Martes, 05 de marzo, 2024

Leonela Moncayo es una activista climática de la Amazonía ecuatoriana. Es hija de una pareja de reconocidos defensores de los derechos humanos, Donald Moncayo y Silvia Zambrano, pertenecientes a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados por Texaco (UDAPT)


Leonela Moncayo, activista climática de 14 años de edad, ha denunciado que el 26 de febrero estalló ante su casa un artefacto explosivo improvisado. Esto sucedió cinco días después de que Leonela fuera estigmatizada junto con otras niñas en la Asamblea Nacional por la ministra de Energía y Minas a causa de su activismo contra la quema habitual de gas (lo que en Ecuador se denominan “mecheros”). Leonela, su familia y otras ocho niñas activistas pueden estar en peligro. Pedimos a las autoridades ecuatorianas que investiguen de forma efectiva lo sucedido, que se abstengan de estigmatizar a las niñas activistas y que las protejan para que puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Fiscal General Diana Salazar

Juan León Mera N19-36 y Av. Patria,

Edificio Fiscalía General del Estado Quito

Quito, Ecuador

Correo-e: despacho@fiscalia.gob.ec / mogollonf@fiscalia.gob.ec

X (antes Twitter): @DianaSalazarM2

 

Sra. Fiscal General Diana Salazar:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la situación sufrida por la activista climática de 14 años Leonela Moncayo y su familia ante su casa. El 26 de febrero, Leonela y su madre oyeron un ruido en el patio de su casa. Pensaron que era una tubería de gasóleo que había estallado. Sin embargo, cuando salieron para comprobar qué había sucedido, se dieron cuenta de que no era una tubería de gasóleo, y observaron un abundante humo blanco que olía como el de la pirotecnia. Cuando se despejó el humo vieron un artefacto explosivo improvisado hecho con caña de guadua, papel y un tubo de cartón. Me preocupa que esto pueda ser una amenaza y un acto de intimidación contra Leonela y su familia por su activismo en favor de la justicia climática.

Leonela es una de las nueve niñas valientemente dedicadas al activismo en las provincias de Sucumbíos y Orellana que lograron una sentencia histórica que obliga al Estado ecuatoriano a eliminar todas las quemas de gas que contribuyan de forma significativa a la crisis climática y perjudiquen la salud de las comunidades que están en primera línea. El 21 de febrero, cuatro de las nueve niñas demandantes, incluida Leonela, acudieron a una sesión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional de Ecuador para exigir que las autoridades pertinentes cumplieran la sentencia, y allí fueron estigmatizadas por la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien insinuó que las niñas habían sido manipuladas y declaró que el gobierno ya ha cumplido la sentencia porque ha eliminado dos quemas de gas. Las niñas rebatieron las alegaciones de la ministra y defendieron valientemente tanto su derecho como niñas a participar como los derechos de sus comunidades.

La instamos a investigar de forma efectiva, independiente e imparcial el ataque contra Leonela Moncayo y su familia. Toda persona con presunta responsabilidad penal en los hechos, ya sea como autora material o intelectual, debe comparecer ante la justicia para ser sometida a un juicio justo. Además, pedimos a las autoridades ecuatorianas que se abstengan de estigmatizar a las nueve niñas demandantes y garanticen su seguridad para que puedan llevar a cabo su labor de defensa de los derechos humanos y del clima en un entorno seguro. Estas niñas son valientes defensoras de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Leonela Moncayo es una activista climática de la Amazonía ecuatoriana. Es hija de una pareja de reconocidos defensores de los derechos humanos, Donald Moncayo y Silvia Zambrano, pertenecientes a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). Leonela forma parte de un grupo de niñas de la Amazonía que, junto con UDAPT, consiguieron una sentencia histórica contra la práctica habitual de quema de gas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en Ecuador. La quema habitual de gas es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Se cree que el metano es responsable de un tercio del calentamiento global neto desde la revolución industrial. También se ha vinculado la quema habitual de gas con impactos negativos en la salud de las comunidades en primera línea,, ya que emite una variedad de gases y componentes nocivos.

El 29 de julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano ignoraba el derecho a un medioambiente saludable, desatendía el derecho de las demandantes a la salud y no cumplía con sus obligaciones para mitigar el cambio climático. La Corte resolvió que el Estado debe eliminar gradualmente las quemas de gas, especialmente cerca de zonas pobladas, y debe otorgar reparación a las comunidades afectadas. Desde la fecha de ejecución de la sentencia, sólo se ha cumplido con las disculpas públicas, la presentación de un “Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador” y dos informes técnicos sobre la quema habitual de gas elaborados por el Ministerio de Energía y Minas. No se han emprendido acciones de remedio medioambiental, ni se han reparado el derecho a la salud o cualquier otro derecho.

El 21 de febrero de 2024, cuatro de las nueve demandantes, entre ellas Leonela Moncayo, asistieron a una sesión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional cuyo objetivo era auditar el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades pertinentes. En su intervención, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, dijo que el gobierno ha eliminado dos quemas y que, por tanto, ya ha cumplido la sentencia. Declaró que una cosas es insistir en la eliminación de la quema de gas y otra es causar pánico, subestimando la dimensión del problema. Asimismo, la ministra Andrea Arrobo insinuó que las niñas habían sido manipuladas.

Las cuatro demandantes, incluida Leonela Moncayo, alzaron la voz para rebatir las declaraciones de la ministra. Tomaron el micrófono y rebatieron la declaración de cumplimiento de la sentencia, mencionando que, según la Defensoría del Pueblo, las quemas de gas han aumentado de 447 a 486. Asimismo, una de las demandantes preguntó a las autoridades cómo podían afirmar que estaban siendo manipuladas, cuando lo que hacían era luchar por sus derechos. Por último, Leonela, con los ojos llenos de lágrimas, dijo a la ministra y a los miembros del parlamento que lo que las niñas y las comunidades habían obtenido de ellos en esa sesión era una miseria, una burla. La UDAPT, Leonela y sus padres creen que la intimidación que sufrieron el 26 de febrero fue una represalia por la protesta de Leonela y las otras demandantes en la Asamblea Nacional, y en general por su activismo para conseguir que las autoridades cumplan la sentencia.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, menciona en su último informe sobre la situación que a menudo afrontan los niños, niñas y jóvenes defensores de los derechos humanos que los niños y niñas activistas reciben con frecuencia “comentarios denigrantes y degradantes, que ponían en duda su experiencia, conocimientos especializados y motivación”, fenómeno agravado por “discursos políticos que utilizan la edad de los niños y jóvenes defensores de los derechos humanos para dar a entender que están siendo manipulados, reclutados o adoctrinados”. Estos discursos de estigmatización, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden agravar la hostilidad y la intolerancia de diferentes sectores de la población, lo que puede poner en peligro la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos. En 2023, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente para instar al Estado de Ecuador a que se abstuviera de utilizar expresiones que estigmatizaran, insultaran o desacreditaran a Pablo Fajardo, abogado y activista ecuatoriano que pertenece a la UDAPT, después de que el anterior ministro de Energía y Minas lo acusara de ser un “delincuente internacional”.

A lo largo de 2018, Amnistía Internacional documentó una serie de ataques perpetrados contra las defensoras de los derechos humanos y lideresas Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas. En febrero de 2023, Eduardo Mendúa, líder del pueblo indígena A'i Cofán, fue asesinado a tiros. Mendúa se había opuesto abiertamente a la explotación petrolífera de la zona. Estos ejemplos, y la desafortunada situación de Leonela y su familia, muestran la manera en que las autoridades ecuatorianas siguen sin proteger a quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente, y no les garantizan un entorno seguro y propicio para llevar a cabo su labor.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DE: Abril de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Leonela Moncayo [femenino]

ENLACE A LA AU ANTERIOR: no aplicable

Imagen: Pixabay