Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, las mujeres han sido excluidas de los cargos políticos y de la mayoría de los empleos del sector público. Mediante una serie de medidas y anuncios, también se ha apartado a las mujeres y las niñas de la enseñanza posterior a la primaria, lo que les impide continuar sus estudios en la universidad y restringe aún más sus oportunidades profesionales.

Al disolver los talibanes el marco institucional de apoyo a las personas sobrevivientes de la violencia de género, se han socavado aún más los derechos de las mujeres y las niñas afganas por motivos de género. Los decretos del 24 de diciembre de 2022 y del 4 de abril de 2023 —con los que se pretende prohibir a las mujeres trabajar en organizaciones no gubernamentales y en la ONU, respectivamente— constituyen una prueba más de la discriminación de género. El requisito de que las mujeres viajen con un mahram —acompañante masculino– en trayectos largos, el decreto según el cual las mujeres deben permanecer en casa salvo que sea necesario abandonarla y el estricto código de vestimenta de los talibanes violan la libertad de circulación de las mujeres y su derecho a elegir qué ropa llevar en público.

Las restricciones discriminatorias que han impuesto los talibanes a las mujeres y las niñas violan las garantías de los derechos humanos contenidas en numerosos tratados internacionales en los que Afganistán es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los talibanes han detenido arbitrariamente y encarcelado a mujeres y niñas afganas por los denominados “delitos morales”, resultantes de infringir las restricciones discriminatorias relativas al mahram impuestas por las autoridades de facto y de su participación en manifestaciones pacíficas. Las mujeres que han protestado contra las políticas abusivas y restrictivas de los talibanes se han enfrentado a fuerza excesiva, detenciones ilegítimas, así como a tortura y otros malos tratos a fin de garantizar su cumplimiento, lo que ha dado lugar a violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación pública.

“Las restricciones contra las mujeres y las niñas están claramente diseñadas para atacarlas a ellas en concreto. Se han violado sus derechos y se las ha excluido de la participación en la sociedad. Las mujeres y las niñas afganas se ven obligadas a vivir como ciudadanas de segunda, silenciadas e invisibilizadas. El peso de las pruebas sugiere que estas medidas reflejan una política de persecución por motivos de género, que pretende anular la capacidad de acción de las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de la vida”, ha declarado Agnès Callamard.

Los numerosos incidentes de detención arbitraria y reclusión, tortura y otros malos tratos infligidos a las mujeres y las niñas que han participado en protestas pacíficas o han sido acusadas de los denominados “delitos morales” deben investigarse también como posibles crímenes de lesa humanidad de encarcelación, desaparición forzada y tortura, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.

La campaña de persecución de los talibanes está dirigida contra las mujeres y las niñas de todo el país por motivos de género y afecta potencialmente a todas y cada una de las mujeres y las niñas de Afganistán.

Las restricciones impuestas contra las mujeres y las niñas en Afganistán se derivan de directivas, decisiones y resoluciones adoptadas por las autoridades de facto talibanas en puestos de liderazgo. Estas políticas se aplican a través de una serie de actos opresivos, tales como la desaparición forzada y el uso sistemático del encarcelamiento, la tortura y otros malos tratos. Los talibanes llevan a cabo estos actos mediante el aparato de seguridad del gobierno anterior, incluidas estructuras que estaban dedicadas a la función policial e instalaciones públicas como los centros de detención.

Los talibanes han convertido sistemáticamente en su objetivo a las mujeres y las niñas que participan en protestas pacíficas, a las que detienen arbitrariamente, recluyen y someten a desaparición forzada. Durante su detención, las mujeres han estado sometidas a tortura y otros malos tratos y se las ha obligado a firmar confesiones forzadas o acuerdos en los que se comprometen a no protestar de nuevo.

En su conjunto, las restricciones cada vez más asfixiantes y la constante represión violenta de la protesta pacífica reflejan la existencia de un solo sistema organizado de opresión, acorde con lo dispuesto en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Además, el uso de bienes públicos para cometer estos crímenes y la implicación de la policía y las fuerzas de seguridad talibanas, así como de otros talibanes, sugieren que es muy posible que actúen con conocimiento del contexto más amplio de los abusos contra las mujeres y las niñas.

“Nuestro informe ofrece una perspectiva holística y profunda que pone de manifiesto la magnitud y la gravedad de las violaciones cometidas por los talibanes. En él se exige un cambio drástico y urgente del enfoque de la comunidad internacional ante la persistente y flagrante conducta criminal de los talibanes, que impiden a las mujeres y las niñas de Afganistán ejercer la mayoría de los derechos humanos”, ha declarado Santiago A. Cantón.

En el informe, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas ofrecen recomendaciones específicas sobre la forma en que la comunidad internacional debe ayudar a desmantelar el sistema de persecución por motivos de género de los talibanes y la impunidad que lo sustenta.

El próximo diálogo interactivo reforzado sobre la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán, que tendrá lugar en el 53º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es una oportunidad importante para que los Estados, la sociedad civil y los expertos independientes debatan sobre la persecución fundada en motivos de género y otros posibles crímenes de derecho internacional cometidos por los talibanes.

En el 54º periodo de sesiones, en octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar y reforzar el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y tomar medidas urgentes para establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas independiente que investigue los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, además de recabar y preservar pruebas de dichas violaciones con vistas a respaldar futuros procesos de rendición de cuentas, incluido el procesamiento en juicios justos.

“Las mujeres y las niñas afganas son víctimas de un crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos de género. La gravedad del crimen exige una respuesta internacional mucho más enérgica que la observada hasta la fecha. Hay un único desenlace admisible: debe desmantelarse este sistema de opresión y persecución fundada en motivos de género”, ha declarado Agnès Callamard.

“Obligar a los talibanes a rendir cuentas penalmente y hacer frente a la impunidad rampante de los graves crímenes documentados en este informe es un paso necesario para garantizar justicia a quienes sobreviven a sus atroces prácticas. Sencillamente, no podemos fallarles a las mujeres y las niñas de Afganistán”, ha afirmado Santiago A. Cantón.