La ”zona de amortiguación” ampliada a lo largo del perímetro con Israel abarca aproximadamente 58 km², lo que equivale aproximadamente al 16% del total de la Franja de Gaza ocupada. A fecha de mayo de 2024, más del 90% de los edificios comprendidos en la zona (más de 3.500 estructuras) habían sido destruidos o gravemente dañados; y más de 20 km² de tierras agrícolas (el 59% de las existentes en la zona) mostraban un deterioro de la salud y la densidad de los cultivos debido al conflicto en curso.

Amnistía Internacional entrevistó a residentes y agricultores afectados, analizó imágenes de satélite, verificó 25 vídeos filmados a lo largo de la zona perimetral e hizo un seguimiento de las declaraciones emitidas por las fuerzas armadas israelíes, Hamás y otros grupos armados para determinar si la destrucción era legítima y si podía justificarse como necesidad militar imperiosa.

En las cuatro zonas investigadas por Amnistía Internacional, la destrucción se llevó a cabo después de que las fuerzas armadas israelíes tomaran el control operativo, por lo que no se debió a un combate directo entre las fuerzas armadas israelíes y Hamás u otros grupos armados palestinos. En dichas zonas de la Franja de Gaza, las estructuras se demolieron de forma deliberada y sistemática.

Al parecer, muchas de las estructuras fueron demolidas debido a su proximidad a la valla que Israel construyó para delimitar la Franja de Gaza. Aunque es probable que grupos armados utilizaran algunas de las estructuras en el pasado, el posible recurso de estos grupos a bienes de carácter civil en el futuro —bien por su proximidad al perímetro, bien por otros motivos— no convierte automáticamente las viviendas, escuelas o mezquitas en objetivos militares. Además, la demolición punitiva de bienes civiles únicamente porque los hayan utilizado grupos armados está prohibida como forma de castigo colectivo.

El derecho internacional humanitario, vinculante para todas las partes en un conflicto armado, prohíbe destruir los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una necesidad militar imperiosa. Los ataques directos contra bienes de carácter civil también están prohibidos.

El principio de necesidad militar permite a una parte en conflicto tomar medidas necesarias para debilitar las fuerzas armadas de su adversario, siempre que no estén prohibidas por el derecho internacional humanitario. En el caso de la prohibición de destruir bienes del adversario, existe una excepción explícita por “necesidad militar imperiosa”, que permite la destrucción de bienes cuando sirva a un fin militar legítimo y no viole otras normas del derecho internacional humanitario, incluidos, entre otros, el principio de proporcionalidad y la prohibición del castigo colectivo.

Un ejemplo de finalidad legítima sería destruir una estructura que sirve de cobertura al enemigo para disparar contra las fuerzas contrarias en un combate activo. Esta aplicación táctica no es válida en los casos aquí documentados, ya que, cuando se produjeron las demoliciones, las fuerzas israelíes tenían el control de las zonas y los combates habían cesado en gran medida. Aun cuando la destrucción pueda servir a un propósito militar legítimo, el alcance y la forma de dicha destrucción están limitados por el principio de proporcionalidad, así como por otras normas del derecho internacional humanitario, incluidas las que rigen las ocupaciones militares.

Si las fuerzas armadas israelíes creían que existía la necesidad militar de establecer una “zona de amortiguación” para proteger a la población en Israel frente a ataques de grupos armados, aparentemente había otras opciones en territorio israelí que permitirían lograr ese objetivo de conformidad con el derecho internacional humanitario y las obligaciones de Israel como potencia ocupante. Ante la viabilidad de estas otras opciones y la negativa a llevarlas a cabo, la extensa destrucción sistemática es desproporcionada para cualquier posible propósito militar legítimo. Por tanto, hay que investigar estos casos como crimen de guerra de destrucción arbitraria. Habida cuenta de las pruebas que indican que se han destruido viviendas y otros bienes de carácter civil para castigar a la población civil por los ataques de los grupos armados, esta conducta también debe investigarse como crimen de guerra de castigo colectivo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó en una Opinión Consultiva de 2004 que la construcción del muro israelí en el interior de la Cisjordania ocupada era ilegítima. La CIJ subrayó que las medidas de seguridad de Israel debían respetar las obligaciones del país en virtud del derecho internacional humanitario —incluidas las de una potencia ocupante— y del derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluía considerar alternativas que pudieran construirse en territorio israelí, desplazaran a menos civiles y proporcionaran una reparación justa a la población civil que hubiera perdido sus bienes y medios de subsistencia.

El uso militar anterior de estructuras civiles no justifica por sí solo la demolición de bienes civiles y en absoluto excusa la destrucción generalizada de barrios enteros y de las tierras agrícolas necesarias para alimentar a la población civil.

La localidad de Khuza’a, situada en la gobernación de Jan Yunis, en el sur de Gaza, era el hogar de aproximadamente 11.000 personas palestinas. En las siete semanas siguientes al 7 de octubre de 2023, las imágenes de satélite muestran que se destruyeron o dañaron gravemente unas 178 estructuras, muchas mediante ataques aéreos. Sin embargo, la destrucción más significativa comenzó una vez que las fuerzas terrestres israelíes entraron a mayor escala en la localidad, a finales de diciembre de 2023. Entre el 26 de noviembre de 2023 y el 7 de enero de 2024, se destruyeron o dañaron gravemente más de 850 estructuras, según UNOSAT.

El 27 de diciembre, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que habían iniciado una operación denominada “Oz y Nir” en referencia al kibutz de Nir Oz, comunidad considerada “circunvecina de Gaza”, que Hamás y otros grupos armados atacaron el 7 de octubre. El general de brigada Avi Rosenfeld, comandante de la División de Gaza del ejército israelí, envió el siguiente mensaje a las tropas: “El Sabbath maldito, el 7 de octubre, los horribles terroristas, que cometieron los crímenes más horribles imaginables, vinieron de Khirbat Khizaaa (Khuza’a). Lucharemos con todas nuestras fuerzas para eliminar a los terroristas que se esconden allí encima y debajo de la tierra, y para desmantelar las infraestructuras del terrorismo y del mal”.

El 28 de diciembre, un soldado israelí del Batallón de Ingeniería 8219 publicó el primer vídeo en redes sociales de una demolición en Khuza’a y escribió: “El 7 de octubre, muchos terroristas salieron de estas casas para masacrar a las personas residentes en Nir Oz. Esta noche, hemos destruido 30 de ellas”. Las imágenes de satélite confirman la destrucción de al menos 30 viviendas de la zona entre el 26 y el 30 de diciembre de 2023.

En días posteriores, el mismo soldado publicó cinco vídeos más que mostraban demoliciones con explosivos, la mayoría de ellos filmados desde la misma azotea. En ellos aparecen soldados que sonríen y posan para la cámara, fuman cigarrillos o en narguile, o brindan mientras las explosiones destruyen edificios en segundo plano. En uno de los vídeos, tres soldados caminan hacia la cámara mientras se detona una explosión a sus espaldas. El texto en árabe indica: “Hemos vuelto de entre los muertos para atormentaros”. Las acciones de los soldados en los vídeos indican que no había amenaza inminente alguna en ese momento y lugar.

El 29 de diciembre, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que sus soldados estaban trabajando para recuperar el control operativo de Khuza’a y declararon haber hallado decenas de túneles, armas y lanzacohetes. Las brigadas de Al Qassam, el brazo militar de Hamás, habían anunciado previamente en su canal de Telegram que habían lanzado granadas propulsadas por cohetes y morteros contra las tropas israelíes desde la zona de Khuza’a.

El 3 de enero de 2024, las fuerzas armadas israelíes llevaron a un equipo de la cadena de televisión israelí Now 14 a los alrededores de Khuza’a. Los soldados mostraron cómo utilizaban las minas antitanque M15 para derribar edificios. El equipo hizo entrevistas junto a edificios que iban a ser demolidos, prueba de que no había ninguna amenaza inminente. Podían verse cables colocados alrededor de una estructura con los números 8219, denominación del Batallón de Ingeniería, marcados en las paredes.

El 10 de enero, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que habían completado su operación en Khuza’a y afirmaron haber “destruido cientos de infraestructuras terroristas, ubicaciones de lanzacohetes y puestos de observación”, añadiendo que los soldados “eliminaron a decenas de terroristas y descubrieron y destruyeron unas 40 entradas de túnel”.

Sin embargo, las imágenes de satélite y los vídeos revelaron que las tropas habían destruido también cientos de edificios residenciales, un cementerio y una escuela primaria. La mayoría de los edificios demolidos se encontraban a una distancia de entre 1 km y 1,2 km de la valla perimetral. La destrucción sistemática de bienes de carácter civil como represalia por las acciones de grupos armados puede constituir un castigo colectivo y debe investigarse como crimen de guerra.

El Dr. Salem Qudeih, profesor que residía en Khuza’a con su familia, comentó a Amnistía Internacional: “Mi casa estaba a unos 1.650 m de la frontera [con Israel]. Nos marchamos el 11 de octubre porque la zona se había vuelto demasiado peligrosa.

“En torno a la casa familiar teníamos un huerto de tres dunam (0,3 hectáreas) lleno de árboles frutales. Los destruyeron todos, sólo quedaron un manzano y un rosal. Yo tenía abejas y producía miel. De eso ya no hay nada. De las 222 casas de mis parientes en la zona, sólo quedan unas 12. Mi vivienda —donde vivía con mi mujer, mis cinco hijas y un hijo— quedó destruida por completo”.

Mi vivienda —donde vivía con mi mujer, mis cinco hijas y un hijo— quedó destruida por completo.

Dr. Salem Qudeih

Tahani al Najjar, residente en Khuza’a de 42 años de edad, declaró a Amnistía Internacional: “Los bombardeos comenzaron el primer día [8 de octubre de 2023]. Esa primera mañana mataron a mi tío, su esposa, sus hijos y sus nietos… siete personas.

“Después de eso todos abandonamos la zona, incluido todo mi círculo familiar. Somos más de 500 familias… Hace poco, mi hijo fue a ver qué había pasado con nuestra casa y descubrió que era prácticamente la única que seguía en pie en la zona, pero que estaba muy deteriorada. Alrededor no hay más que destrucción…

“En nuestra zona, las familias Al Najjar tenían casi todas huertos junto a las viviendas, para cultivar frutas y verduras. Y en los alrededores había terrenos más extensos que producían verduras y carne avícola. Gran parte de los alimentos de Gaza procedían de nuestra zona. La gente no sólo ha perdido su hogar, sino también sus medios de subsistencia. Gaza entera se ha quedado sin producción alimentaria”.

Otras comunidades situadas a lo largo del perímetro Gaza-Israel han sufrido una destrucción similar debido a las demoliciones israelíes.

En Shuja’iya, uno de los mayores barrios de la ciudad de Gaza, entre el 26 de noviembre de 2023 y el 6 de enero de 2024 se destruyeron o dañaron gravemente más de 750 estructuras contenidas en la “zona de amortiguación” impuesta por Israel y más allá, según datos de la ONU. Entre ellas había dos escuelas, mezquitas y decenas de edificios residenciales. Las fuerzas armadas israelíes declararon, sin aportar pruebas, que en algunos de estos edificios se ocultaban armas, municiones y entradas de túnel.

En un vídeo publicado en las redes sociales el 20 de diciembre de 2023 aparecen soldados israelíes del Batallón de Ingeniería 749 celebrando la demolición de aproximadamente 30 viviendas en Shuja’iya. No había indicios de peligro inminente para los soldados durante la grabación de la explosión, que tuvo lugar a unos 200 metros de donde estaban. En el vídeo se oye a un soldado decir: “Nahal Oz, si Dios quiere, tendrás vistas al mar”.

El soldado se refiere al kibutz de Nahal Oz, atacado por grupos armados palestinos el 7 de octubre de 2023, a menos de 1 km de la valla en el lado israelí.

En otro vídeo publicado en las redes sociales el mismo día, desde un edificio utilizado como base por las fuerzas armadas israelíes un soldado grabó decenas de estructuras destruidas. Las palabras del soldado fueron: “Amanecer entre los escombros de lo que antes era Shuja’iya. Desde aquí se pueden ver las antenas de Nahal Oz, de la base militar y de la ciudad.”

El 21 de diciembre, las fuerzas armadas israelíes anunciaron que habían tomado el control operativo del barrio completo, que se extiende hasta bien entrada la ciudad de Gaza, más allá de la “zona de amortiguación” aquí analizada. Las fuerzas armadas israelíes también afirmaron haber “destruido más de 100 estructuras terroristas y descubierto y destruido decenas de entradas de túnel”. Aunque dichas estructuras constituyeran objetivos militares, su presencia en el barrio no justificaría la destrucción sistemática de toda estructura civil presente en ese espacio.

En el centro de Gaza, entre finales de diciembre de 2023 y enero de 2024 se arrasaron los alrededores y el este de los campos de refugiados de Al-Bureij y Al-Maghazi. La cronología de la destrucción coincide con la ofensiva de las fuerzas armadas israelíes en estas dos zonas de alta densidad de población, donde Israel afirmó haber encontrado armas, lanzacohetes y entradas de túnel. Sin embargo, no aportó prueba ni explicación alguna acerca de la necesidad militar imperiosa de destruir los pueblos y tierras agrícolas a lo largo del perímetro oriental, cuando las armas y los objetivos militares se hallaron, al parecer, en una zona mucho más interna de la Franja de Gaza.

Más de 1.200 estructuras resultaron gravemente dañadas o destruidas en la zona entre el 26 de noviembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024. La destrucción en la Franja de Gaza llegó hasta 1,8 km desde la valla perimetral y se extendió más de 3 km de norte a sur, lo que equivale a una extensión aproximada de 4 km².

Imágenes de drones publicadas en las redes sociales el 14 de marzo muestran varios edificios en llamas al este de Al-Maghazi, a unos 900 m de la valla perimetral. En las imágenes de satélite del 10 de enero de 2024 se ven vehículos de las fuerzas armadas israelíes, lo que indica que tenían el control de la zona; al parecer, los edificios fueron demolidos entre el 10 y el 12 de enero. Los campos circundantes se arrasaron el 15 de enero de 2024.

Más al sur, en Al-Sureij y Abasan al-Kabira —dos pueblos rurales situados aproximadamente a 1 km de la valla perimetral— las fuerzas armadas israelíes destruyeron también edificios y tierras agrícolas.

Las imágenes de satélite muestran que las fuerzas armadas israelíes avanzaron hacia Al-Sureij a finales de diciembre de 2023. Al terminar enero de 2024, prácticamente la mitad de los edificios de la localidad habían sido demolidos y los campos circundantes, arrasados. En los vídeos publicados en las redes sociales los días 19 y 20 de enero se veía la explosión de un núcleo de viviendas. Ni las fuerzas armadas israelíes ni los grupos armados palestinos hicieron declaraciones sobre sus actividades en Al-Sureij y alrededores.

A finales de febrero de 2024, las fuerzas armadas israelíes continuaron su avance en la región al este de Jan Yunis, donde se encuentra Abasan al-Kabira. Entre el 13 de febrero y el 13 de marzo, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber acabado con la vida de combatientes palestinos y encontrado armas y lanzacohetes en la zona de Abasan, que comprende las localidades de Abasan al-Kabira y Abasan al-Saghira.

El periodo coincide con la demolición de la mezquita de Omar bin Abdul Aziz. En este vídeo, publicado el 19 de febrero, se ven soldados caminando por la zona de forma distendida, sin señales de peligro inminente.

El derecho internacional humanitario, que se aplica en situaciones de conflicto armado, incluso durante la ocupación militar, se compone de normas cuyo objetivo principal es limitar, en la medida de lo posible, el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado.

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977 son los principales instrumentos del derecho internacional humanitario. Muchas de las normas de estos tratados se consideran derecho internacional consuetudinario, lo que significa que vinculan a todas las partes en un conflicto armado, independientemente de si han ratificado o no determinados tratados y de si se trata de fuerzas estatales o de un grupo armado no estatal.

Según esta norma consuetudinaria, está prohibido “destruir o confiscar los bienes de un adversario, a no ser que lo exija una necesidad militar imperiosa”. Además, de acuerdo con el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, que regula las acciones de Israel como potencia ocupante de Gaza: “Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”.

De acuerdo con el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra, “la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituye una infracción grave del Convenio y, por tanto, un crimen de guerra

Cuando dicha destrucción se lleva a cabo como castigo colectivo, también viola el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece: “No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo”.

Los bienes civiles en los conflictos armados también están protegidos por el principio de distinción, que exige que las partes en conflicto distingan en todo momento entre “bienes de carácter civil” y “objetivos militares” y dirijan sus ataques únicamente contra estos últimos.

Según el derecho internacional humanitario consuetudinario, son “bienes de carácter civil” todos los objetos que no son “objetivos militares”, estando éstos limitados a “aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”. Los bienes de carácter civil gozan de protección contra los ataques, salvo si son objetivos militares y mientras lo sean, cuando se cumplen temporalmente todos los criterios que los convierten en objetivos militares. El Protocolo I exige que, en caso de duda, las partes en conflicto presuman que la estructura conserva su carácter civil. Los ataques intencionados contra bienes de carácter civil constituyen crímenes de guerra.