmediato.” 

“Tan sólo la semana pasada se llevaron a cabo otros dos ahorcamientos. Estas ejecuciones resultan sumamente alarmantes, y aumenta el temor colectivo por otras personas condenadas a muerte.” 

“Pedimos una vez más a las autoridades de Singapur que establezcan de inmediato una moratoria de todas las ejecuciones y que revisen la legislación nacional para adaptarla al derecho y las normas internacionales con carácter de urgencia. Singapur debe dar sus primeros pasos para abolir la pena de muerte de una vez por todas.” 

Información complementaria 

La ejecución de Rosman bin Abdullah se ha fijado para el viernes 22 de noviembre. Rosman bin Abdullah fue declarado culpable el 14 de septiembre de 2010 de traficar con 57,43 gr de diamorfina (heroína), y fue condenado a pena de muerte prescriptiva. Su ejecución se había fijado anteriormente para el 23 de febrero de 2022, pero se había suspendido. 

El 15 de noviembre, un singapurés de 53 años y un malasio de 39 fueron ejecutados tras ser declarados culpables de posesión de drogas controladas con la intención de traficar. 

En octubre de 2024, Amnistía Internacional, junto con otras seis organizaciones asociadas, publicó una declaración conjunta en la que expresaba su preocupación por el uso de la pena de muerte por parte de las autoridades de Singapur, un uso contrario al derecho y las normas internacionales, y por las restricciones adicionales al ejercicio del derecho a la libertad de expresión para quienes realizan activismo contra la pena de muerte. 

Singapur es uno de los únicos cinco países en los que Amnistía Internacional confirmó ejecuciones relacionadas con las drogas en 2023. Según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte debe limitarse a “los más graves delitos”, y tanto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes como varios órganos de la ONU han declarado que los delitos de drogas no alcanzan este umbral. La imposición de la pena de muerte preceptiva por ciertos delitos de drogas viola también el derecho y las normas internacionales, ya que significa que los jueces podrían no considerar las circunstancias particulares del delito o los antecedentes de la persona condenada. 

Amnistía Internacional ha documentadoanteriormente las fallidas reformas de la pena de muerte preceptiva en el país y la amplia aplicación de la pena capital para delitos de drogas. 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.