Si la ONU acoge las peticiones de Planned Parenthood y sus aliadas, marcaría un precedente porque nunca antes ha emitido un dictamen sobre varios casos y que involucren a diferentes Estados. Sería un logro como región y se sumaría a otras victorias que han conseguido movimientos sociales, feministas y defensores de derechos humanos en los tribunales

Organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe esperan que Naciones Unidas emita pronto un dictamen, que puede ser histórico para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas.  La decisión significaría un espaldarazo a esas luchas en medio de una ola conservadora, antigénero y antiaborto que busca reversar derechos conquistados. La ONU se pronunciará sobre los casos de cinco niñas de Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Perú

Por Carolina Gutiérrez Torres

Ilustración: Laura Hernández / Mutante

Fátima* se para frente a sus estudiantes de primaria en un colegio de Guatemala y siente la necesidad de hablarles de lo que nunca le hablaron a ella: cómo nombrar sus órganos sexuales, cómo cuidar y respetar los cuerpos propios y ajenos, cómo reconocer si están en peligro o si son víctimas de violencias. O de temas que parecen simples, pero que pueden derribar estereotipos: “El azul no es necesariamente para los niños ni el rosa para las niñas. He tratado de ir cambiando ese sistema de miles de años que nos ha estructurado, pero es limitante porque las instituciones te privan a hablar de esto”, dice Fátima, de 27 años, a través de una llamada telefónica.

Fátima fue abusada sexualmente a los 11 años por un hombre muy cercano a su familia, una especie de figura paterna, un funcionario público con mucho poder en su comunidad. A pesar de que hizo la denuncia junto a su madre, el perpetrador sigue libre. Fátima fue forzada a ser madre. Su país, donde no ha encontrado reparación ni justicia y ha sido revictimizada en muchas ocasiones, se declaró en marzo del año pasado “Capital Provida de Iberoamérica”. Esta proclamación fue impulsada por grupos religiosos y sectores que están en contra del aborto, que defienden “la vida y la familia” y critican lo que llaman “ideología de género”.

El caso de Fátima no es aislado. Es un espejo de lo que ocurre en América Latina y el Caribe, la región del mundo con los “aumentos más dramáticos” en casos de maternidad en la infancia, según datos de 2022 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La región concentra el 18 % del total de estos nacimientos.

Hoy Fátima es maestra de matemáticas, artes y ciencias. Estudió un profesorado en enseñanza media y una licenciatura en pedagogía. Es madre de un niño de 12 años y una niña de 9. Le inquieta que en su país la educación sexual siga siendo un tema tabú y que, por ejemplo, no se pueda llamar a los órganos sexuales por su nombre. “En algunas instituciones se ve como algo sucio. Hay mucho silencio. Son temas muy amarrados, muy cerrados. Hablar es una falta a la moral; podríamos denominarlo así. Debes limitarte mucho”, dice. Pero ella sí habla de estos temas porque está segura de que la educación sexual de sus estudiantes es fundamental. No quiere que les pase lo que a ella.

Foto: zona docs. mex

La educación sexual integral es vital para que los niños y niñas puedan identificar y denunciar situaciones de abuso. También es uno de los caminos más potentes para prevenir la violencia sexual, y derribar estereotipos y prejuicios discriminatorios. Así lo enfatizó la organización Planned Parenthood Global, una de las promotoras de la campaña regional #NiñasNoMadres, en un seminario web de 2020. Lo mismo han concluido diversas investigaciones, que muestran cómo la educación, es uno de los factores que ayuda a incrementar conocimientos y habilidades para enfrentar situaciones de abuso sexual; a identificar señales de alerta, de malestar y manipulación; a practicar el autocuidado y a reconocer los canales de denuncia.

No callar y unir fuerzas

La voz ha sido la principal herramienta de Fátima para movilizarse en contra de las violencias que sufrió. “Queremos ser escuchadas, no quedar en un rincón ocultas (…) Me ha ayudado mucho el poder conversar; que conozcan de mi caso, de los casos”, dice. Cuando habla de “los casos” se refiere a su historia y la de otras cuatro jóvenes latinoamericanas, que siendo niñas fueron víctimas de violencia sexual y reproductiva. Esos casos son analizados en las Naciones Unidas. Se trata de una acción jurídica colectiva que busca reparación, protección y medidas de no repetición para cuatro víctimas de abuso sexual obligadas a ser madres: Fátima, en Guatemala; Norma, en Ecuador, violada por su padre a los 12 años; y en Nicaragua: Susana, abusada por su abuelo desde los 6 años; y Lucía, violentada sexualmente por el cura de su parroquia a los 13 años.  Además está Camila, en Perú, violada desde los 9 años por su papá, perseguida y revictimizada por un aborto espontáneo. Todas agotaron los recursos en sus países para buscar justicia y reparación; por eso acudieron a instancias internacionales.

En mayo de 2019 las organizaciones Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos, Surkuna (Ecuador) y Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala) presentaron los primeros cuatro casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y un año después, junto a Promsex (Perú), se llevó el quinto caso –el de Camila– ante el Comité de los Derechos del Niño, también de la ONU.

Tras cuatro años de litigio, las organizaciones esperan un pronunciamiento a favor de las niñas en los próximos meses. La fecha no está definida.

Es una acción jurídica sin precedentes en América Latina por sus dimensiones: es colectiva e involucra a varios Estados. Las organizaciones demandantes buscan que la ONU establezca estándares para que los Estados protejan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Al mismo tiempo, pretenden que este dictamen irradie a toda la región, que pueda “transformar el panorama jurídico con el que se aborda la violencia sexual”, dice Marianny Sánchez, directora de comunicaciones de Planned Parenthood para América Latina. En 2016 esa organización junto a otras, como Amnistía Internacional, GIRE y CLACAI, empezaron a llamar la atención sobre esa problemática con #NiñasNoMadres, un movimiento regional que trabaja en favor de los derechos de las niñas latinoamericanas y que busca asegurar que ellas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.

Fátima, Norma, Lucía, Susana y Camila son sobrevivientes de violencias sistemáticas cometidas no sólo por sus agresores directos sino por sus respectivos Estados. En su momento, todas expresaron su deseo de no continuar con el embarazo, pero a ninguna se le brindó esa oportunidad, a pesar de que en todos los países involucrados –excepto Nicaragua– existe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos en que la vida o salud de la mujer está en riesgo. En Nicaragua el aborto está totalmente prohibido. Además, el Estado persigue, criminaliza y bloquea a organizaciones que defienden los derechos humanos, como explica Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Foto: Canal Abierto.

En el caso de Guatemala no solo persiste el silencio y la impunidad frente a la violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, perpetrada por fuerzas del Estado durante el conflicto armado (1960-1996)  –como explica Guevara–, sino que las políticas antiderechos siguen en expansión, como lo evidenció la declaratoria del país como “Capital Provida de Iberoamérica”.

En Perú –continúa explicando Erika Guevara–, “el Estado ha sido cooptado por grupos antiderechos, principalmente en el poder legislativo. Se han presentado varios proyectos para extinguir los derechos sexuales y reproductivos”, por ejemplo, para prohibir que se imparta educación sexual integral en los colegios. La peruana Nelly Luna Amancio, periodista y cofundadora del medio Ojo Público, explica que vienen indagando y denunciando la presión de sectores conservadores y de extrema derecha, aliados del actual gobierno, “para que no se hable en las escuelas de educación sexual e igualdad de género”, y para que los gobiernos locales no aborden estos temas en sus políticas y programas. Quizás el mayor avance lo tiene Ecuador. En abril del 2022 entró en vigencia la ley de aborto por violación, que permite esta práctica hasta la semana 12 de gestación.

Fátima, Norma, Lucía, Susana y Camila eran menores de 14 años cuando sufrieron los abusos. En todos los casos, los agresores eran hombres en posiciones de poder y autoridad de sus círculos más cercanos. Ninguna había recibido educación sexual y reproductiva. Todas fueron víctimas de unas violencias continuas y sistemáticas en los sistemas de salud, educativo y de justicia.

Carmen Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos, cuenta que las cinco asistían a la escuela y, luego de la violencia sexual, resultaron desescolarizadas porque no querían volver por vergüenza o porque sufrieron acoso escolar. Todas, también, enfrentaron violencia obstétrica: fueron víctimas de tratos y comentarios discriminatorios en los centros de salud (“para abrir las piernas sí estuvo buena, pero para dejarse hacer el examen no”, cuenta Fátima que le dijeron en una cita de control durante el embarazo). Además, cuando tuvieron sus hijos, no se les ofreció acompañamiento en salud sexual y reproductiva, ni se les brindó atención psicosocial para enfrentar el trauma. Y, en el tema de justicia, pese a las denuncias, no hay ni una sola condena.

En esta acción legal colectiva, las organizaciones solicitan reparación para las víctimas: piden que se les garantice su salud física y mental, acceso efectivo a justicia, educación en todos los niveles para ellas y sus hijos, compensación suficiente para acceder a una vivienda digna y para desarrollar su plan de vida. También buscan que los Estados tomen medidas efectivas para que no se repitan estas violencias. Piden que adapten sus legislaciones internas sobre el aborto al derecho internacional, que implementen protocolos específicos para atender a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y que construyan una política pública de reparación digna y transformadora para las víctimas de violencia sexual, embarazo y maternidad infantil forzadas.

Foto: Nueva Tribuna.

Los Estados les dieron la espalda

Fátima reconoce el valor de su decisión de hablar (a sus estudiantes, a la prensa, a la justicia) porque hubo un momento en el que se quedó sin palabras, muda. No entendía cómo nombrar eso que le había sucedido; eso que la hacía sentirse triste, débil, sin apetito. Como no tenía palabras, se sumió en un largo silencio hasta que su mamá empezó a preocuparse. “De hecho, te hablo ahora con toda tranquilidad. Si me hubieras hecho estas preguntas hace diez o doce años no te hubiese podido responder. Pero mi formación feminista y el apoyo de organizaciones, me han abierto un gran camino y me han dado la oportunidad de alzar la voz. Muchas niñas no tienen esa oportunidad”, dice.

Hablar le costó años de terapia psicológica y de ayuda de organizaciones no gubernamentales. “No encontré ningún apoyo del Estado”, remarca. No podía hablar, además, porque no comprendía lo que había sucedido. Su agresor era una persona muy cercana a su familia, el rector de una residencia estudiantil a la que ella y sus seis hermanos asistían desde bebés. Su mamá trabajaba largas jornadas y su papá biológico aparecía esporádicamente. “Esta persona vino a asumir ese rol de papá; nos daba cariño, nos daba atención y se fue ganando ese espacio”. A los 6 años empezaron los abusos y a los 11 años la violó.

Luego de tres meses de sentirse enferma y en una profunda depresión, su mamá buscó ayuda médica. Muy rápido les anunciaron que estaba embarazada. “Mi cabeza daba vueltas tratando de estructurar de qué manera yo podía tener un bebé. Incluso le pregunté a mi mamá si me había comido algo para que eso sucediera. No sabía cómo era procrear un hijo, cómo se daba ese proceso”, cuenta. El embarazo fue una absoluta tristeza y confusión. “No sé cómo se sentía una patada del bebé, cerré esa parte de mi cuerpo y mi mente. No aceptaba, no quería, era algo que no busqué (…) Pasaba llorando. Muchas veces intenté quitarme la vida”, relata.

El proceso médico y judicial estuvo plagado de maltratos y discriminación. Su mamá la ha acompañado en cada paso, al igual que la organización Mujeres Transformando el Mundo, que le brindó la atención psicológica y jurídica que el Estado le negó. El caso de Fátima es la suma de muchas negaciones.

Su vida –y la vida de otras niñas y jóvenes que han sufrido lo mismo– se vio impactada en muchas dimensiones. En su salud mental, porque se ha demostrado que sus síntomas depresivos durante el embarazo y el posparto son más altos que en la población adulta; en su salud física, porque sus cuerpos no están preparados; y en su perspectiva de futuro, porque es frecuente que abandonen los estudios. “Cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente, y nunca para bien (…) Se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”, señala el estudio “Vidas Robadas” de Planned Parenthood Global.

Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, dice que en América Latina los Estados “no se han tomado en serio la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”. Señala que entre el 85 y 90% de los casos de la región quedan impunes, lo que es “un claro mensaje de la tolerancia a las violencias sexuales”. Además, dice que los programas de educación sexual integral en los currículos “son prácticamente inexistentes”. Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, la movilización social, las víctimas y sus resistencias, han sido las principales protectoras de las niñas latinoamericanas. Esto, en respuesta a unos Estados que les dieron la espalda, que han sido incapaces de protegerlas, que siguen operando bajo modelos patriarcales y machistas en los que el cuidado de las niñas y su bienestar no es importante, que incluso están usando su fuerza y poder para revertir derechos ganados.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dice que la región está atravesando por un periodo de múltiples regresiones en la garantía de los derechos de las niñas, especialmente de aquellas históricamente discriminadas: afros, indígenas y rurales. Un ejemplo de estos retrocesos es una ley aprobada por el Congreso peruano en mayo de 2022, que plantea una participación obligatoria de las madres y padres de familia en la elaboración de programas y contenidos de educación sexual. Esto, aseguran algunos congresistas, le quita autonomía al Ministerio de Educación y abre la puerta a que se impongan criterios religiosos y morales. Un ejemplo más: en Nicaragua, desde noviembre de 2018 hasta febrero de 2023, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado el cierre de 3.243 organizaciones de la sociedad civil, 170 de ellas defensoras de los derechos de niños y niñas, según una investigación del medio nicaragüense Confidencial y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Erika Guevara explica que los Estados de Perú, Ecuador, Guatemala y Nicaragua comparten unas características, también presentes en otros países de la región: son responsables de graves violaciones a los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTBI; poseen estructuras de gobierno patriarcales que “no cuestionan el machismo como el centro de la acción estatal porque beneficia sus intereses políticos y económicos”, y son sociedades atravesadas por el machismo. En estructuras como estas, “el valor que se le da a las mujeres y, sobre todo, a las mujeres de comunidades históricamente marginalizadas, es absolutamente menor al valor que se le puede dar a otros grupos de la población”, dice.

El efecto dominó y la esperanza

Fátima también se muestra esperanzada y a la expectativa frente a la respuesta de la ONU. Siente que merece una victoria después de tantos años de batallar buscando reparación y justicia. “Todo esto es muy lento, muy agotador, decepcionante, pero la lucha que se tiene a diario no es solo para mí. Tengo una hija mujer y no quisiera que tenga que pasar por una situación así”.

Los triunfos legales son oxígeno no solo para las víctimas, sino para la red que defiende y lucha por sus derechos. Juliana Martínez, secretaria técnica de Causa Justa, el movimiento que logró que la Corte Constitucional de Colombia eliminara el delito del aborto del Código Penal hasta la semana 24, recuerda las reacciones a esa decisión, que puso a Colombia en la vanguardia de los derechos sexuales y reproductivos. “Muchas de las colegas de América Latina nos dijeron: ‘Esto nos hace sentir que es posible, nos inspira, nos impulsa; nos muestra que podemos generar cambios’. Y eso es muy valioso porque el activismo desgasta”, dice. “Lo que demostró Colombia es que, de manera organizada y persistente, el movimiento puede llevar a grandes reformas y hacerlas extensivas a la región (…) Casos como Colombia inspiran a la gran ola de transformación que se está viviendo en América Latina”, dice Marianny Sánchez, de Planned Parenthood.

Las decisiones que tomen los comités de la ONU deberán ser acogidas por los Estados involucrados, como parte del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que pertenecen (este pacto ha sido ratificado por 173 Estados del mundo). Pero el alcance va más allá. Según explican las expertas y las activistas consultadas, lo que han demostrado otros casos de litigio estratégico en tribunales internacionales –en temas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas– es que las disposiciones y recomendaciones que surgen de allí tienen un impacto generalizado. Este tipo de decisiones representan, habitualmente, un avance colectivo. “Se puede hablar de una interconexión y de un ambiente que se genera a partir de decisiones de este tipo. Nosotras lo vivimos (con la despenalización del aborto en Colombia)”, cuenta Juliana Martínez.

Martínez explica que el movimiento feminista ha acudido a litigios como este no solo por estrategia jurídica, sino porque logra movilizar a la sociedad a través de las historias personales que salen a la luz. “Despiertan empatía y, muchas veces, logran transformar la percepción (…) Hay un lado de táctica legal y otro que busca conectar a las personas”. Insiste en que estas acciones tienen un impacto en la región porque las luchas están interconectadas. “La idea de la ola verde, la interconexión o el efecto dominó están presentes porque así funcionan los cambios políticos en muchas ocasiones, y los cambios en derechos. Sin embargo, no podemos descuidar que hay unas reacciones de movimientos de derecha que también están interconectados, porque han aprendido de nosotras, y que amenazan constantemente nuestros derechos”, dice Juliana Martínez. Un ejemplo, es el movimiento latinoamericano en defensa de “la vida y la familia” y en rechazo a la “ideología de género”, el matrimonio y la adopción homosexual, la educación sexual con contenidos LGBTI y el aborto, que desde hace unos años ha tomado fuerza.

Si la ONU acoge las peticiones de Planned Parenthood y sus aliadas, marcaría un precedente porque nunca antes ha emitido un dictamen sobre varios casos y que involucren a diferentes Estados. Sería un logro como región y se sumaría a otras victorias que han conseguido movimientos sociales, feministas y defensores de derechos humanos en los tribunales. Está el caso de “K.L. vs Perú”, relacionado con una joven de 17 años obligada a parir y amamantar a un feto sin cerebro que sobrevivió cinco días. En 2001 el Comité de Derechos Humanos de la ONU le ordenó a Perú repararla, regular la práctica del aborto terapéutico y garantizar la implementación de guías para eliminar barreras de acceso.

Está también el caso de “Paola Guzmán Albarracín vs Ecuador”, que expuso la violación sistemática del vicerrector de una escuela pública a una alumna de 14 años. En junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció estándares para prevenir la violencia sexual en contextos educativos, y pidió al Estado ecuatoriano garantizar una educación sexual integral sin discriminación, con rigurosidad científica y en función de la edad. Otro caso es el de “Angulo Losada contra Bolivia”, que la Corte IDH resolvió en enero de 2023 a favor de una adolescente de 16 años violada por un primo diez años mayor. Este fallo hizo un llamado a proteger de manera particular y diferenciada  a las niñas vulneradas históricamente (indígenas y afrodescendientes), personas en condición de discapacidad, migrantes y víctimas de violencia sexual.

Caso Paola AlbarracÍn vs. Ecuador. Foto: Corte IDH.

El conocimiento, los análisis y las decisiones que emergen de procesos judiciales como estos son fundamentales para alimentar nuevas estrategias.  “Entran a hacer parte de la argumentación de las activistas, de las abogadas, de las defensoras de los derechos”, dice Juliana Martínez, de Causa Justa.

No rendirse. Eso ha hecho Fátima y, como ella, numerosas víctimas de violencias en Colombia y en la región, que han utilizado la movilización social y política para reclamar y defender los derechos que los Estados les han negado y arrebatado. En ese camino, las organizaciones de la sociedad civil han sido sus principales acompañantes y aliadas. A esos activismos también se han sumado sectores como la salud y la academia. Erika Guevara, de Amnistía Internacional, dice que el camino ganado en los últimos años es resultado de los activismos y las organizaciones sociales. “No hay nada para atribuir a los Estados”. Lo han hecho a través de la movilización social en las calles, de la incidencia directa con los gobiernos, de la investigación, de la comunicación, y del apoyo a los procesos de resistencia de las víctimas.

Ahora se busca involucrar a otros sectores de la sociedad. ¿Qué pueden hacer maestros, médicos, jueces, papás y mamás, periodistas, publicistas, para aportar a la profunda transformación cultural que requerimos como sociedad?, se pregunta Marianny Sánchez, de Planned Parenthood. Para empezar, dice, “necesitamos una reflexión más profunda sobre el machismo”. En ese sentido, se pronunció la escritora colombiana Yolanda Reyes, experta en temas de familia y educación, en la conversación #HablemosDeLasNiñas: “Nuestro país ha engendrado unas dinámicas de abuso que no van parar a menos que haya un esfuerzo cultural”.

Mientras esa transformación –profunda, estructural, compleja y lenta– se sigue gestando, decisiones como la que se espera de la ONU en respuesta a Fátima, Norma, Lucía, Susana y Camila, son fundamentales y necesarias para proteger a las niñas.

*Su verdadero nombre y sus datos personales fueron cambiados por su seguridad.

** Este texto hace parte de la conversación #HablemosDeLasNiñas, apoyada por Planned Parenthood Global, que puede visitar en los canales de MutanteOrg. GK en Ecuador, No Ficción en Guatemala, Wayka en Perú y Confidencial en Nicaragua hacen parte del grupo de aliados en la difusión de este reportaje.

Artículo originalmente publicado en Wayka.pe