• Se calcula que hay 56.000 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en el sistema de detención, la mayoría de forma arbitraria e indefinida
• Los métodos de tortura incluyen palizas, posturas en tensión y descargas eléctricas
• “El gobierno estadounidense ha tenido un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de este sistema.” Agnès Callamard

Las personas detenidas tras la derrota territorial del grupo armado Estado Islámico son objeto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y muchas mueren debido a las condiciones inhumanas de reclusión en el noreste de Siria; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Aftermath: Injustice, Torture and Death in Detention in North-East Syria documenta la responsabilidad del gobierno autónomo de la región en las violaciones en gran escala de los derechos de las más de 56.000 personas que están bajo su custodia. Se calcula que hay alrededor de 11.500 hombres, 14.500 mujeres y 30.000 menores recluidos en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención: Al Hol y Al Roj. El gobierno autónomo es el socio principal del gobierno estadounidense y otros miembros de la coalición que derrotó al Estado Islámico en el noreste de Siria. Estados Unidos está implicado en la mayoría de los aspectos del sistema de detención. 

Más de cinco años después de la derrota territorial del Estado Islámico, decenas de miles de personas continúan detenidas de forma arbitraria e indefinida. Muchas soportan condiciones inhumanas y sufren tortura, incluidas fuertes palizas, posturas en tensión, descargas eléctricas y violencia basada en el género. Miles más han sido objeto de desaparición forzada. Se ha separado ilegalmente a mujeres de sus hijos.

Los hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en estos campos y centros de detención sufren una crueldad y una violencia escandalosas.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Entre las personas recluidas en el sistema de detención hay víctimas del Estado Islámico. Decenas de personas yazidíes, si no cientos, figuran entre las personas detenidas. Muchas otras mujeres y niñas detenidas son víctimas de matrimonio forzado con miembros del Estado Islámico, y muchos varones menores y jóvenes son víctimas de reclutamiento por el Estado Islámico.

“El gobierno autónomo ha incurrido en los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, y probablemente en el crimen de guerra de asesinato”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en estos campos y centros de detención sufren una crueldad y una violencia escandalosas. El gobierno estadounidense ha tenido un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de este sistema que ha causado cientos de muertes evitables, y debe tenerlo también en su reforma.

Este sistema de detención vulnera el derecho de las personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico, y además no garantiza justicia ni rendición de cuentas a las víctimas y sobrevivientes de crímenes del Estado Islámico.

Mientras la amenaza del Estado Islámico sigue siendo real en todo el mundo, las violaciones de derechos humanos cometidas en el noreste de Siria no hacen sino reforzar los agravios y significan que una generación entera de niños y niñas sólo conocen la injusticia sistemática. El gobierno autónomo, los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos y la ONU deben actuar para reparar estas violaciones de derechos humanos y poner fin al círculo vicioso de abusos y violencia.”

Entre quienes permanecen en detención hay personas sirias, iraquíes y nacionales de otros 74 países, según cálculos. En su mayoría fueron puestas bajo custodia del gobierno autónomo durante los últimos combates territoriales contra el Estado Islámico a principios de 2019. Actualmente están privadas de libertad en “centros de detención” (edificios cerrados) o en “campos de detención” (campos cerrados al aire libre).

El sistema está dirigido por el gobierno autónomo de la Región del Norte y Este de Siria, formado por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), otras fuerzas de seguridad afiliadas a las SDF y la Administración Democrática Autónoma del Norte y Este de Siria, brazo civil de las SDF.

El gobierno estadounidense ha tenido un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de este sistema.

Agnès Callamard

En 2014, el Departamento de Defensa estadounidense estableció la coalición liderada por Estados Unidos para “degradar y destruir” el Estado Islámico. Aunque la coalición está formada técnicamente por 29 Estados, el gobierno de Estados Unidos es con diferencia su miembro más influyente y dirige la estrategia, planificación, dotación de recursos e implementación de su misión. Con fondos del Congreso estadounidense, la coalición ha modernizado centros de detención existentes y ha construido nuevos, y los visita con frecuencia. El Departamento de Defensa estadounidense ha entregado cientos de millones de dólares a las SDF y fuerzas de seguridad afines. Además, la coalición liderada por Estados Unidos desempeña un papel clave en las operaciones conjuntas en curso que dan lugar al traslado de personas bajo la custodia de las SDF y en facilitar la devolución de personas recluidas en el noreste de Siria a terceros países, entre ellos Irak.

“El gobierno estadounidense ha contribuido a establecer y ampliar un sistema de detención en gran medida ilegal, caracterizado por unas condiciones inhumanas y degradantes de carácter sistémico, homicidios ilegítimos y el uso generalizado de la tortura. Aunque Estados Unidos pueda haber proporcionado tal apoyo con la idea de mejorar las condiciones penitenciarias o mitigar las violaciones de derechos humanos, estas intervenciones distaron mucho de cumplir los requisitos establecidos por el derecho internacional”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Por otra parte, la coalición liderada por Estados Unidos y la comunidad internacional en su conjunto han fallado a las víctimas de delitos del Estado Islámico y a sus familias, quienes siguen esperando investigaciones efectivas y justicia. En cambio, personas que se vieron afectadas por la derrota regional del Estado Islámico han permanecido en detención ilegítima durante años, y el gobierno autónomo —actor no estatal con recursos limitados, que opera en medio de los conflictos en curso— ha cargado con el mayor peso de la crisis.

“El gobierno autónomo, el gobierno estadounidense, otros miembros de la coalición y la ONU deben trabajar de manera conjunta y dar prioridad al desarrollo urgente de una estrategia integral para armonizar este sistema vergonzoso con el derecho internacional e identificar soluciones de justicia que permitan exigir finalmente rendición de cuentas a los perpetradores de las atrocidades del Estado Islámico.

Deben poner en marcha un proceso de investigación urgente para identificar a las personas detenidas que deberían quedar en libertad de inmediato, con especial atención a las víctimas de delitos del Estado Islámico y los grupos de riesgo. Mientras, deben garantizar que las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo cesan de inmediato y que las denuncias de torturas y muertes se investigan de manera independiente.”

Personal investigador de Amnistía Internacional viajó al noreste de Siria en tres ocasiones entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 para hacer entrevistas en ambos campos y en 10 centros de detención. En total, Amnistía Internacional entrevistó a 314 personas para el informe. La organización compartió sus conclusiones en documentos y comunicaciones escritas con el gobierno autónomo y el gobierno estadounidense. Ambos respondieron por escrito.

En su respuesta, el gobierno autónomo ponía de relieve las difíciles condiciones que afronta, incluidos los conflictos armados en curso. Criticaba a “la comunidad internacional y los socios globales” por no “cumplir sus obligaciones jurídicas y morales”, y afirmaba que los países con nacionales en el sistema de detención sirio y la comunidad internacional los habían dejado “solos para afrontar las consecuencias” de la lucha contra el Estado Islámico.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense señalaba en su respuesta los esfuerzos realizados por Estados Unidos para abordar los “difíciles retos humanitarios y de seguridad” en el noreste de Siria, instaba a todos los actores presentes en Siria, incluidas las SDF, a “respetar y hacer respetar los derechos humanos” y afirmaba que trabaja con grupos y miembros de las SDF que han sido “debidamente investigados”. Por último, manifestaba que la única solución era “la repatriación y el retorno de las personas desplazadas y detenidas a sus países de origen”, y así poder “exigir rendición de cuentas [a los perpetradores] por sus crímenes en procesos judiciales competentes que respeten los derechos”.

El centro de detención de Sini, dirigido por las SDF, está a las afueras de la localidad de Al Shaddadi, en la gobernación de Hasaka. Amnistía Internacional entrevistó a ocho hombres detenidos en Sini entre 2019 y 2023.

Según su testimonio, los detenidos eran sometidos habitualmente a tortura y otros malos tratos, que incluían palizas, azotes con cables eléctricos, suspensión por las muñecas en posturas dolorosas, violencia sexual y descargas eléctricas.

Yusuf* contó a Amnistía Internacional: “No había un día o una hora concreta, ni una forma específica de tortura […] Lo peor era cuando entraban en la sala […] con tuberías de plástico, cables y tubos de acero y nos golpeaban por todo el cuerpo […] Cada 15 días nos sacaban al patio totalmente desnudos […] [Los guardias] violaban a la gente con [un] palo […] Una vez me sacaron [de la celda] con otro hombre […] Trajeron un cable del generador y estuvieron torturándonos con descargas eléctricas […] Creo que el que estaba a mi lado murió. Dejó de moverse y gritar […] Yo llegué a un punto en que ya no podía gritar más.”

Los ocho exdetenidos dijeron que las SDF no les daban suficiente comida y agua. Todos soportaban condiciones inhumanas en sus celdas como hacinamiento, falta de ventilación y temperaturas extremas. Contaron que la combinación de malos tratos, condiciones inhumanas y falta de asistencia médica hizo surgir brotes de enfermedades y otros problemas de salud que causaron la muerte de cientos de personas.

Los detenidos relataron episodios en los que amigos y compañeros de celda habían muerto en su presencia. Un detenido dijo que en su celda habían muerto 17 personas cuando las autoridades apagaron el extractor de aire un día en 2020. Según tres detenidos, los cadáveres de las personas fallecidas en Sini eran depositados en una fosa común, que llamaban “el hoyo”.

Abbas* contó a Amnistía Internacional una visita de soldados estadounidenses al centro en diciembre de 2021: “Ya conocemos a los americanos, vienen con sus armas y sus perros […] Revisaron la prisión, nos registraron a nosotros y nuestras habitaciones […] Pudieron ver la sangre en la pared. Pudieron ver a la gente con heridas de tortura.”

El segundo centro de detención más importante de las SDF para hombres y niños es Panorama, situado en la ciudad de Hasaka. El centro se construyó al efecto como parte de un proyecto gestionado por la coalición liderada por Estados Unidos. Las personas detenidas en Panorama no tienen acceso a alimentación ni asistencia médica adecuadas, lo que causa enfermedades, entre ellas un grave brote de tuberculosis que no ha remitido en años. La tuberculosis no tratada es mortal en el 50% de los casos.

En agosto de 2023, representantes de las SDF dijeron a Amnistía Internacional que había un porcentaje muy alto de hombres y niños infectados, y que cada semana morían uno o dos hombres o niños de tuberculosis. Los representantes confirmaron que no estaban tratando los casos activos ni aislando a los detenidos enfermos.

Según la información disponible, los hombres infectados de tuberculosis sólo recibieron tratamiento médico limitado o nulo en el pasado y, en el momento de redactarse este documento, no estaban recibiendo tratamiento médico para la tuberculosis. El Departamento de Estado estadounidense dijo a Amnistía Internacional que estaba “trabajando con los socios para abordar problemas médicos como la tuberculosis”.

Amnistía Internacional concluyó que la tortura se practica sistemáticamente en los centros de detención dirigidos por las SDF y fuerzas de seguridad afines. La organización entrevistó a 48 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en centros de detención distintos de Sini y Panorama que también habían sufrido alguna forma de tortura u otros malos tratos. En su mayoría eran de Siria, y habían sido torturados para obtener confesiones forzadas. Amnistía Internacional entrevistó a dos personas sometidas a tortura nada más pasar a la custodia de las SDF y fuerzas de seguridad afines de manos de la coalición liderada por Estados Unidos.

Respecto a las conclusiones de Amnistía Internacional sobre la tortura y otros malos tratos sistemáticos, el gobierno autónomo afirmó que tomaría medidas en vista de las pruebas de tales violaciones de derechos humanos, aunque señaló: “No hemos recibido información o denuncias a este respecto y, si ocurre algo así, se trata de actos individuales.”

Se calcula que hay un millar de niños —y jóvenes detenidos cuando eran niños— sirios y extranjeros recluidos en centros de detención, incluidos los centros de “rehabilitación” juvenil. También ellos sufren algunas de las violaciones de derechos humanos que soportan los adultos, incluso tortura y otros malos tratos en algunos casos. Se calcula que sólo uno de cada 10 ha sido acusado de algún delito.

El número de menores en los centros de detención va en aumento. Se sigue arrestando a chicos sirios por su supuesta vinculación al Estado Islámico, en ocasiones con apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos.

Además, el gobierno autónomo está separando a los menores extranjeros de sus madres o tutores en los campos de detención para trasladarlos a centros de detención. Tales operaciones no parecen estar basadas en el “interés superior” de esos niños, sino más bien en el interés del gobierno en evitar una población cada vez mayor y más envejecida en los campos, lo que considera que podría suponer una amenaza en el futuro.

Una niña detenida en uno de los campos contó a Amnistía Internacional: “Debido a esta política, no hago más que empujar hacia abajo la cabeza de mi hermano, para que no crezca […] Si fuera más alto se lo llevarían.”

Violencia en los campos de detención y traslado de mujeres a centros de detención

En diciembre de 2023 había más de 46.600 personas bajo la custodia del gobierno autónomo —mujeres, niños y niñas en su inmensa mayoría (prácticamente el 94%)— en los campos de detención de Al Hol y Al Roj. Ninguna de las personas recluidas en estos campos había sido acusada ni había tenido oportunidad de impugnar su detención ante una autoridad judicial independiente. En ambos campos imperaban condiciones antihigiénicas, inhumanas y potencialmente mortales, con acceso inadecuado a alimentación, agua y asistencia médica. Layla*, una mujer de 30 años, dijo: “La vida aquí es una muerte lenta y dolorosa”.

En el campo de Al Hol existen altos niveles de violencia de género, incluidos ataques de afiliados al Estado Islámico contra mujeres por supuestas infracciones “morales” y explotación sexual a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y de particulares. No existe un sistema de apoyo adecuado para las mujeres en situación de riesgo.

Decenas de mujeres sirias y un número reducido de niñas han sido trasladadas de los campos a centros de detención. Muchas mujeres declaradas culpables de delitos relacionados con el Estado Islámico contaron a Amnistía Internacional que habían sido torturadas con el fin de obtener “confesiones”; según sus relatos, su fallo condenatorio tenía que ver en algunos casos con actos no violentos de supervivencia en el campo de Al Hol. También hay mujeres extranjeras en los centros de detención, donde son interrogadas y recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados.

Ocho mujeres dijeron que habían sufrido actos de violencia de género equiparable a tortura u otros malos tratos en centros de detención. Una mujer dijo: “Me aplicaron descargas eléctricas. Estaba embarazada. [El interrogador] lo sabía y me dijo: ‘Voy a hacer que abortes’. Y así fue”. Otra mujer contó la humillación y las amenazas sexuales que había sufrido.

Mujeres sirias y extranjeras contaron que habían sido obligadas a dejar atrás a sus hijos sin ningún tipo de cuidado alternativo al ser trasladadas del campo al centro de detención.

A pesar de los esfuerzos del gobierno autónomo para identificar y repatriar a las víctimas yazidíes de lo que la ONU ha reconocido como genocidio, se calcula que decenas, si no miles, continúan detenidas. Otros muchos niños, niñas y mujeres recluidos en los campos y centros de detención son también sobrevivientes de los atroces crímenes del Estado Islámico y de trata de seres humanos.

Amal*, extranjera, contó que había sido engañada para viajar a territorio controlado por el Estado Islámico, donde fue encarcelada en una residencia de mujeres (madafa) hasta que accedió a contraer matrimonio. El hombre con quien fue casada a la fuerza la sometió a violencia sexual y otros abusos.

Otras 27 mujeres, niñas y niños contaron también que habían sido víctimas de trata a manos del Estado Islámico, que incluía el uso de madafas y el matrimonio forzado de niñas. Muchos niños eran obligados a trabajar o combatir para el Estado Islámico. A pesar del uso generalizado de la trata por el Estado Islámico, no existe un sistema que permita identificar a estas víctimas para proporcionarles protección y apoyo.

Juicios defectuosos

Según el gobierno autónomo, tribunales especiales han juzgado los casos de más de 9.600 personas —mujeres y menores incluidos— presuntamente vinculadas al Estado Islámico en los últimos 10 años. Prácticamente todas las personas procesadas son sirias, aunque también se ha enjuiciado a un reducido número de iraquíes.

Estos juicios están gravemente empañados por violaciones de derechos humanos, como el hecho de que estén basados en “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos y la ausencia de representantes letrados en todas las etapas del proceso.

Debido a la ausencia de garantías de un juicio justo, sólo la acusación de vinculación al Estado Islámico puede dar lugar a reclusión arbitraria durante años. Amnistía Internacional documentó 18 casos en los que la persona afirmó que estaba falsamente acusada de vinculación al Estado Islámico.

Asimismo había mujeres declaradas culpables de delitos de terrorismo por los actos de sus esposos, incluso por “no informar” a las autoridades, sin tener debidamente en consideración la posibilidad de coacciones. Niños y niñas tenían que pasar por los mismos procedimientos penales defectuosos sin ningún contacto con sus progenitores o tutores.

Ninguna de las personas detenidas en el noreste de Siria ha sido procesada por crímenes de derecho internacional, que incluyen los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La mayoría están procesadas por imprecisos delitos de “terrorismo”. Muchos delitos graves perpetrados por el Estado Islámico, como la esclavitud sexual, no se han investigado en absoluto.

Según múltiples fuentes, las SDF, las autoridades iraquíes y la coalición liderada por Estados Unidos llegaron a un acuerdo en enero de 2022 por el que 50 hombres iraquíes serían trasladados cada mes a Irak desde los centros de detención en el noreste de Siria. Desde entonces, cientos de hombres iraquíes han sido trasladados en virtud de este acuerdo con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos.

Amnistía Internacional documentó los casos de siete hombres iraquíes trasladados desde el noreste de Siria hasta Irak. Seis de ellos fueron sometidos a tortura y otros malos tratos durante su interrogatorio en Irak; el séptimo “confesó” ante la amenaza de tortura. Cuatro de estos hombres están actualmente en espera de ejecución, incluidos dos que fueron trasladados en virtud del acuerdo de 2022.

Amnistía Internacional concluye que el gobierno autónomo y el gobierno estadounidense probablemente han violado el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement) en estos traslados, así como los derechos a la vida y a no sufrir tortura.

Metodología

Durante sus visitas a Siria y en entrevistas a distancia adicionales, Amnistía Internacional entrevistó a un total de 126 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico que estaban o habían estado recluidas en centros y campos de detención. Además, la organización entrevistó a 39 representantes del gobierno autónomo, 53 miembros del personal de ONG nacionales e internacionales, y 25 representantes de las Naciones Unidas.