Según datos recogidos por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2022 murieron 17 personas al día por intervención policial en Brasil, con un total de 6.429 muertes

Las autoridades brasileñas deben detener inmediatamente las operaciones policiales letales en las cuales 45 personas han muerto durante los últimos días en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Estas operaciones altamente letales son otra muestra más de la incapacidad sistémica del Estado brasileño para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actuación policial. Los gobernadores y los jefes de las fuerzas policiales del país deben reorientar sus políticas de seguridad para garantizar que el uso de la fuerza se hace de acuerdo con la garantía de los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el estado de Bahía, las operaciones policiales llevadas a cabo en las ciudades de Salvador, Itatim y Camaçari entre el 28 de julio y el 1 de agosto resultaron en la muerte de 19 personas. En el estado de Río de Janeiro, una operación policial lanzada el 2 de agosto dejó 10 personas muertas y cuatro heridas en Vila Cruzeiro, barrio asociado a una de las operaciones más letales en el estado que dejó un saldo de 25 muertos en mayo de 2022.  

A su vez, en la región de la Baixada Santista del estado de São Paulo, una operación de la Policía Militar iniciada el 28 de julio en respuesta a la muerte del soldado Patrick Bastos Reis el día anterior (“Operación Escudo”), según información oficial, resultó en la detención de 181 personas hasta la mañana del 4 de agosto. Además, según información del Ombudsman de las Policías de Sao Paulo, se investiga la muerte de al menos 19 personas presuntamente resultado de la misma operación policial.   

Estas operaciones altamente letales son otra muestra más de la incapacidad sistémica del Estado brasileño para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actuación policial.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Mientras residentes de la Baixada Santista señalan episodios de tortura, amenazas e intimidación, allanamientos de morada, agresiones, ejecuciones y otros abusos, el anuncio de que la Operación Escudo se mantendrá durante un periodo de 30 días suscita preocupación por el registro de nuevas muertes y la escalada de violaciones.

“Ante tales violaciones, nunca debemos olvidar los episodios conocidos como los Crímenes de Mayo de 2006 en São Paulo y la Baixada Santista, donde en un periodo de dos semanas fueron asesinadas 564 personas en una operación de venganza en respuesta al homicidio de agentes de policía”, dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. “Nuestra organización ha documentado y seguido este caso y, después de 17 años, todavía no se ha garantizado a los familiares de las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.” 

Necesidad de control externo de la actividad policial

La recurrencia de estos operativos altamente letales también demuestra la falta de control externo de la actividad policial en el país. Urge que las fiscalías de los estados, que tienen el deber constitucional de ejercer este control, implementen todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones prontas, eficaces e imparciales de las muertes con el fin de identificar a todos los involucrados y promover la debida rendición de cuentas de los culpables, incluyendo las cadenas de mando. Asimismo, deben adoptar medidas urgentes para poner fin a las violaciones, además de medidas de no repetición y otras formas de reparación plena y efectiva para las víctimas y familiares, así como para las comunidades afectadas.

Ante tales violaciones, nunca debemos olvidar los episodios conocidos como los Crímenes de Mayo de 2006 en São Paulo y la Baixada Santista, donde en un periodo de dos semanas fueron asesinadas 564 personas en una operación de venganza en respuesta al homicidio de agentes de policía.

Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

Human Rights Watch enviaron una carta al Ministerio Público del Estado de São Paulo solicitando una investigación sobre las muertes por intervención policial ocurridas durante la Operación Escudo.

El impacto letal de la “guerra contra las drogas”

Las acciones llevadas a cabo en estos tres estados están motivadas, según las autoridades locales, por la “lucha contra facciones vinculadas al narcotráfico”. Durante dos décadas, Amnistía Internacional ha expresado en su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la denominada “guerra contra las drogas”, cuyo impacto, impulsado por el racismo, es desproporcionado y discriminatorio contra los hombres negros, predominantemente jóvenes, que viven en favelas y periferias. 

Según datos recogidos por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2022 murieron 17 personas al día por intervención policial en Brasil, con un total de 6.429 muertes. Los estados de Bahía y Río de Janeiro se encuentran entre los más letales del país, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. En el estado de São Paulo, a pesar de la tendencia a la baja de la letalidad en los últimos años, incluida la adopción de cámaras en los uniformes de los agentes de la policía militar, la violencia ha aumentado en los últimos meses: según los datos publicados por la Secretaría de Seguridad Pública de este estado, entre enero y junio de 2023, 171 personas murieron como consecuencia de la intervención policial en el estado, lo que representa un aumento del 26% con respecto al mismo periodo del año anterior.