El proyecto de ley contenido en el Boletín 15261-25, que establece sanciones penales —incluidas penas de prisión— contra personas que entren o permanezcan en el país de forma irregular, es contrario a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, de 1951, y en especial a su artículo 31, relativo a la no criminalización de la entrada irregular de personas solicitantes de asilo o refugiadas.

Además, expertos y órganos de derechos humanos tanto del sistema interamericano como de la ONU han reiterado que la entrada y estancia irregular no deben ser tratadas nunca como un delito penal. En virtud del derecho internacional, la criminalización de la migración irregular es innecesaria y desproporcionada, y puede dar lugar a detención arbitraria.

El proyecto de ley antes mencionado no es un intento aislado de criminalizar la migración irregular en Chile. Este debate y la votación próxima a celebrarse tienen lugar en un contexto de creciente estigmatización de las personas extranjeras en el país, especialmente las personas venezolanas necesitadas de protección.

En respuesta al aumento del número de personas que llegan al país, en febrero de 2023 el gobierno ordenó la militarización de la frontera norte. Además, desde la segunda mitad de 2022, los poderes legislativo y ejecutivo han estado promoviendo varias reformas legislativas que violarían los derechos de las personas solicitantes de asilo y migrantes.

Se calcula que, hasta marzo de 2023, habían huido de Venezuela 7,24 millones de personas a causa de la compleja emergencia humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos que se están cometiendo en el país. Se trata de la mayor crisis de refugiados de las Américas, y una de las más grandes en todo el mundo. Chile es el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe que a más personas venezolanas acoge, precedido por Colombia, Perú y Ecuador. Se calcula que en el territorio chileno hay 444.400 personas venezolanas (una cifra conservadora, ya que data de diciembre de 2021). Amnistía Internacional considera que estas personas son refugiadas, de acuerdo con la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena e incorporada al derecho chileno.

En su informe “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, Amnistía Internacional ha identificado una serie de medidas adoptadas o implementadas por las autoridades que, tomadas en su conjunto, en la práctica impiden a personas necesitadas de protección, como las venezolanas, solicitar asilo o acceder a una condición migratoria regular en Chile. Habida cuenta de la imposibilidad de obtener visados, muchas personas necesitadas de protección internacional, como las venezolanas, no tienen más opción que entrar en el país de forma irregular. Otras están expuestas a ser devueltas sumariamente en la frontera, una práctica prohibida por el derecho internacional que pone a estas personas en un mayor riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. A las personas necesitadas de protección internacional que consiguen entrar en Chile les resulta extremadamente difícil acceder a la condición de refugiadas o regularizar su situación migratoria, debido a la práctica ilegal de exigirles que informen ellas mismas de su entrada irregular y a otras prácticas arbitrarias que violan tanto el derecho internacional como el derecho internacional de los refugiados. En 2021, el Servicio Nacional de Migraciones registró 3.867 solicitudes de asilo. De ellas, el 79% eran de personas de ciudadanía venezolana. Este año, del total de solicitudes recibidas, sólo 19 fueron aceptadas, mientras que 3.082 fueron rechazadas. En marzo de 2023, Amnistía Internacional advirtió de que negar a estas personas el acceso al procedimiento para ser reconocidas como refugiadas las pone en un grave peligro de ser devueltas a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro.