Discriminación, abusos y torturas son constantes para la población LGBTIQ+. El acceso a la comida y la medicina dependen de los familiares, y estas personas no suele tener contacto con ellos

En el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ve reflejado el estado actual del sistema carcelario, pues se evidencian los elevados índices de hacinamiento, entre las 45 prisiones operativas en el país se estima una capacidad máxima de 20438 personas y la población reclusa para el 2022 era de 33558, esto significa un 164,19% de hacinamiento que pone a las personas detenidas en riesgo crìtico.

Carolina Girón, coordinadora del OVP, destacó que de todos los centros en funcionamiento uno solo es enteramente femenina, y existen 16 anexos destinados para ellas adosados a los internados masculinos.

Debido a la “opacidad” del gobierno venezolano no se tiene una cifra exacta de cuántas personas LGBTIQ+ están en el sistema penitenciario, de hecho no se tienen diferenciaciones más allá de hombres, mujeres y niños; también comenta que, según un reportaje de Efecto Cocuyo, se estima que son alrededor de 191 personas para el 2019.

El 48% de las cárceles están bajo el control de los pranes “bajo la mirada complaciente” del ejecutivo nacional y demás poderes públicos, lo que contribuye a la falta de datos sobre los privados de libertad, añade Girón.

También dice que presuntamente las armas de guerra que llegan a estos centros son suministradas por las Fuerzas Armadas, ya que es este ente el que tiene el monopolio de armas, no están en venta libre en el país. 

Señala que el temor infundado por ser objeto de violencia lleva a ocultar su orientación y expresión de género, lo que promueve la invisibilización, discriminación y afectación a su salud física y mental.

Sin comida ni acceso a la salud 

El derecho a la alimentación también se ve vulnerado, Gabriela Buada, periodista, resaltó que la ingesta de alimentos dentro de las cárceles es insuficiente desde un punto de vista calórico pues no proporciona la cantidad requerida por la OMS, y las necesidades alimenticias de la población reclusa dependen directamente de sus familiares, quienes les llevan alimentos, supliendo la obligación del Estado.

Buada hizo hincapié en que la población LGBTIQ+ no siempre tiene contacto con sus familiares por el rechazo a su identidad, orientación sexual o género, por lo que se les niega directamente la comida.

A esto se suma la precariedad del acceso a la salud, puesto que sus familiares también deben hacerles llegar los medicamentos, incluyendo el tratamiento hormonal en el caso de las personas trans.

Las personas LGBTIQ+ que sufren del virus de inmunodeficiencia humana además de no tener acceso a tratamientos médicos, son discriminadas y marginadas por otras personas privadas de libertad e incluso por los mismos funcionarios, quienes las etiquetan de “sidosas”, dejándolas así aún más vulnerables, enfatizó la licenciada.

Ante el desconocimiento y prejuicios en torno al VIH, se profundizan los riesgos y temores a represalias, incluso a veces dejan de tomar los antirretrovirales para no ser maltratados, lo que lleva inevitablemente al deterioro de su salud.

 El derecho a la salud sexual de las personas LGBTIQ+ se ve cuarteado por la imposibilidad de recibir visitas conyugales, y no se cuente con acceso a preservativos, copas menstruales, toallas sanitarias e implementos de higiene genital, lo que les expone a infecciones de transmisión sexual y tracto genitourinario, además señaló que cuando estos padecimientos son conocidos por los carceleros o la población, son víctimas de humillación y vejación.

“Las personas LGBTIQ+ sufren los estragos de condiciones hostiles y violaciones sistemáticas en su día a día, es un acto de supervivencia, y por ello son más propensos a tener problemas de salud, depresión, y desórdenes alimenticios” puntualizó.

Violencia intracarcelaria homofóbica y transfóbica

Karen Valera, abogada, explica que los actos de tortura padecidos por la población LGBTIQ+ deben ser expuestos desde dos puntos de vista, primero dijo que la violencia intracarcelaria ha sido evidenciada por la posesión de armas de guerra, como fusiles, granadas o ametralladoras en posesión de los internos, esto desencadenó el empoderamiento de los pranes quienes discrecionalmente deciden las reglas dentro de las cárceles.

El pranato es ejercido por hombres dentro de las prisiones y presentan un comportamiento homofóbico y transfóbico, de esta manera las personas LGBTIQ+ son víctimas de violencia física y verbal por parte de estos líderes, quienes los mandan a realizar servicio de limpieza, los aíslan en las peores celdas y les exigen cuotas monetarias para acceder a la alimentación y a las visitas.

En segundo lugar, comenta que los funcionarios usan sobrenombres denigrantes para referirse a estas personas y usan el aislamiento prolongado de manera desproporcionada y como forma de castigo por la orientación sexual e identidad de género. Para este fin en particular, se han destinado celdas específicas, en las que no se tiene acceso a la luz solar, comida, atenciones de salud, contacto con el mundo exterior, actividades recreativas, de capacitación o educación.

Mariángel Rincón, abogada, aclaró que las visitas sólo son permitidas a mujeres, lo que imposibilita los encuentros para parejas de hombres gays o bisexuales, así como dificulta la entrada a personas trans o intersex, ya que cuenta el nombre y sexo expuesto en su documento de identidad, no el autopercibido. 

Asimismo, expuso que las requisas llevadas a cabo por los oficiales son “intrusivas” y no existe la posibilidad de decidir si la persona prefiere ser requisada por un guardia hombre o mujer.

En el caso de las cárceles controladas por pranes, comentó Rincón, que se han registrado la exigencia de altas sumas monetarias para el ingreso de visitas íntimas, y que la situación con el sexo del visitante es la misma, solo se permite si en el documento de identidad refiere que es mujer. 

Resaltó que el personal “no está capacitado ni formado” en derechos humanos y con perspectiva de género, y no tienen mecanismos de capacitación, monitoreo, seguimiento y denuncia.

De igual forma, los funcionarios desconocen las necesidades específicas y los derechos de las personas LGBTIQ+, obstaculizando así los avances en el combate de actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Peticiones al Estado venezolano 

Para finalizar, Girón realizó una petición ante la CIDH para instar al Gobierno venezolano a cumplir los estándares en materia penitenciaria y lo establecido en la legislación nacional para garantizar a todas las personas privadas de libertad condiciones dignas y respetuosas de los derechos humanos, así como que se le brinde protección especial a los grupos vulnerables, en los que se encuentran las personas LGBTIQ+, con un enfoque de acuerdo a sus necesidades interseccionales. 

Así como crear políticas públicas de carácter trasversal y con perspectiva de derechos humanos, definida y a favor del respeto de la orientación sexual, identidad y expresión de género según los estándares internacionales, también crear e implementar un registro con la disgregación de la población de grupos vulnerables, considerar los aportes de las sociedades civiles especializadas, además de mantener distintos espacios de discusión y participación activa para atender los asuntos relacionados con la situación de derechos humanos. 

Girón afirma que el OVP se ha encargado de hacer de conocimiento público y de todos los organismos multilaterales de protección, como la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la situación que viven los privados de libertad en Venezuela.

Ve la audiencia completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3JHJ_UzSa8s