El informe, titulado The Human Cost of Overfishing (El coste humano de la sobrepesca) examina el impacto de la industria pesquera sobre los derechos humanos, incluidas las actividades de las fábricas de harina y aceite de pescado y los daños causados por arrastreros industriales de propiedad extranjera

 en un nuevo informe, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Gambia a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, combatir la sobrepesca y fortalecer la transparencia de los acuerdos pesqueros para proteger a las comunidades locales de Gambia.

El informe, titulado The Human Cost of Overfishing (El coste humano de la sobrepesca) examina el impacto de la industria pesquera sobre los derechos humanos, incluidas las actividades de las fábricas de harina y aceite de pescado y los daños causados por arrastreros industriales de propiedad extranjera. En junio de 2021 y marzo-abril de 2022, Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones en Banjul, la capital gambiana, y en la región costera de Sanyang, destino turístico a la par que centro pesquero, que cuenta con una gran fábrica de aceite de pescado.

Las malas prácticas de ciertos agentes de la industria pesquera están dañando el medioambiente y socavando los medios de subsistencia de la población. Las autoridades gambianas deben tomar urgentemente todas las medidas necesarias para hacerlos rendir cuentas y proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas, incluidos sus derechos económicos y sociales.

Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“El gobierno de Gambia y los agentes de la comunidad internacional que operan en las áreas afectadas deben garantizar que tanto las embarcaciones extranjeras como las fábricas de harina y aceite de pescado respeten las normativas pesqueras nacionales e internacionales. Es fundamental que las comunidades locales puedan continuar utilizando métodos sostenibles para pescar”.

Se calcula que, en conjunto, Gambia, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea y Sierra Leona pierden 2.300 millones de dólares estadounidenses al año a causa de la pesca ilegal.

El informe incluye testimonios de pescadores, vendedores y propietarios de restaurantes en Sanyang, que han visto amenazados sus medios de subsistencia por el agotamiento de las poblaciones de peces. Muchas personas tienen dificultades para comprar suficiente pescado a causa del alza de los precios.

Los derechos socioeconómicos, amenazados

La situación de Sanyang —pueblo costero que depende de la pesca— es especialmente nefasta. Además de la presencia de embarcaciones industriales de propiedad extranjera —que a veces practican la pesca ilegal— han visto cómo la fábrica de harina y aceite de pescado Nessim Fishing And Fish Processing Co., Ltd (Nessim), también de propiedad extranjera, fue construida en la comunidad a finales de 2017 y entró en funcionamiento en 2018.

Las especies más perseguidas por este tipo de fábricas son la sardinela y el pez bonga, esenciales para el sustento de las comunidades costeras, además de haber sido hasta la fecha una fuente asequible de proteínas.

“Se está privando a las comunidades locales de su derecho a un nivel de vida digno y de sus derechos a la salud y a la alimentación. Las autoridades gambianas deben actuar con carácter de urgencia para proteger mejor el medioambiente y los derechos fundamentales de estas comunidades. Los derechos socioeconómicos de las comunidades de Sanyang se están viendo especialmente amenazados”, ha advertido Samira Daoud.

Las agricultoras que trabajan en las proximidades de la fábrica Nessim afirman que la productividad de sus tierras ha disminuido debido al aumento de plagas e insectos que destruyen sus verduras desde que la fábrica empezó a funcionar. En consecuencia, deben hacer esfuerzos por cultivar sus productos en cantidad suficiente y sus beneficios han disminuido.

Si el coronavirus ha llevado a las empresas a la bancarrota, el efecto de la fábrica de harina de pescado es aún peor […]. Sabíamos que el coronavirus duraría un tiempo concreto pero, con la fábrica de harina, no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación.

Una persona dueña de un restaurante de Sanyang

Todos los propietarios de restaurantes, alojamientos y bares de zumos junto a la playa afirman haber perdido clientela debido al hedor generado por la fábrica, que la delegación de Amnistía tuvo ocasión de percibir durante su visita. Esto está afectando gravemente a la industria turística local.

Las embarcaciones extranjeras “se llevan todo el pescado”

Los trabajadores y trabajadoras artesanales de la industria pesquera —incluidos quienes secan pescado o trabajan ahumándolo— afirman que las embarcaciones pesqueras de propiedad extranjera esquilman por completo la pesca, con independencia de la normativa. Un pescador de Sanyang afirma: “La pesca se ha complicado desde que empezamos a ver los grandes barcos […]. Se llevan todo el pescado”.

Abi*, secador de pescado, refiere a Amnistía Internacional: “El trabajo está difícil ahora porque no hay peces […]. Trabajo para pequeñas embarcaciones. Trabajamos para ellas, y nos pagan con pescado. A veces, nos dan pescado que luego vendemos, y no nos pagan por él ni 50 dalasis (0,80 dólares estadounidenses)”.

Los trabajadores pesqueros tienen que competir a menudo con embarcaciones industriales extranjeras que, al no haber suficientes patrullas de la Marina gambiana, se atreven a acercarse más a la costa de lo que les está permitido hacer en las zonas reservadas para pescadores artesanales.

Estas prácticas pesqueras ilegales afectan gravemente a los medios de subsistencia de las comunidades locales, cuya supervivencia depende de la pesca. Además, entrañan un riesgo de inseguridad alimentaria, ya que el pescado es una fuente fundamental de proteínas para la población gambiana. La gran cantidad de pescado exportado todos los años por medio de las actividades de embarcaciones industriales extranjeras y de las fábricas de harina de pescado está acabando rápidamente con las poblaciones de peces disponibles para las comunidades locales.

Destrucción del medioambiente local

También es profundamente preocupante el impacto de la sobrepesca en el medioambiente. Con el descenso de las poblaciones de peces hasta niveles insostenibles, la biodiversidad de la vida marina —hay, al menos, 500 especies de peces en Gambia— está amenazada.

En 2020, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación concluyó que las sardinelas y los peces bonga estaban sobreexplotados, y las poblaciones de sardinas estaban también siendo esquilmadas. Esta sobreexplotación se debe a la actividad de todos los agentes de la industria pesquera, incluidas las fábricas de harina de pescado.

Miembros de la comunidad local de Sanyang expresaron también profunda preocupación por el medioambiente. Nessim ha sido multada en varias ocasiones por la Agencia Nacional del Medioambiente por no tratar correctamente sus aguas residuales, que vierte al mar. Por su parte, pescadores que proveen de pescado a la fábrica han tenido que lanzar de nuevo los peces muertos al mar en varias ocasiones, tras haberse negado Nessim a comprarlos, con lo que las playas han acabado llenas de peces muertos.

“Las autoridades gambianas deben investigar de manera exhaustiva el impacto socioeconómico y ambiental de las fábricas de harina y aceite de pescado, y proporcionar reparación a las personas afectadas de la comunidad local”, ha manifestado Samira Daoud.

Falta de transparencia y consulta

Un buen número de residentes de Sanyang afirmó que Nessim —que había empezado a operar en la zona en 2018— no había consultado de manera adecuada a las comunidades locales. Aunque la empresa afirma haber celebrado consultas con la comunidad antes de entrar en funcionamiento, más de una decena de residentes afectados por las actividades de la fábrica aseguraron a Amnistía Internacional no haber tenido noticia de la celebración de consulta alguna.

El alkalo (jefe local) de Sanyang declara: “El problema es que el Consejo de Ancianos no recibió la información necesaria. El memorándum de entendimiento no llegó nunca a la comunidad. Lo hicieron entre el anterior responsable de desarrollo, en representación de la comunidad, y la empresa, pero nadie ha visto jamás ese memorándum de entendimiento”, concluye.

Tampoco se consultó, antes de la llegada de la fábrica, a ninguna de las mujeres con las que habló Amnistía Internacional y que llevaban decenios realizando labores de jardinería en un lugar junto a la fábrica. Una de ellas expone: “Antes de que construyeran la fábrica, aquí es donde hacíamos arroz. Vimos a unos muchachos removiendo la tierra y [el exjefe del Comité de Desarrollo del Pueblo] nos dijo que nos iban a dar arroz […]. Era un terreno comunitario, un campo de arroz para todos”.

“Las autoridades gambianas deben garantizar que —en el marco de sus estudios de evaluación del impacto ambiental y antes de empezar a trabajar— las empresas celebren consultas auténticas con las comunidades que puedan verse afectadas por sus proyectos, tal como establece la Normativa de Evaluación del Impacto Ambiental de 2014. Nessim debe consultar a la comunidad periódicamente y cumplir los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, para lo cual, entre otras medidas, debe poner en marcha un proceso de diligencia debida a fin de abordar el impacto de la fábrica en materia de derechos humanos”, ha declarado Samira Daoud.

“El gobierno debe también hacer pública la información sobre las fábricas de harina de pescado y sobre el número de embarcaciones extranjeras con autorización para pescar en aguas gambianas. Asimismo, debe asignar todos los recursos necesarios a la Marina para que combata la pesca ilegal, no regulada y no declarada Las autoridades gambianas y los agentes de la comunidad internacional que operan en aguas de Gambia deben actuar sin demora para proteger los derechos de las comunidades pesqueras locales y preservar el medioambiente para las generaciones futuras”.

Todas las empresas de la cadena de suministro de harina de pescado deben ejercer también la diligencia debida en materia de derechos humanos, lo que incluye informar públicamente sobre el origen de sus productos. Las empresas que compran harina de pescado deben rastrear sus cadenas de suministro y analizar los riesgos para los derechos humanos a los que puedan estar directamente vinculadas debido a su relación con los proveedores.

Información complementaria

Amnistía Internacional ha observado de primera mano algunas de las consecuencias de la escasez de pescado y de las actividades de la empresa sobre la comunidad. Nuestra delegación entrevistó a 63 personas, incluidas algunas que trabajaban para Nessim Fishing and Fish Processing, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionariado estatal, personal de hospital y otras personas afectadas de la comunidad.

El impacto socioeconómico y ambiental de la sobrepesca en Gambia contraviene las obligaciones de ese país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativas, en particular, a los derechos a la alimentación, al trabajo y a la salud.