Clara del Campo, responsable de campañas para las Américas en Amnistía Internacional, pone nombres, datos y contexto al “repunte” en la represión que se vive en Venezueladesde el día después de las pasadas elecciones.

El objetivo de su viaje a Madrid y Ginebra es aumentar la presión internacional para poner fin a los crímenes y la impunidad cometidos por el Gobierno de este país desde hace años.

¿Qué vulneraciones de derechos humanos se han documentado desde la celebración de las elecciones del pasado 28 de julio?

Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones hemos visto un repunte en la represión de las políticas de Nicolás Maduro. Lamentablemente, esto que hemos visto es una continuación de lo que hemos documentado en los últimos años. Se han producido detenciones por motivos políticos, malos tratos que podrían llegar a constituir tortura, ausencia de garantías judiciales, muertes por uso indebido de la fuerza –registramos 20 en apenas dos días tras las elecciones–, al menos hay 120 menores de edad detenidas y también personas con discapacidades y enfermedades crónicas.

Hay 2.000 personas detenidas tras las elecciones, la inmensa mayoría según Amnistía Internacional, manifestantes pacíficos. ¿En qué situación se encuentran estas personas detenidas?

Estas más de 2.000 personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos, se suma a unas 300 que ya estaban detenidas anteriormente. Esto apunta que es una continuación de una política de represión que ya existía antes de las elecciones, pero se trata de una escala no conocida anteriormente.

“Las más de 2.000 personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos se suma a unas 300 que ya estaban detenidas antes de las elecciones”

Desde Amnistía Internacional pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, y como punto prioritario las menores de edad y las de especial vulnerabilidad. Y también llamamos la atención sobre la situación de al menos seis defensores de derechos humanos que estaban en detención antes de las elecciones, como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas. En estos días hay muchas personas más detenidas, aunque algunas no quieren hacerlo público, y su situación nos preocupa muchísimo.

Nuevas Leyes anti-ONG, aplicaciones tecnológicas para denunciar a manifestantes… ¿Hasta qué punto se está llevando la represión en el país?

Esta ley anti-ONG viene dando vueltas desde hace años. Desde enero fue aprobada en primera instancia y estaba guardada como una espada de Damocles, se ha amenazado con su aprobación definitiva varias veces. Y hemos visto como se aprobaba en agosto, en un momento tan importante para la defensa de los derechos humanos y para el espacio cívico. Esta ley es espantosa, se une a varios proyectos similares en América que buscan silenciar las voces disidentes, pero en Venezuela en particular porque ese espacio cívico se ha ido cerrando más y más, y en este momento la capacidad de castigar a las ONG es muy discrecional, ambigua y abusiva.

Además de este gran ataque, también se han empezado a utilizar herramientas digitales como ‘VenApp’, una aplicación que existía antes de las elecciones, pero que se modificó para permitir la denuncia vecinal de manifestantes o personas críticas con el gobierno. Desde Amnistía Internacional y otras organizaciones apelamos a la responsabilidad de las empresas de que su tecnología no se use para vulnerar derechos humanos. Logramos que esa aplicación ya no esté disponible, pero quien ya la tenía descargada la puede seguir utilizando.

Clara del Campo en la sede de Amnistía Internacional España. © Amnistía Internacional España/Alberto Senante

Amnistía Internacional ha pedido a la ONU que debe renovar la misión de expertos independientes junto a 30 organizaciones. ¿Qué papel puede jugar este organismo?

Tiene un papel fundamental. Esta Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela es un cuerpo de investigadores que se dedica a esclarecer la verdad, y esto es fundamental en un país con un gobierno donde la opacidad reina y la impunidad es ley. No hay justicia para las violaciones de derechos humanos, crímenes de derecho internacional, e incluso posibles crímenes de lesa humanidad, como ha establecido la Corte Penal Internacional que han podido pasar.

Este grupo de expertos se creó en 2019, se ha renovado dos veces, y en el 2024 terminará su mandato si no renueva y no habrá ningún órgano independiente que determine qué está pasando. Queremos que esa labor se siga haciendo para que haya un esfuerzo de la comunidad internacional para que las víctimas vean reconocido su derecho a la verdad y la justicia, y eso en Venezuela no va a pasar, al menos en un futuro inmediato, por lo que debe hacerlo la ONU. Y la segunda finalidad es decirle a los perpetradores, a esas autoridades que están cometiendo esos crímenes, que alguien está poniendo el ojo sobre lo que están haciendo, con estándares rigurosos y no de forma partidista o sesgada. Con esto se busca disuadirles que sigan cometiendo esas violaciones de derechos humanos, buscamos reducir esa represión generalizada y sistemática.

¿Cuál puede ser el papel de los gobiernos y de la sociedad civil de otros países de cara a avanzar en una solución electoral? ¿Y cuál ha sido hasta ahora?

En un país tan represivo y tan cerrado, es fundamental que desde fuera se siga manteniendo el centro de la discusión en la crisis de derechos humanos, cómo hacer para que la gente deje de sufrir violaciones a sus derechos económicos, sociales, a la alimentación, a la salud, al agua potable; y también a los civiles y políticos, su derecho a disentir, a asociarse, a participar… Queremos que la comunidad internacional tenga eso en el centro de la discusión y no se distraiga con discusiones que busquen instrumentalizar el sufrimiento de la gente por intereses partidistas internos.

En específico, además de asegurar que se renueve la Misión de la ONU, también buscamos que apoyen la investigación de la Corte Penal, de forma pública y asignándole recursos. Y donde vemos también vemos una oportunidad, en las Américas y Europa sobre todo, es en la protección de las personas que huyen de Venezuela. Son ya 8 millones las personas que han tenido que escapar de la situación humanitaria y de represión que se vive en el país, es decir, una de cada cuatro han salido, en su mayoría a países vecinos.

“Una de cada cuatro personas han huido en los últimos años y 17 millones necesitan asistencia humanitaria en Venezuela”

Y la sociedad civil también debe seguir denunciando, de la forma más apegada a los hechos posible, el sufrimiento de las personas de a pie, a defensores/as, a dirigentes, a periodistas. Lo que pasa en Venezuela es algo que apela a la humanidad en su conjunto, pues eso es lo que son los crímenes de lesa humanidad, crímenes que, por su magnitud, no pueden dejar a nadie indiferente, esté donde esté en el mundo. Por eso pedimos a la sociedad civil que sigan exigiendo justicia y a las organizaciones que apoyen solidaridad a sus pares en Venezuela.

Además de la represión política de las últimas semanas, ¿qué derechos humanos ven vulnerados la población venezolana en su día a día?

La vida es tremendamente difícil en Venezuela para la población en general. Hay una emergencia humanitaria compleja, que implica que se vulneran los derechos a la salud, a la alimentación, al agua potable, a la educación… La ONU ha puesto como techo –por cuestiones internas– 9 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, pero la sociedad civil estima que esa cifra de es de 17 millones. Esas 17 millones de personas necesitan asistencia en alguna necesidad básica, y unidas a las que han salido del país, dan la magnitud de lo difícil que es la vida en Venezuela.

Clara del Campo, responsable de Campañas para las Américas de Amnistía Internacional. © Amnistía Internacional España/Alberto Senante

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