Las autoridades venezolanas han sido acusadas de complicidad en delitos de trata de personas, permitiendo que grupos armados ilegales colombianos operen en su territorio. No se han implementado mecanismos adecuados de identificación y protección de víctimas, y los servicios de asistencia son limitados

La trata o tráfico de personas, se refiere a la captación, transporte, transferencia, retención o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el engaño, la coerción o cualquier otra forma de violencia, con el propósito de explotación. Es una forma de violación de los derechos humanos y se considera un delito grave a nivel internacional.

Las personas que son víctimas de trata suelen ser engañadas o forzadas a abandonar su lugar de origen y son transportadas a través de fronteras nacionales o dentro de un mismo país. Una vez que son controladas por los traficantes, pueden ser sometidas a explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos, mendicidad forzada o cualquier otra forma de explotación.

La trata de personas es un negocio lucrativo y una violación grave de los derechos humanos. A menudo las víctimas son vulnerables, como mujeres y niñas, migrantes, personas en situación de pobreza, desplazados internos o personas que pertenecen a grupos marginados. La lucha contra la trata de personas implica la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de los traficantes y sus redes criminales.

Existen varios instrumentos internacionales que regulan y abordan la cuestión de la trata de personas. Algunos son los siguientes:

En principio, es importante señalar que existe un Relator especial de las Naciones Unidas sobre sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niñas[1], que se dedica a conocer casos sobre esta situación y emite informes públicos y llamados a los Estados para atender la trata en sus territorios.

Por su parte, el Protocolo de Palermo es un complemento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Adoptado en 2000,  define la trata de personas y establece directrices para prevenir y combatir este delito, proteger a las víctimas y promover la cooperación internacional. La Convención de Palermo, adoptada en el mismo año, tiene como objetivo prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, incluida la trata de personas. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, protege a los niños y niñas contra la trata y establece la obligación de los Estados de prevenir, investigar y enjuiciar estos delitos. Y también, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada en 1990, busca proteger los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, incluyendo disposiciones específicas sobre la trata de personas.

Además de estos instrumentos internacionales, muchos países también han promulgado leyes nacionales y han establecido mecanismos de cooperación regional e internacional para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas.

Por otra parte, es importante destacar que algunas definiciones asociadas a la trata de personas involucran diferentes formas de explotación. Por ejemplo, la explotación sexual implica el uso de una persona para fines sexuales mediante la coerción, el engaño o la fuerza. El trabajo forzado es cuando alguien es obligado a trabajar bajo amenaza o engaño sin poder negarse o escapar. La servidumbre por deudas atrapa a las personas en un ciclo de endeudamiento y las obliga a trabajar para pagar una deuda, real o ficticia. El proxenetismo es la facilitación o promoción de la prostitución obligada de otras personas a cambio de beneficios económicos. El reclutamiento engañoso es una táctica en la que los traficantes captan a las víctimas mediante engaños y promesas falsas. Los niños soldados son menores reclutados por grupos armados para participar en conflictos armados. La adopción ilegal implica la transferencia ilegal de un niño a una familia adoptiva sin seguir los procedimientos legales. La trata de órganos se refiere al comercio ilegal de órganos humanos. Y la trata de personas con fines de mendicidad que implica la explotación de personas en actividades de mendicidad forzada.

Contexto: La situación de la trata de personas en Venezuela

En principio es una situación alarmante y ha empeorado debido a la crisis política, económica y social que atraviesa el país.

Según el informe sobre la trata de personas 2020, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no cumple con los estándares mínimos para combatir la trata de personas y no ha realizado esfuerzos significativos para hacerlo. A pesar de crear una fiscalía especializada en investigar y enjuiciar casos de trata de personas, no se informó de ninguna asistencia a las víctimas ni de investigaciones, procesamientos o condenas de traficantes. La legislación venezolana no criminaliza todas las formas de trata de personas y no reconoce a hombres y niños como víctimas en casos no relacionados con grupos criminales organizados[2].

Las autoridades venezolanas han sido acusadas de complicidad en delitos de trata de personas, permitiendo que grupos armados ilegales colombianos operen en su territorio. No se han implementado mecanismos adecuados de identificación y protección de víctimas, y los servicios de asistencia son limitados. Se han reportado casos de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas venezolanas en el país y en el extranjero, así como el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados. En el informe sobre la trata de persona 2020, se hacen recomendaciones al Estado venezolano para fortalecer la investigación y el enjuiciamiento, proporcionar servicios especializados a las víctimas, mejorar la cooperación interinstitucional y desarrollar un plan de acción nacional contra la trata de personas[3].

No obstante es importante acotar que el gobierno venezolano se comprometió, en el marco del 85º periodo de sesiones del Comité Cedaw que tuvo lugar del 8 al 26 de mayo de 2023, en publicar el plan nacional contra la trata, pues la Sra. Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dijo en el marco del periodo de sesiones: “Queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria”, no obstante, la ONG Mulier Venezuela declaró que para el 21 de junio de 2023 no se había publicado aun dicho plan[4].

En este sentido, cabe acotar que la ONG Acceso a la Justicia, señala que en la Gaceta Oficial N° 42.173 de 21 de julio de 2021 se decretó la elaboración del Plan nacional contra la trata de personas 2021-2025, empero el decreto describe funciones de las comisiones, pero no un plan en sí. Acceso a la Justicia resalta que más que un plan, la realidad exige que se establezcan mecanismos eficaces que prevengan las actividades de grupos que se lucran con la desesperación de personas vulnerables[5].

Aumento de casos

Según informes de organizaciones internacionales y de derechos humanos, se ha registrado un significativo aumento en los casos de trata de personas que involucran a ciudadanos venezolanos en los últimos años.

Amnistía Internacional en su más reciente reporte anual indicó que las mujeres refugiadas venezolanas encontraban mayores dificultades para acceder a la protección internacional en los países de acogida, como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago. Esa falta de protección las exponía a un elevado riesgo de sufrir múltiples formas de violencia de género, incluidas la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.[6]

La ONG Mulier Venezuela: 1.390 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en 2022, 284 son niñas y adolescentes y esta cantidad es mucho mayor a la del año anterior (184)[7]. El aumento de niñas y adolescentes víctimas de trata es alarmante[8].

La ONG Tinta Violeta ha documentado denuncias de desapariciones de adolescentes y adultas venezolanas. Todas dejaron de tener contacto con sus familiares después de emigrar. A estas jóvenes, se les engaña ofreciéndoles trabajo de camareras, promotoras de marca, aseadoras domésticas, entre otros oficios[9].

Los estados Delta Amacuro, Falcón y Sucre han sido identificados como puntos donde redes de trata de personas trafican con migrantes venezolanos, así lo ha denunciado la ONG Fundaredes en abril de 2023. Estas redes de traficantes tienen conexiones con otras redes internacionales que operan en Norte América y Europa[10].

En marzo de 2023, mujeres venezolanas menores de 25 años de edad que habían sido engañadas, fueron liberadas por autoridades españolas, según el boletín #43 de la ONG Fundaredes[11].

Las mujeres indígenas en el Arco Minero del Orinoco, del estado Bolívar, padecen situaciones de esclavitud moderna, violación a sus derechos y que son sometidas a la trata para explotación sexual y trabajos forzados en las minas. Esta problemática quedó documentada en el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela[12].

De acuerdo con el Observatorio de Violencia, las captaciones de menores de edad en varias zonas de Táchira para realizar trabajos sexuales son frecuentes. Por ejemplo, en el municipio Panamericano ocurrió el desmantelamiento de una red de explotación sexual y el rescate de dos adolescentes de 11 y 14 años, quienes eran exhibidas en plataformas digitales. La organización indica que Táchira se ha convertido en una ruta de salida de jóvenes captadas que son trasladadas a otros países. Esto se evidenció luego del rescate de dos adolescentes de 17 y 16 años, oriundas de Puerto La Cruz. Las mafias pretendían sacarlas del país por el puente internacional Simón Bolívar para ser prostituidas en Perú [13].

 Es importante acotar que las personas trans también son víctimas de la trata y sus casos muchas veces quedan en el olvido, no son visibles y se enfrentan a la revictimización. 

Personas migrantes forzadas, potenciales víctimas de trata

La crisis económica y la falta de oportunidades han dejado a muchas personas venezolanas en una situación de vulnerabilidad extrema, convirtiéndolas en presa fácil para los traficantes. La situación de la trata de personas en las zonas fronterizas de Venezuela es especialmente preocupante debido a la porosidad de las fronteras y a la crisis humanitaria y socioeconómica que enfrenta el país.

Se han reportado casos de víctimas venezolanas que son llevadas a países vecinos, como Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago, mediante redes de traficantes. Los traficantes en estas zonas tienen perfiles diversos y pueden tener conexiones con otros actores criminales locales y transnacionales, lo que les facilita llevar a cabo sus actividades[14].

Por otra parte, se destaca el aumento de niñas y adolescentes venezolanas migrantes y de menores de edad no acompañados en rutas migratorias ha incrementado su vulnerabilidad como víctimas potenciales de trata de personas. Se han identificado diferentes modalidades de trata, como explotación sexual, mendicidad ajena y explotación laboral. Grupos criminales, bandas y entre ellos una de las más relevantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia controlan el tráfico fluvial y fronterizo, reclutando a jóvenes y niños con engaños y coacciones. Las políticas restrictivas de la región han fomentado sofisticadas redes de tráfico de personas[15]. Venezuela ha sido acusada de no hacer esfuerzos contra la trata y de apoyar a grupos armados que reclutan a niños[16]. Un dato alarmante es que la trata de personas de origen venezolano en Perú ha aumentado un 500% en los últimos 8 años, siendo el 85% de las víctimas venezolanas[17].

Finalmente,es de destacar que el uso de coyotes se ha hecho tan común que el 69% de los ciudadanos venezolanos reportaron haber contratado a uno o más traficantes para su viaje entre 2019 y 2021.[18]