Leonela Moncayo es una activista climática de la Amazonía ecuatoriana. Es hija de una pareja de reconocidos defensores de los derechos humanos, Donald Moncayo y Silvia Lorena Ordóñez Zambrano, pertenecientes a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). Leonela forma parte de un grupo de niñas de la Amazonía que, junto con UDAPT, consiguieron una sentencia histórica contra la práctica habitual de quema de gas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en Ecuador

Dos meses después de que la activista climática de 14 años Leonela Moncayo y su familia sufrieran una explosión ante su casa, las autoridades no han investigado de forma efectiva lo que sucedió y están condicionando su protección y la de las otras ocho niñas, así como la de sus familias, a que abandonen su activismo. Pedimos a las autoridades ecuatorianas que investiguen de manera efectiva lo que sucedió y protejan a Leonela, las otras ocho niñas y sus familias sin poner esas condiciones.

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Sra. Diana Salazar

 Fiscal General de Ecuador

Juan León Mera N19-36 y Av. Patria,

Edificio Fiscalía General del Estado Quito

Quito, Ecuador

Correo-e: despacho@fiscalia.gob.ec / mogollonf@fiscalia.gob.ec

X (antes Twitter): @DianaSalazarM2

Sra. Fiscal General Diana Salazar:

Me preocupa profundamente la falta de protección a la activista climática de 14 años Leonela Moncayo y las otras 8 niñas y jóvenes activistas por el clima que luchan contra la quema habitual de gas en la Amazonía ecuatoriana, así como a sus familias. Leonela es hija de una pareja de reconocidos defensores de los derechos humanos, Donald Moncayo y Silvia Lorena Ordóñez Zambrano, pertenecientes a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). El 26 de febrero, Leonela y su madre sufrieron la explosión de un artefacto improvisado en el patio de su casa. Esto sucedió cinco días después de que Leonela y el grupo de valientes activistas por el clima al que pertenece fueran estigmatizadas por la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien insinuó que estaban siendo manipuladas.

Dos meses después de estos sucesos, las autoridades locales encargadas de la investigación han dicho a Leonela y su familia que sólo pueden proteger a las niñas si éstas abandonan su activismo. Las autoridades ecuatorianas tienen el deber de brindar protección a quienes defienden los derechos humanos y quienes realizan activismo en favor del clima para que puedan llevar a cabo su labor de defensa de los derechos humanos y del clima en un entorno seguro. En este proceso, deben dar garantías efectivas y adecuadas para que estas personas puedan llevar a cabo libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su labor.

La insto a investigar sin más demora y de forma efectiva, independiente e imparcial lo que le sucedió a Leonela y su familia, y a brindar protección sin condiciones a Leonela, a las ocho activistas climáticas y a sus familias. Este grupo de niñas y sus familias lideran la lucha contra el cambio climático.

Atentamente, [NOMBRE]

Información adicional

Leonela Moncayo es una activista climática de la Amazonía ecuatoriana. Es hija de una pareja de reconocidos defensores de los derechos humanos, Donald Moncayo y Silvia Lorena Ordóñez Zambrano, pertenecientes a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). Leonela forma parte de un grupo de niñas de la Amazonía que, junto con UDAPT, consiguieron una sentencia histórica contra la práctica habitual de quema de gas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en Ecuador. La quema habitual de gas es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Se cree que el metano es responsable de un tercio del calentamiento global neto desde la revolución industrial. También se ha vinculado la quema habitual de gas con impactos negativos en la salud de las comunidades en primera línea,, ya que emite una variedad de gases y componentes nocivos.

El 29 de julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano ignoraba el derecho a un medioambiente saludable, desatendía el derecho de las demandantes a la salud y no cumplía con sus obligaciones para mitigar el cambio climático. La Corte resolvió que el Estado debe eliminar gradualmente las quemas de gas, especialmente cerca de zonas pobladas, y debe otorgar reparación a las comunidades afectadas. Desde la fecha de ejecución de la sentencia, sólo se ha cumplido con las disculpas públicas, la presentación de un “Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador” y dos informes técnicos sobre la quema habitual de gas elaborados por el Ministerio de Energía y Minas. No se han emprendido acciones de remedio medioambiental, ni se han reparado el derecho a la salud o cualquier otro derecho.

El 21 de febrero de 2024, cuatro de las nueve demandantes, entre ellas Leonela Moncayo, asistieron a una sesión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional cuyo objetivo era auditar el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades pertinentes. En su intervención, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, dijo que el gobierno ha eliminado dos quemas y que, por tanto, ya ha cumplido la sentencia. Declaró que una cosas es insistir en la eliminación de la quema de gas y otra es causar pánico, subestimando la dimensión del problema. Asimismo, la ministra Andrea Arrobo insinuó que las niñas habían sido manipuladas, estigmatizándolas al igual que las autoridades ecuatorianas han hecho en el pasado con otras personas que defendían el medioambiente.

Las cuatro demandantes, incluida Leonela Moncayo, alzaron la voz para rebatir las declaraciones de la ministra. Tomaron el micrófono y rebatieron la declaración de cumplimiento de la sentencia, mencionando que, según la Defensoría del Pueblo, las quemas de gas han aumentado de 447 a 486. Asimismo, una de las demandantes preguntó a las autoridades cómo podían afirmar que estaban siendo manipuladas, cuando lo que hacían era luchar por sus derechos. Por último, Leonela, con los ojos llenos de lágrimas, dijo a la ministra y a los miembros del parlamento que lo que las niñas y las comunidades habían obtenido de ellos en esa sesión era una miseria, una burla. La UDAPT, Leonela y sus padres creen que la intimidación que sufrieron el 26 de febrero fue una represalia por la protesta de Leonela y las otras demandantes en la Asamblea Nacional, y en general por su activismo para conseguir que las autoridades cumplan la sentencia.

Amnistía Internacional ha recibido información que indica que la fiscalía local está llevando a cabo la investigación sobre el ataque contra Leonela y su familia. En este proceso de investigación, las autoridades han ofrecido protección a las nueve niñas y sus familias con la condición de que guarden silencio y abandonen su activismo. Esto es contrario a las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que “los Estados tiene el deber particular de proteger y otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que puedan realizar libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su labor, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado”.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos deja claro que los Estados tienen la responsabilidad primordial de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esto implica necesariamente “la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos” relacionados con la defensa de los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos cuentan con un entorno seguro y propicio en el que llevar a cabo su labor. Este mismo lenguaje se utiliza en el Acuerdo de Escazú sobre la situación de los defensores y las defensoras ambientales.

Amnistía Internacional ha documentado la manera en que el Estado ecuatoriano ha eludido en el pasado actuar de manera adecuada y efectiva para realizar investigaciones penales y para garantizar medidas de protección para las personas que lideran y defienden los derechos humanos, específicamente las mujeres amazónicas. Es hora de que Ecuador proteja a quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, y les garantice un entorno seguro y propicio para llevar a cabo su labor.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 31 de julio de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Leonela Moncayo [femenino]

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/7775/2024/es/

Fotografía: Pixabay