Jueves, 19 de septiembre, 2024
En julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica opinión consultiva en la que concluyó que la ocupación y anexión del territorio palestino por parte de Israel durante décadas es ilegal porque viola algunos de los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario y niega a los palestinos y palestinas sus derechos humanos.
La Corte también determinó que todos los Estados tienen “la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegítima de Israel en el Territorio Palestino Ocupado” y “de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. Desde entonces ha continuado la transferencia y venta prácticamente incondicional de armas, piezas y munición por parte de los gobiernos, cuando existe un claro riesgo de que se utilicen para causar daño a la población civil y violar el derecho internacional.
Ahora que la Asamblea General de la ONU se dispone a votar esta semana una resolución que trataría de poner fin a la ocupación, las organizaciones abajo firmantes piden a todos los gobiernos, y en particular a los que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que se adhieran a la opinión consultiva de la CIJ, lo que incluye suspender la transferencia y venta de armas, componentes y munición.
Como organizaciones humanitarias, de desarrollo y de derechos humanos, en muchos casos con décadas de experiencia de trabajo brindando ayuda vital y otros servicios en toda la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, hemos sido testigos directos de las consecuencias humanitarias de la ocupación de Israel y su impacto devastador en la población palestina, especialmente para el bienestar de los niños y las niñas.
Esto incluye, entre otras cosas:
● el uso de armas por parte de las fuerzas y los colonos israelíes en ataques, incluidas violaciones manifiestas del derecho internacional, que se traducen en muertes y discapacidades permanentes de civiles palestinos, entre los que hay niños y niñas, y casos de violencia de género;
● la detención arbitraria —a menudo en terribles condiciones— y el enjuiciamiento sistemático en los tribunales militares israelíes de palestinos y palestinas, incluidos niños y niñas;
● el desplazamiento forzado de la población palestina por la demolición de sus casas y propiedades, la expansión de los asentamientos israelíes, la violencia de los colonos israelíes y las llamadas órdenes de “evacuación” en medio de los bombardeos israelíes en Gaza;
● un régimen de permisos discriminatorio que niega la libertad de circulación a palestinos y palestinas, privándolos de servicios básicos, incluida la asistencia médica vital.
Estas prácticas han tenido lugar sin rendición de cuentas durante décadas, pero su intensificación en los últimos once meses ha causado una abrumadora catástrofe humanitaria para la población palestina en todo el Territorio Palestino Ocupado, alimentada por el suministro prácticamente incondicional de armas, piezas y munición.
En Gaza han muerto más de 40.000 personas, y decenas de miles se enfrentan a lesiones que les afectarán de por vida y a daños psicológicos potencialmente irreversibles, como consecuencia, entre otras cosas, de manifiestas violaciones del derecho internacional humanitario. Mientras tanto, la situación en Cisjordania se deteriora rápidamente, con ataques aéreos e incursiones terrestres a gran escala del ejército israelí que han causado muertos y heridos casi todos los días del año. La violencia y las restricciones bajo la ocupación israelí han hecho que los mandatos de las organizaciones humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo sean casi imposibles de cumplir.
Las autoridades israelíes obstaculizan y destruyen con frecuencia la ayuda humanitaria que proporcionan los Estados miembros. La ayuda que han logrado prestar las organizaciones humanitarias ha sido insuficiente para resolver las necesidades y no aborda las causas profundas de las consecuencias humanitarias resultado de décadas de ocupación israelí, permitida durante demasiado tiempo por la comunidad internacional
El rechazo a la opinión consultiva de la CIJ, transmitirá el mensaje de que los Estados pueden ser selectivos en su aplicación del derecho internacional. Es fundamental que los Estados refuercen y demuestren su compromiso con las instituciones internacionales y el orden internacional vigente desde hace casi 80 años. Ya no es momento de declaraciones vacías. Todos los Estados miembros deben actuar con decisión para adherirse a la opinión consultiva de la CIJ antes de que haya más vidas destruidas irreparablemente.
Firmantes:
1. ActionAid
2. American Friends Service Committee
3. Amnistía Internacional
4. BePax
5. CCFD-Terre Solidaire
6. Center for Peace Education (Miriam College, Filipinas)
7. Christian Aid
8. Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
9. DanChurchAid 10.Consejo Danés para los Refugiados
11. Finn Church Aid
12.Familia Franciscana Internacional
13.Gender Action for Peace and Security (GAPS) (Secretariat)
14.Ministerios Globales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
15.Handicap International/Humanity & Inclusion (HI)
16.Human Concern International
17.Islamic Relief Worldwide
18.Red Internacional Médicos del Mundo
19.Comité Central Menonita
20.Middle East Children’s Alliance
21.Norwegian Church Aid
22.Consejo Noruego para Refugiados
23.Oxfam
24.Pax Christi Austria
25.Pax Christi England and Wales
26. Pax Christi International
27. Pax Christi Scotland
28. Pax Christi USA
29. Première Urgence Internationale
30. Presbyterian Church (U.S.A.)
31. Terre des hommes Foundation
32. Terre des Hommes Italy
33. The United Church of Christ
34. War Child