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El 2 de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2023 que, a continuación, remitió de nuevo al presidente, Yoweri Museveni. Éste tiene de plazo hasta el 31 de mayo para firmarlo, vetarlo o devolverlo de nuevo al Parlamento. El proyecto de ley tipifica como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y mantiene la pena de muerte para los casos de “homosexualidad con agravantes”. Además, permite imponer penas de 20 años de prisión por “promover la homosexualidad”, lo que podría suponer la ilegalización de toda labor de defensa de los derechos LGBTI en el país. La penalización de las relaciones homosexuales consentidas viola de forma flagrante numerosos derechos humanos, entre ellos los derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley, a igual protección de la ley y a la no discriminación. El presidente debe vetar ese proyecto de ley y garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población, con independencia de su orientación sexual y su identidad o expresión de género.

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Presidente Yoweri Museveni / President Yoweri Museveni

Parliament Avenue

Kampala (Uganda)

 Correo-e: info@statehouse.go.ug

Twitter: @KejatiDki

Señor Presidente:

Le escribo para manifestar mi profunda preocupación por el proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2023, que penaliza aún más las relaciones homosexuales en Uganda y viola numerosos derechos humanos de las personas LGBTI y de quienes defienden sus derechos, entre ellos los derechos a la dignidad, a la igualdad ante la ley, a igual protección de la ley, a la no discriminación y a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.

El pasado 21 de marzo, el Parlamento de Uganda aprobó dicho proyecto de ley, con 387 votos a favor de un total de 389 y, a continuación, se lo remitió al presidente para que lo firmara. El 21 de abril, el presidente devolvió el proyecto de ley con correcciones. El 2 de mayo, el Parlamento aprobó una versión reformada que incluía las recomendaciones del presidente. En la actualidad, el proyecto de ley está en poder del presidente, que tiene de plazo hasta el 31 de mayo para firmarlo, vetarlo o devolverlo de nuevo al Parlamento para que sea modificado.

La versión reformada del proyecto de Ley contra la Homosexualidad sigue castigando con cadena perpetua las relaciones homosexuales y con penas de hasta 10 años de prisión el intento de mantener relaciones homosexuales. Además, la versión reformada impone la pena de muerte para casos de “homosexualidad con agravantes” —impreciso término utilizado para designar actos tales como las relaciones homosexuales entre personas que viven con el VIH—, y penaliza la “promoción de la homosexualidad” con 20 años de prisión. Este proyecto de ley ejercerá un impacto demoledor sobre las personas LGBTI de Uganda —que se enfrentan ya a una discriminación institucional y generalizada—, avivará la violencia y la discriminación en su contra y reforzará el estigma y los estereotipos de género que afectan de manera negativa a esas personas. Además, el mencionado texto legal tendrá un efecto disuasorio sobre las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, ya que aquellas personas que apoyen los derechos LGBTI correrán también el riesgo de ser perseguidas y encarceladas.

Lo insto a vetar de inmediato el proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2023 y a tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su orientación sexual y su identidad o expresión de género. Asimismo, le pido que tome todas las medidas necesarias para condenar la violencia discriminatoria y que actúe para proteger a la población LGBTI y a quienes defienden los derechos humanos de agresiones discriminatorias fomentadas por los debates celebrados en torno a este proyecto de ley.

Atentamente,

Información complementaria

El proyecto de Ley contra la Homosexualidad de 2023 no es el primer intento del Parlamento ugandés por penalizar la homosexualidad.

Desde la revocación de la Ley contra la Homosexualidad en 2014, en Uganda se ha tratado de ilegalizar la homosexualidad en repetidas ocasiones. En 2021, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales, que castigaba con hasta 10 años de cárcel todo “acto sexual entre personas del mismo género”, así como el sexo anal entre personas de cualquier género. En agosto de 2021, el presidente Yoweri Museveni vetó la Ley sobre Delitos Sexuales. En una carta escrita el 3 de agosto de ese año y dirigida al presidente del Parlamento, Jacob Oulanyah, el presidente señalaba la necesidad de revisar esa ley para abordar ciertas disposiciones redundantes, que ya existían en otras leyes ugandesas.

Aunque el texto del proyecto de ley oficial —pendiente de la decisión del presidente— sigue sin hacerse público, sí ha trascendido información sobre las disposiciones aprobadas, que se dio a conocer en el contexto del debate parlamentario celebrado el pasado 21 de marzo. Se trata de una de las leyes contra los derechos LGBTI más extremas del mundo. Uganda es ya uno de los 30 países africanos que penalizan las relaciones homosexuales, pero este proyecto de ley amplía las sanciones previstas y parece ser el primero en penalizar a cualquier persona que se identifique como LGBTI, al margen de su comportamiento sexual.

Los continuos comentarios homófobos del presidente y de otros altos cargos del Estados —antes, durante y después de la aprobación del proyecto de ley— están creando un clima de discriminación contrario a la población LGBTI. Por ejemplo, en agosto de 2022, la Oficina de ONG cerró Minorías Sexuales Uganda (SMUG) —grupo clave de incidencia LGBTI de Uganda— por no haberse inscrito en su registro, de conformidad con la Ley sobre ONG de 2016. El pasado 17 de abril, un tribunal de la localidad de Jinja (este del país), negó la libertad bajo fianza a seis jóvenes educadores inter pares que trabajaban para organizaciones de atención a la salud y habían sido arbitrariamente detenidos el 8 de abril, acusados de “formar parte de una red criminal de carácter sexual”. La policía ugandesa confirmó que todos ellos habían sido sometidos a exámenes anales y pruebas de VIH.

El proyecto de Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación y a la libertad personal, ampara a la población frente a tratos crueles o degradantes y salvaguarda la intimidad. Además, el mencionado proyecto de ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Carta Africana) que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias.

Asimismo, viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La primera protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y protege contra la detención y la reclusión arbitrarias y contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17.

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