Jueves, 11 de mayo, 2023

Líbano debe poner fin a las expulsiones sumarias a Siria, que quebrantan el principio de no devolución


Las fuerzas armadas libanesas han devuelto recientemente a cientos de personas sirias de forma sumaria a Siria, donde corren el riesgo de enfrentarse a persecución o tortura. Estas expulsiones van acompañadas de un alarmante aumento de la retórica contra las personas refugiadas en Líbano y de otras medidas coercitivas destinadas a presionar a dichas personas para que regresen a su país de origen, según ha declarado hoy un grupo compuesto por 20 organizaciones nacionales e internacionales.

Desde principios de abril, las fuerzas armadas libanesas llevan a cabo redadas discriminatorias en casas de personas refugiadas sirias de distintos barrios de todo Líbano, como Monte Líbano, Jounieh, Qob Elias y Bourj Hammoud; la mayoría de estas personas son expulsadas de inmediato. Muchas de las personas sometidas a devolución estaban registradas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o en conocimiento de éste. Varias personas expulsadas comunicaron a Amnistía Internacional que no habían tenido acceso a asistencia letrada ni ocasión de hablar con el ACNUR, y que no se les había concedido el derecho a impugnar la expulsión ni a defender su caso para obtener protección.

“Las autoridades libanesas han gestionado mal la crisis económica del país de forma deliberada, lo que ha empobrecido a millones de personas y las ha privado de sus derechos básicos. Sin embargo, en lugar de adoptar las tan necesarias reformas, han recurrido a emplear personas refugiadas como chivo expiatorio de sus propios fracasos. No hay nada que justifique el hecho de arrancar de su cama a cientos de personas sirias —hombres, mujeres, niños y niñas— a altas horas de la madrugada para entregarlas al gobierno del que huyeron”, han afirmado las organizaciones mencionadas.

Las personas entrevistadas —algunas de ellas refugiadas registradas en el ACNUR desde 2012— explicaron a las organizaciones que las fuerzas armadas libanesas conducían a la población refugiada hasta la frontera para expulsarla y entregarla directamente a las autoridades sirias. Algunas de estas personas fueron detenidas o desaparecieron a su regreso a Siria.

Las organizaciones locales e internacionales continúan documentando violaciones de derechos humanos espantosas a manos de las fuerzas militares y de seguridad sirias contra personas sirias retornadas —menores de edad incluidos— tales como detenciones ilegítimas o arbitrarias, tortura y otros malos tratos, violaciones y violencia sexual, y desapariciones forzadas.

Las expulsiones han ido acompañadas de otras medidas destinadas a coaccionar a las personas refugiadas sirias para que regresen a Siria. En distintos municipios libaneses se han impuesto medidas discriminatorias contra las personas sirias, como toques de queda para limitar su circulación y restricciones al alquiler de viviendas. Además, algunas autoridades locales han exigido a la población siria que comunique sus datos personales —documentos de identidad, tarjetas de residencia y pruebas de domicilio, entre otros—, amenazando con la expulsión en caso de incumplimiento.

El entorno de las personas refugiadas, coercitivo y hostil, se ha visto exacerbado por un alarmante incremento de la retórica contra ellas, en ciertos casos alimentada por las autoridades y las fuerzas políticas locales.

Los medios de comunicación libaneses han recibido críticas por su uso del lenguaje respecto de la población siria, lo que ha aumentado las tensiones entre las comunidades de acogida y las personas refugiadas.

Estos hechos recientes han propiciado un ambiente de hostilidad, que ha desatado la ansiedad y el pánico entre la comunidad siria en Líbano. Las personas refugiadas en Líbano comunican que viven con temor a ser expulsadas o víctimas de ataques; muchas afirman no haber salido de su casa durante semanas.

“El aumento de la retórica contra las personas refugiadas —gran parte de la cual está basada en desinformación— contribuye a la violencia y la discriminación contra ellas. Los medios de comunicación y las personalidades políticas deberían proteger los derechos de todas las personas en Líbano, incluidas las refugiadas, y no incitar a la violencia contra ellas”, han expresado las organizaciones.

Como Estado parte en la Convención contra la Tortura, Líbano está obligado a no devolver ni extraditar a nadie que corra peligro de ser torturado. Líbano también está sujeto por el principio de derecho internacional consuetudinario de no devolución, que prohíbe devolver personas a un lugar en el que corran el riesgo de sufrir persecuciones u otras violaciones graves de derechos humanos.

Según la legislación libanesa, las órdenes de deportación solamente pueden ser emitidas por una autoridad judicial o por decisión del director general de la Seguridad General, en casos excepcionales y sobre la base de una evaluación individual.

Líbano debe poner fin a las expulsiones sumarias a Siria, que quebrantan el principio de no devolución. Las autoridades deben abstenerse de imponer medidas discriminatorias y de utilizar un lenguaje despectivo contra las personas refugiadas sirias. Además, deben respetar el debido proceso y garantizar que toda persona en riesgo de expulsión a Siria tenga acceso a asistencia letrada, la oportunidad de comunicarse con el ACNUR y la opción de defender su caso ante un tribunal competente para pedir protección y oponerse a su deportación. Los tribunales deben prohibir toda expulsión que sea equivalente a una devolución.

La comunidad internacional debe igualmente cumplir sus obligaciones y reforzar su asistencia —en concreto, sus programas de reasentamiento y vías alternativas— para que Líbano pueda abordar la presencia de los 1,5 millones de personas refugiadas que se estima que hay en el país. En 2022, 13 países reasentaron únicamente a 7.490 personas refugiadas sirias que residían en Líbano.

Firmantes:

Amnistía Internacional

Human Rights Watch

The Legal Agenda

The Syria Campaign

The Syrian Network for Human Rights

Synaps

Refugee Protection Watch coalition (Access Centre for Human Rights, ALEF- Act for Human Rights, Basmeh & Zeitooneh, Le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH), PAX, Women Now, Upinion, 11.11.11)

Samir Kassir Foundation

Daraj Media

SMEX

Alternative Press Syndicate (Nakaba Badila)

Media Association for Peace (MAP)

Helem